Busca EU triplicar multas a deportables Diario.mx
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos presentó una propuesta para incrementar de 5 mil 130 a 18 mil dólares las multas impuestas a migrantes “in absentia”, es decir, con órdenes de deportación emitidas por un juez cuando la persona no se presenta a su audiencia, uno de los castigos económicos más severos dentro del sistema migratorio civil estadounidense, según el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
De acuerdo con los datos oficiales del Gobierno de Estados Unidos, difundidos por el proyecto de inmigración Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, durante el primer semestre del año fiscal 2026 (de octubre de 2025 a marzo de 2026), 269 personas no se presentaron a sus audiencias ante un juez de inmigración de El Paso (No NTA Filed), por lo que éste ordenó el cierre de su caso.
La figura de la deportación “in absentia” está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), bajo esa disposición, un juez puede ordenar la expulsión de un inmigrante si el Gobierno demuestra que la persona recibió una notificación adecuada de la audiencia y aun así no compareció; sin embargo, la ley también reconoce excepciones, incluyendo situaciones de emergencia, falta de notificación efectiva o circunstancias extraordinarias que puedan justificar la reapertura del caso, explicó el abogado de Quiroga Law Office.
La estrategia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración Trump surge tras más de 309 mil 700 fallos de deportación en ausencia emitidos en 2025, mientras que 23 mil 670 personas con este tipo de fallos fueron arrestadas posteriormente en todo Estados Unidos, y podría convertirse en un mecanismo de presión administrativa con fuerte impacto económico para familias migrantes ya vulnerables, advirtió.
“Las multas migratorias siempre han existido, pero estamos viendo una expansión importante tanto en los montos como en la manera en que el Gobierno busca aplicarlas. El impacto puede ser particularmente fuerte para familias de bajos ingresos que ya enfrentan procesos complejos y costosos”, señaló.
También recordó que el endurecimiento no ocurre de forma aislada. Desde 2025, el DHS y el Departamento de Justicia han impulsado regulaciones para acelerar la imposición y el cobro de sanciones migratorias, incluyendo cambios que reducen tiempos de respuesta y trasladan ciertas apelaciones directamente al DHS, limitando la participación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
En los últimos años, tribunales federales y organizaciones de defensa han advertido que muchos inmigrantes no comparecen a sus audiencias porque cambiaron de dirección, nunca recibieron correctamente la citación o enfrentaron barreras de idioma y representación legal. En esos casos, las órdenes “in absentia” pueden ser posteriormente reabiertas, aunque el proceso suele ser complejo y requiere pruebas sólidas.
“La ley permite solicitar la reapertura de ciertas órdenes emitidas en ausencia, especialmente cuando hubo problemas con la notificación o circunstancias excepcionales. Por eso es importante analizar cada caso individualmente antes de asumir que una orden es definitiva o que no existen alternativas legales”, señaló Quiroga.
Aunque la propuesta todavía no es definitiva y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta junio de 2026, el abogado anticipó posibles desafíos legales relacionados con el debido proceso, proporcionalidad y acceso a la defensa.
“La recomendación para los inmigrantes con procesos pendientes es que mantengan actualizada su dirección ante la Corte y revisen constantemente el estado de sus casos para evitar ausencias involuntarias que puedan derivar en órdenes de deportación y sanciones económicas elevadas”, indicó el abogado de inmigración.
