Desaparecen a activista en Mérida Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
La activista y asesora inmobiliaria Mariana Pérez Manjarrez permaneció durante horas en un limbo institucional tras ser detenida este miércoles en el Centro de Mérida, en un caso que ha provocado fuertes cuestionamientos por posibles violaciones al debido proceso, incomunicación y vulneración de derechos humanos.
Aunque posteriormente apareció una ficha del Registro Nacional de Detenciones, el documento surgió después de varias horas de incertidumbre, tiempo durante el cual ni la Fiscalía General del Estado, ni Ministerios Públicos, ni corporaciones consultadas por la defensa y familiares reconocían tenerla bajo custodia.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Mariana Pérez Manjarrez fue detenida el miércoles 27 de mayo de 2026 a las 1:40 de la tarde, en la calle 49, entre 54 y 56, en el Centro de Mérida, cerca de las oficinas de Profeco, y la autoridad que realizó la detención fue la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.
La ficha señala que la puesta a disposición corresponde al Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco y consigna una condición de “en traslado”.
Sin embargo, el punto central del caso no desaparece: pasaron más de ocho horas sin información clara sobre su ubicación, sin notificación efectiva a familiares y sin certeza sobre su situación jurídica inmediata.
Durante ese lapso, la familia, acompañada por su representación legal, acudió a diversas instancias policiacas, fiscalías y agencias ministeriales preguntando por Mariana. La respuesta fue la misma: nadie admitía tenerla.
La situación escaló al punto de que la defensa promovió un amparo por incomunicación.
Especialistas consultados sobre el procedimiento señalan que, cuando una persona es detenida en cumplimiento de una orden judicial de otra entidad federativa, existe un protocolo que debe observarse. La corporación aprehensora —en este caso, la SSP— debe notificar la detención, elaborar el Informe Policial Homologado, certificar médicamente a la persona detenida, permitir acceso a comunicación y garantizar asistencia legal, antes de ponerla formalmente a disposición de la autoridad requirente.
Además, la persona detenida conserva derechos fundamentales inmediatos: hacer una llamada, comunicarse con abogado, informar a familiares y conocer plenamente la causa jurídica de su detención.
Las críticas surgen precisamente porque, pese a tratarse de una orden presuntamente emitida por una autoridad judicial de Jalisco, durante horas no existió información accesible sobre dónde se encontraba físicamente Mariana, si había sido certificada, si ya estaba formalmente bajo control ministerial, si seguía en instalaciones de la SSP o si efectivamente había iniciado un traslado.
Juristas consultados advierten que una detención legal no puede traducirse en un periodo de oscuridad institucional donde una persona desaparece administrativamente del radar de sus familiares.
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El caso adquiere especial relevancia debido al perfil de Mariana Pérez Manjarrez, quien durante los últimos meses se convirtió en una de las voces más visibles en la documentación y difusión de presuntos esquemas de fraude inmobiliario en Yucatán.
Uno de los expedientes donde tuvo participación activa fue el relacionado con el desarrollo Las Acacias, proyecto inmobiliario asentado en Chichí Suárez, señalado por compradores que denunciaron pagos, preventas y contratos vinculados a viviendas que nunca fueron entregadas o terrenos imposibles de escriturar por encontrarse hipotecados.
Mariana no solo dio seguimiento al caso; también recopiló testimonios, difundió denuncias y respaldó públicamente a personas afectadas.
Precisamente, semanas atrás, el caso escaló cuando Ángel Santos Moisés, vinculado por denunciantes al proyecto, emprendió acciones legales contra ella, situación que la propia asesora inmobiliaria denunció públicamente en video, asegurando sentirse vulnerable e intimidada.
“Me parece el colmo que, habiendo tantos casos abiertos en su contra y tantos que se van a abrir, las autoridades actúen primero contra alguien que levantó la voz por decenas de personas”, expresó entonces.
Aunque reconoció que inicialmente pensó en bajar el contenido que había publicado por miedo, decidió mantenerlo visible.
“Cada video representa a tanta gente afectada… en este país lo que hace falta es levantar la voz”, manifestó.
Su trabajo no se limitó a Las Acacias.
Mariana Pérez también acompañó investigaciones y denuncias relacionadas con Ciudad Maderas Península, donde compradores señalaron posibles irregularidades vinculadas con operaciones notariales y desarrollos inmobiliarios en Yucatán.
En esas indagatorias, hizo públicos señalamientos relacionados con los notarios Rolando Bello Mejía y Lino Magos Acevedo, a quienes afectados vincularon con otros antecedentes de operaciones cuestionadas en proyectos inmobiliarios.
La denuncia sobre su presunta desaparición ocurre en medio de ese historial de confrontación con actores ligados al sector inmobiliario.
Hasta el cierre de esta actualización, persistían dudas sobre las condiciones exactas de su custodia, comunicación efectiva con su defensa y el cumplimiento puntual del procedimiento aplicado tras su captura.
Su familia y personas cercanas exigieron conocer dónde se encuentra y bajo qué condiciones, mientras crece la exigencia de esclarecimiento sobre un caso que involucra a una figura incómoda para quienes han sido señalados en diversos escándalos inmobiliarios en Yucatán.
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