Morena y aliados aprueban en lo general reforma que mueve elección judicial a 2028; oposición acusa politización Editorial Aristegui Noticias
Con el voto de Morena y aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial federal y local, además de establecer que la revocación de mandato presidencial se realice de manera concurrente con procesos electorales federales o estatales.
El dictamen fue avalado con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, tras un debate de alrededor de cuatro horas y media, marcado por acusaciones, confrontaciones verbales y pancartas de protesta exhibidas por legisladores de oposición con consignas como “Corte patito”, “Voto en contra de los acordeones” y “No más ministros chicharrón”.
La reforma modifica y adiciona disposiciones de los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución. El dictamen deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de propuestas presentadas por legisladores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.
Entre los principales cambios, se establece que la jornada electoral judicial prevista originalmente para 2027 se realizará el primer domingo de junio de 2028, con el argumento de evitar la coincidencia de múltiples procesos electorales federales, locales y judiciales.
En 2027 se celebrarán elecciones para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales en 31 entidades y ayuntamientos en 30 estados, pero además estaba prevista la renovación de cargos judiciales federales y locales, entre ellos cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito.
Foto: Cuartoscuro
La Comisión de Puntos Constitucionales sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) identificó “complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal” derivadas de la concurrencia de esos procesos.
El proyecto también plantea nuevos mecanismos para la selección de candidaturas judiciales. Se prevé la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de cada Poder, encargada de homologar criterios, verificar requisitos constitucionales y aplicar metodologías y exámenes de conocimiento.
Además, los comités de evaluación deberán seleccionar a las cuatro personas mejor calificadas para cada cargo y posteriormente realizar una insaculación pública para reducir las candidaturas a dos por puesto o especialidad, garantizando paridad de género.
La reforma también establece capacitación permanente para personas juzgadoras mediante coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial y prevé que las autoridades electorales no puedan modificar resultados ni asignaciones de cargos después de concluida la elección.
Otro de los cambios establece que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral cuyo periodo concluiría en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028.
Durante la discusión, Morena, PT y PVEM defendieron la reforma bajo el argumento de que busca mejorar la operación del nuevo modelo de elección judicial aprobado en 2024.
El diputado morenista Leonel Godoy Rangel afirmó que la propuesta busca “no solo cambiar la fecha que era suficiente sino también mejorar la calidad de quienes van a ir a la elección judicial en el 2028”.
“No es cierto que van a ir todos a la tómbola, solo irán aquellos que los comités de evaluación resuelvan, previo a una reunión de una comisión coordinadora”, dijo.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y acusaron que la reforma mantiene problemas estructurales de la modificación judicial aprobada el año pasado.
La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá afirmó que con la reforma judicial de 2024 “se politizó al poder que no debe ser representante de nadie” y lanzó críticas al oficialismo: “nunca nadie les pidió que desmadraran al Poder Judicial”.
Agregó que “este periodo extraordinario de eso se trata, de que se quieren quedar aquí y están buscando todos los mecanismos posibles para que todos los contrapesos se acaben”.
La emecista Claudia Ruiz Massieu señaló que aplazar la elección judicial “deja intactas las insuficiencias de fondo”.
“La nominación va a seguir siendo un proceso político, no proceso meritocrático, la insaculación va a seguir llevando a los juzgados y tribunales a candidatos y candidatas controvertidos”, advirtió.
El coordinador priista Rubén Moreira presentó una moción suspensiva para detener la discusión y cuestionó la posibilidad de empatar la revocación de mandato con la elección judicial.
“Jueces a modo y no se evita el uso del acordeón”, sostuvo desde tribuna, mientras mostraba un “acordeón” para criticar el modelo de votación. También pidió establecer mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
“Necesitamos aquí un gran acuerdo para resolver qué pasa cuando a un candidato lo asesinan o lo secuestran, hay que suspender el proceso”, expresó.
El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla acusó a Morena de mantener vínculos con el crimen organizado y afirmó: “Hay algo que no pueden controlar y es la indignación de un pueblo que empieza a despertar”.
Tras la aprobación en lo general, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decretó un receso y citó para continuar la discusión en lo particular este miércoles a las 09:00 horas.
