‘Heridos han llegado a las casas buscando ayuda’: gobernador del Guaviare pide apoyo urgente tras combates entre disidencias que dejaron 48 muertos Infobae
Los enfrentamientos entre las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá en el departamento del Guaviare continúan generando preocupación entre las autoridades y las comunidades de la región, luego de que se confirmara la muerte de 48 personas en medio de una confrontación armada ocurrida en zona rural de San José del Guaviare.
La emergencia humanitaria se concentra en sectores de la vereda Barranco Colorado y el corregimiento de Charras Boquerón, donde las comunidades quedaron atrapadas en medio de los combates registrados desde comienzos de esta semana, según información conocida por Revista Semana.
El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar la atención a las poblaciones afectadas y advirtió que la situación de orden público sigue siendo crítica debido al temor generado por los enfrentamientos armados.
El mandatario regional señaló que las comunidades han reportado la llegada de integrantes heridos de los grupos ilegales a diferentes viviendas rurales, situación que incrementa el clima de incertidumbre entre los habitantes.
“Hemos escuchado de la comunidad que algunos guerrilleros heridos han llegado a las casas, a algunas veredas vecinas solicitando ayuda, solicitando apoyo, también huyendo de este enfrentamiento”, afirmó Rojas.
Comunidades permanecen confinadas por la violencia
El gobernador explicó que los combates han provocado restricciones de movilidad en varias zonas rurales, afectando especialmente a comunidades indígenas asentadas en el territorio.
Según las autoridades departamentales, numerosos habitantes permanecen confinados por temor a quedar atrapados en medio de los intercambios de disparos entre las estructuras armadas ilegales que disputan el control de la región.
Rojas manifestó que el ambiente de zozobra continúa en varias veredas cercanas al lugar de los enfrentamientos y pidió apoyo institucional para atender las necesidades humanitarias derivadas de la crisis.
Además, señaló que las comunidades indígenas han tenido que agruparse para protegerse ante el riesgo que representa la confrontación armada que se desarrolla en áreas cercanas a sus territorios.
El mandatario insistió en que la prioridad es garantizar la protección de la población civil y facilitar la atención a quienes han resultado afectados por la violencia.
Recuperación y traslado de los cuerpos
El gobernador también explicó cómo se desarrolló la recuperación de los cuerpos hallados tras los combates entre las dos facciones de las disidencias.
De acuerdo con su relato, fueron los propios habitantes de la zona quienes inicialmente realizaron el levantamiento de los cadáveres y los concentraron en un punto de la vereda La Siberia mientras se coordinaba una misión humanitaria.
Las comunidades solicitaron expresamente que el procedimiento se realizara sin presencia de la fuerza pública, razón por la cual se conformó una comisión integrada por autoridades civiles y organismos humanitarios para adelantar la recuperación de los cuerpos.
“Por solicitud de la comunidad de que no hubiera presencia de la fuerza pública, se tomó la decisión de conformar una misión humanitaria”, explicó Rojas.
La misión estuvo integrada por representantes de la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía municipal, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Defensoría del Pueblo y organismos de socorro.
El traslado de los cadáveres se realizó mediante una compleja operación que incluyó recorridos fluviales y desplazamientos terrestres a través de zonas selváticas del departamento.
Posteriormente, los cuerpos fueron llevados hasta San José del Guaviare y entregados a Medicina Legal para adelantar los procesos de identificación y los procedimientos forenses correspondientes.
Gobierno califica los hechos como una masacre
Tras conocerse la magnitud de la tragedia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, calificó lo ocurrido como un crimen de extrema gravedad.
El funcionario aseguró que la información conocida hasta el momento apunta a la comisión de delitos que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El ministro señaló que entre las víctimas habría menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales mediante procesos de reclutamiento forzado, una situación que agrava la dimensión humanitaria de los hechos.
Según indicó, los reportes conocidos hasta ahora muestran un escenario de violencia sistemática que afecta directamente a la población civil y evidencia las consecuencias del reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido, las autoridades departamentales mantienen el llamado al Gobierno nacional para fortalecer la atención humanitaria en las zonas afectadas y garantizar la protección de las comunidades que continúan expuestas a la confrontación entre las disidencias.
