Violencia digital contra adolescentes en la escuela: el caso de Veracruz

“Mami, ya no aguanto más”. Con esas palabras, entre lágrimas, una adolescente de 14 años, alumna de una escuela secundaria en Veracruz expresó el dolor y el miedo que vive desde hace dos meses, cuando comenzaron a circular imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece desnuda, alterando fotografías reales suyas que fueron tomadas sin su permiso.

Este terrible caso puso en alerta a madres y padres de la escuela, quienes se reunieron para hablar con las autoridades educativas.

Son al menos 50 alumnas las que han sido víctimas y hay más de 540 archivos difundidos entre estudiantes de esta y otras instituciones educativas. Lo que viven es violencia digital, una forma de acoso sexual que tiene nombre, definición y sanciones en la ley mexicana.

La tecnología fue creada para conectar, facilitar y mejorar la vida humana. Pero hoy, en México y en todo el mundo, se ha transformado también en un arma silenciosa, masiva, difícil de detener y capaz de causar daños profundos, permanentes y que cruzan la barrera de la pantalla hasta afectar la vida real, la salud emocional y hasta la integridad física de las personas. La violencia digital no es un “riesgo secundario” del uso de internet; es una forma de violencia real, sistemática y que ya afecta a más de 10 millones de mujeres y niñas en el país, según datos de ONU Mujeres.

En el caso que les platico los hechos son claros: estudiantes obtuvieron fotografías de compañeras, las modificaron mediante herramientas de inteligencia artificial para simular desnudos o contenido íntimo, y las compartieron en grupos de mensajería, redes sociales y chats escolares, incluso fuera de la escuela. Como consecuencia, las menores sufren humillación, miedo, aislamiento y acoso directo. La misma alumna de 14 años que les comento fue abordada y hostigada por un joven de otra secundaria en el transporte público, quien al verla le hizo comentarios alusivos a las imágenes falsas.

La joven cerró todas sus cuentas digitales, no quería ir a clases y confesó temer que la toquen o la vuelvan a agredir verbalmente.

El asunto no es menor, no es “una broma”, ni “algo entre chicos”: es delito, y está tipificado en el marco jurídico nacional como violencia digital, explotación sexual y difusión de material dañino contra menores de edad.

Recordemos el caso de Diego N, estudiante del Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, quien fue detenido por crear y vender imágenes y videos falsos con inteligencia artificial: tomaba fotos de compañeras de redes sociales, las editaba para simular desnudos o escenas sexuales, y las vendía o compartía en grupos de Telegram. En su poder encontraron más de 166,000 imágenes y 20,000 archivos manipulados. El caso fue histórico porque demostró que la IA ya se usa como arma de violencia sexual dentro de instituciones educativas, pero también generó polémica, debido a que fue juzgado en primera instancia por el delito de pornografía infantil, no por violencia digital.

Pese a ello fue el precedente que impulsó reformas legales para incluir expresamente este tipo de agresiones como delito. En 2025 recibió una sentencia de cinco años de prisión.

El año pasado, 2025, en Zacatecas, se descubrieron grupos de Telegram con más de 2,000 hombres que compartían imágenes íntimas de mujeres y niñas de la entidad, robadas u obtenidas sin permiso. Muchas víctimas eran menores de edad, también jovencitas estudiantes de secundaria, pero en el plantel educativo minimizaron los hechos y dijeron que era una broma pesada. Incluso una trabajadora del área administrativa revictimizó a las niñas diciendo que era su culpa por usar faldas cortas.

Fueron removidos de su cargo el director del plantel y la empleada en cuestión.

Hoy en México las reglas son claras y reconocen que la tecnología es un arma y su uso indebido es delito.

El Código Penal Federal castiga con penas que van de siete a doce años a quien difunda o elabore contenido sexual simulado de menores de edad. Además, tenemos la Ley Olimpia, que define y sanciona la violencia digital con penas que van de tres a seis años de prisión. Esto incluye imágenes reales, editadas o creadas con IA.

No debemos olvidar que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a escuelas, autoridades y familias a proteger el entorno digital y denunciar. La omisión también se castiga.

El mensaje legal es contundente: no importa si fue con IA, si es falso o si fue “una broma”: si usas la tecnología para dañar, estás cometiendo un delito.

Los casos de Veracruz, del IPN, de Olimpia y de tantas mujeres en todo México nos confirman que la violencia digital existe, crece y deja huellas profundas.

¿Qué pasará en el caso de Veracruz, donde los agresores son, en su mayoría, menores de edad?

Ignoro qué sanciones puedan recibir, pero sería prudente sancionar a los padres y madres, para que desde casa se eduque y se diga fuerte y claro que el espacio digital debe ser, al igual que el espacio físico, un lugar seguro para todos y todas.