El acuerdo presupuestario de Baleares cumple un año con el PP dándolo por cumplido y Vox exigiendo llegar hasta el final Infobae

El acuerdo firmado entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025, los últimos aprobados, cumple este sábado un año con los "populares" dándolo por cumplido y los de Santiago Abascal exigiendo llegar hasta el final.

El pacto presupuestario, que llegó tras unas "duras y largas" negociaciones y casi medio año más tarde de lo previsto, contemplaba 43 puntos que, en gran medida, se han ido poniendo en marcha a lo largo de los últimos meses.

La ley ómnibus, que esta semana ha recibido el visto bueno del Parlament con los votos de ambos partidos, ha incluido una batería de las medidas que quedaban por aprobar y con las que el PP ha dado por amortizado el acuerdo.

El vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, aseguró que las enmiendas pactadas a lo largo de la tramitación, muchas de las cuales han suscitado críticas de la oposición, permiten "dar cumplimiento" al pacto presupuestario.

"El acuerdo queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando futuros proyectos legislativos, ley a ley e iniciativa a iniciativa", subrayó el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, máximo responsable de la elaboración de las cuentas autonómicas.

En una línea similar se expresó el portavoz de los "populares" en el Parlament, Sebastià Sagreras, un día antes de que se aprobara el citado texto legislativo. "Cuando queden aprobadas estas enmiendas quedarán cumplidos los acuerdos parlamentarios entre el PP y Vox", dijo.

Incluso la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, se refirió a esta cuestión a inicios de mayo en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

Aseguró que antes de verano se habrían cumplido todos los acuerdos y sostuvo que los de Santiago Abascal, a partir de entonces, deberían elegir "si siguen formando parte de la solución o si se mantienen en el bloqueo por órdenes de Bambú".

VOX SIGUE PRESIONANDO

La postura de los "populares" no ha sido bien recibida en las filas de Vox, ya que consideran que todavía quedan varios puntos del acuerdo a los que no se ha dado cumplimiento.

Al menos así se expresó Cañadas el pasado martes cuando formuló su pregunta semanal a Prohens en la sesión de control. "He escuchado a su portavoz empezar con la cantinela de que dan por cumplido el acuerdo, pero de eso nada", le espetó.

La líder de los de Santiago Abascal enumeró algunos de los puntos que, a su parecer, todavía no se han puesto en marcha y presionó para que se hagan realidad antes de que acabe una legislatura que ya ha entrado en su recta final.

Cañadas puso el foco en la elaboración de planes de retorno de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran tutelados por los consells insulares, una de las medidas pactadas.

"¿Qué ha hecho el Govern durante este tiempo, ha contactado con algún país, ha iniciado alguna negociación? No pedimos imposibles, pedimos que se cumpla lo que se firmó", le cuestionó a Prohens, quien le replicó que eso es competencia estatal.

No contenta con la respuesta, la portavoz de Vox enumeró otros compromisos que considera que todavía no se han materializado. "¿Han reducido las partidas de carácter ideológico? Diría que no, incluso algunas las han aumentado. ¿Han redefinido las ayudas del catalán a cursos y difusión de las modalidades propias? Parece que tampoco, porque el Correllengua ni es un curso ni defiende el mallorquín. ¿Han realizado auditorías en los organismos públicos para garantizar la máxima eficiencia? No hemos visto nada", enumeró.

Tampoco dio por cumplidos los puntos que hablan de elaborar planes contra el empadronamiento fraudulento --"no nos consta"--, el fomento de la construcción de viviendas --"les hemos dado las herramientas, pero no las están usando"--, la inclusión del castellano como lengua vehicular en la educación --"rechazaron nuestra proposición de ley"-- o la adhesión de un centro educativo por cada comarca al plan de libre elección de lengua.

"Por lo tanto, no han cumplido el acuerdo", concluyó Cañadas, quien no obtuvo más respuesta de Prohens que lo referente al retorno de menores extranjeros no acompañados.

MÁS DE LA MITAD SE HAN CUMPLIDO

Entre los 43 puntos de los que consta el acuerdo hay muchos que han sido aprobados de forma explícita, otros a los que los "populares" han dado apoyo a través de iniciativas no legislativas, algunos que han sido rechazados y un buen grupo que, por su inconcreción, es difícil saber si se han puesto en marcha o no.

Según el análisis realizado por Europa Press, algo más de la mitad se podrían dar por cumplidos. Entre ellos destacan la exigencia de tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada, la creación de la Oficina Antiokupación, la exención del catalán para los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura o la derogación de la ley de memoria democrática.

También el requisito de un mínimo de cinco años de residencia para acceder a una vivienda de protección pública, simplificar la legalización de inmuebles, el impulso del plan de libre elección de lengua o la rebaja de la nota para obtener los títulos de catalán.

Aunque no son medidas que hayan sido aprobadas formalmente, el PP ha votado a favor de algunas proposiciones no de ley (PNL) que incluían puntos del acuerdo como suprimir las subvenciones a las ONG que "colaboren con la inmigración irregular" o las ayudas de cooperación a los países que "no colaboren con el retorno de los inmigrantes irregulares".

Entre las que no se han cumplido por la negativa de los "populares", tal vez la más sonada sea la modificación de la ley educativa para incluir el castellano como lengua vehicular.

Aunque Vox llevó al pleno una proposición de ley en este sentido, ni siquiera fue tomada en consideración porque el PP consideró que iba más allá de lo pactado, al afectar al decreto de mínimos. Los "populares" presentaron su propuesta, pero todavía no ha sido sometida a debate en la Cámara autonómica.

Hay otro grupo de medidas que, por la forma poco específica en la que fueron redactadas, es difícil determinar si se han cumplido o no. Entre ellas están varias de las que Cañadas mencionó en el último pleno, como la reducción de las partidas económicas "de carácter ideológico", la coordinación con los consells insulares "para evitar duplicidades" o la garantía de que todos los trámites administrativos puedan realizarse tanto en catalán como en castellano.

A todo esto se le suman algunos puntos que son de imposible cumplimiento porque no son competencia de las administraciones autonómicas, insulares o locales, como el retorno de menores migrantes a sus países o la negativa a acoger a aquellos procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla fruto del reparto entre comunidades.

Tampoco la realización de pruebas de "mayor fiabilidad" para determinar la edad de los migrantes llegados en patera. Aunque Prohens se ha mostrado favorable a esta cuestión, es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía de Menores.

Hay al menos otras dos medidas que no se han podido cumplir, pero por diferentes motivos. La supresión de las subvenciones a organizaciones islamistas, como admitió el PP el mismo día en el que firmó el acuerdo, porque no tienen constancia de que existan; la garantía de que el ciudadano pueda escoger la lengua oficial en la que desea consultar la página web del Govern, porque esa posibilidad ya existía antes del pacto.

Hace hoy justo un año, en la sala de prensa del Parlament, Cañadas se jactó de haber conseguido que el PP se abriese a apoyar medidas que "nunca hubiera aprobado" por su cuenta. Los "populares", en una frase que han repetido a lo largo de todos estos meses, aseguran no haber traspasado ninguna de sus "líneas rojas".