La avioneta que cayó en Nicaragua y tardó diez años en hundir a una red de narcolavado Infobae
La madrugada del 13 de enero de 2016, una avioneta blanca modelo Piper 3 con matrícula costarricense TI-ATR cruzó la frontera norte sin aviso y fue a estrellarse en un cañaveral de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Cuando los policías nicaragüenses llegaron al sitio, los pilotos ya habían desaparecido. Dentro de la aeronave quedaban tres maletas. Dentro de las maletas, 89 kilos de cocaína.
Nadie lo sabía entonces, pero ese accidente encendió un hilo que tardaría una década en quemarse hasta el final. Esta semana, el hilo llegó a su destino, por ahora: una mansión de tres millones de dólares en un condominio de lujo en Escazú, Costa Rica.
La aeronave había salido del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, con un plan de vuelo hacia Punta Islita y Tamarindo, en Guanacaste. Era una ruta doméstica de apariencia rutinaria. La última comunicación con la nave fue por radio, cuando sus ocupantes indicaron que saldrían. Eso fue todo. Nadie en la torre de control supo más hasta que el transmisor localizador de emergencias se activó desde territorio nicaragüense.
“Fue el transmisor localizador de emergencias (ELT, por sus siglas en inglés) el que nos alertó de que la aeronave estaba en el país vecino”, declaró el director de Aviación Civil de Costa Rica, Enio Cubillo, en enero de 2016.
En Nicaragua, la aeronave había aterrizado en circunstancias no aclaradas cerca de un camino de tierra en la comunidad Cuatro Esquinas, municipio de Puerto Morazán, a 132 kilómetros al noroeste de Managua.
“En la avioneta se encontraron tres maletas con varios tacos de cocaína”, informó el Comisionado Francisco Díaz, entonces subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua.
Los vecinos de la zona contaron que una camioneta llegó por los tripulantes poco después del accidente. Los pilotos, identificados con los apellidos Campos y Arias, denunciaron posteriormente haber sido secuestrados en Guanacaste por sujetos con acento colombiano.
El periodista nicaragüense Roberto Orozco, trabajaba entonces como investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y le dio “seguimiento” a ese caso. “No hubo una investigación profunda. Nunca se aclaró cómo los pilotos regresaron a Costa Rica. Tampoco se confirmó si el aterrizaje forzoso fue por fallas mecánicas o por falta de combustible. La hipótesis del combustible no convencía a las autoridades ticas porque la avioneta acababa de despegar de un aeropuerto en Guanacaste. Si iban rumbo a Guatemala o México, debían llevar suficiente combustible. Todo quedó en la nebulosa”, señala.
Una red narco
El accidente de la avioneta estaba conectado a una red que las autoridades costarricenses ya monitoreaban desde el año anterior bajo el nombre en clave de Caso Torrero, y que luego daría pie al Caso Manantiales. Ambas investigaciones apuntaban a tráfico internacional de estupefacientes con rutas aéreas hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala.
En el centro de esa red, presuntamente, figuraba un nombre: Francisco Javier Alfaro Flores, nicaragüense naturalizado costarricense, de 50 años.
Alfaro Flores fue investigado en 2015 en el Caso Torrero, a cargo de la entonces Sección de Estupefacientes, hoy Sección Especializada Antidrogas, del OIJ. Pese a ello, no fue procesado penalmente. Luego apareció vinculado al Caso Manantiales, y tampoco fue imputado. La resolución judicial no explica en detalle el motivo por el que no fue procesado en ese segundo caso, pero sí establece que la DEA retomó la investigación con base en nueva información.
El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, describe el hilo conductor: “Es una investigación de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, en donde se le da seguimiento a dos casos anteriores de tráfico internacional de estupefacientes, solo que ahora vamos enfocados en la legitimación de capitales”.
El supuesto punto de enlace entre Alfaro Flores y la avioneta caída en Nicaragua quedó documentado antes del accidente. Según el expediente judicial, el 12 de enero de 2016, la víspera del siniestro, agentes de la DEA alertaron al OIJ que sujetos de distintas nacionalidades habían cargado maletas de manera sospechosa en una aeronave blanca en las localidades costeras de Corozalito y Punta Islita. Al día siguiente esa misma avioneta, la TI-ATR, estaba tirada en un cañaveral nicaragüense.
De acuerdo con documentos judiciales citados por CRHoy, el OIJ atribuye a Francisco Javier Alfaro Flores funciones logísticas dentro de una red de narcotráfico internacional y sostiene que activó radiobases en Punta Islita durante la operación de la avioneta TI-ATR que cayó en Chinandega en enero de 2016.
Empresario “exitoso”
Durante años, Alfaro Flores construyó una fachada de empresario exitoso. La clave de su arquitectura financiera fue la apropiación de negocios aparentemente legales con acceso a flujos de dinero difíciles de rastrear.
En julio de 2016, meses después del accidente de la avioneta, Alfaro Flores asumió la representación judicial y extrajudicial de Valu Shred Costa Rica VSCR S.A., una empresa recicladora de chatarra electrónica con sede en una zona franca de Montecillos, en Alajuela.
Para cuando tomó el control de la recicladora, esta ya disfrutaba de los beneficios que el Estado otorga a las empresas en el régimen de zona franca, como descuentos o exoneraciones totales en el pago de impuestos. El régimen le había sido otorgado desde enero de 2012.
“La sociedad sería utilizada como mampara para legitimar capitales provenientes del narcotráfico, o bien, que mediante la exportación de la chatarra que recolectan, esconden sustancias psicotrópicas”, expone el expediente judicial del Caso Lusso.
En julio de 2022, la Fiscalía de Legitimación de Capitales recibió información confidencial de que Alfaro Flores, presuntamente, estaba legitimando ganancias del narcotráfico a través de negocios mampara. Ese dato fue el detonador final de lo que vendría.
La supuesta red de Alfaro Flores no operaba sola. Necesitaba colaboradores que movieran dinero a través de negocios con apariencia de legitimidad. Uno de los más llamativos sería Cristian Lanuza Víquez, campeón nacional de fisicoculturismo en 2017 y propietario del gimnasio Lanuza Performance, en Santo Domingo de Heredia.
De acuerdo con las autoridades, Lanuza habría adquirido vehículos de alto valor y una propiedad por 107 millones de colones (unos 235 mil dólares) en apenas 19 meses, con dinero proveniente del narcotráfico de la organización presuntamente liderada por Alfaro Flores.
El expediente judicial registra las transacciones: el 14 de julio de 2023, Lanuza adquirió un Ford F150 por 75.000 dólares. El 13 de enero de 2025, adquirió una Toyota Fortuner. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el empresario ‘convirtió recursos derivados de la narcoactividad en bienes de interés económico’ y adquirió un Chevrolet Tahoe color negro, año 2026.
La cobertura era el gimnasio, pero los números no cuadraban. “Este esquema de negocio, aun considerando una clientela estable, no resulta financieramente congruente para sostener el alto nivel de vida ostentoso”, señala el expediente judicial del Caso Lusso.
Poca cooperación de Nicaragua
Para el periodista Orozco, la Policía de Nicaragua fue, al menos, negligente, en el tratamiento del caso. Los trató como un hecho aislado. “Nicaragua estaba obligada a profundizar la investigación porque se trataba de narcotráfico internacional. Se sabía de dónde había salido el vuelo y la Policía debió solicitar más información a Costa Rica para empezar a investigar posibles estructuras locales de apoyo. Eso es lo normal en este tipo de casos. Nunca se dejan como hechos aislados”, dice.
Considera que la actitud del régimen estuvo determinada por la imagen del país que querían mostrar. “Lo que pasaba es que Nicaragua ya estaba entrando en una política de ocultamiento de información. Se promovía aquella narrativa del ´vivir bonito´, de que todo estaba bien y de que el país era un ´muro de contención´ contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, ya había problemas para compartir información con la DEA”, señala.
No se investigaron posibles conexiones locales, incluso dentro del Estado, dice Orozco, porque Daniel Ortega desmanteló desde 2010 la llamada Unidad Anticorrupción que era la oficina de la Policía que se encargaba de trabajar con la DEA e intercambiar información.
“Ese departamento había sido creado durante el gobierno de Enrique Bolaños, bajo fuerte influencia estadounidense. Era una unidad especializada de investigación, casi un bloque de búsqueda. Su objetivo principal era impedir que el narcotráfico capturara instituciones del Estado, especialmente en la Policía y en el Poder Judicial”, indica. Ortega lo desarticuló y lo cerró.
Día de allanamientos
El caso revivió abruptamente la madrugada del pasado 18 de mayo de 2026. La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ de Costa Rica y la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales ejecutaron un operativo simultáneo en cuatro provincias. 17 allanamientos en propiedades ubicadas en Alajuela, Pérez Zeledón, Escazú y Heredia como parte de la investigación denominada Caso Lusso —"lujo’ en italiano—, dirigida contra una red dedicada al lavado de activos por medio de varios negocios, la adquisición de vehículos de alto valor y propiedades e inversiones en el negocio inmobiliario.
El golpe central fue en el condominio Cerro Real, en Escazú. Michael Soto, director interino del OIJ, informó que Alfaro Flores fue capturado en una lujosa mansión valorada en tres millones de dólares. La residencia incluía cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio particular, uno de los símbolos más elocuentes de la riqueza que, según los investigadores, fue construida sobre el narcotráfico.
En total fueron detenidas ocho personas, entre ellas la pareja e hija de Alfaro Flores.
Las autoridades incautaron 21 vehículos de alta gama valorados en 2,7 millones de dólares, entre ellos automóviles de las marcas Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Lexus.
Uno de los vehículos incautados tenía un valor de alrededor de 400.000 dólares y era uno de los pocos de su clase en todo Costa Rica. Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y un fusil de asalto AR-15.
El total de dinero blanqueado estimado por la fiscalía supera los 500 millones de colones —aproximadamente 1,1 millones de dólares— en activos directamente rastreables al narcotráfico. Los investigadores vincularon al grupo con 29 propiedades con un valor conjunto de aproximadamente 7 millones de dólares.
“Es parte de lo que estamos investigando. Es muy prematuro afirmar si hubo vehículos declarados por precios inferiores, pero es una de las líneas de análisis”, indicó Michael Soto, director interino del OIJ.
El Caso Lusso es, en su esencia, la historia de una investigación que sobrevivió a sí misma. Alfaro Flores pasó por dos causas por narcotráfico sin ser procesado penalmente. Luego construyó, durante años, una arquitectura financiera que combinó una recicladora en zona franca, cadenas de gimnasios, importación de autos de lujo y bienes raíces de alto valor. Se instaló en una mansión con cine privado y piscina en el condominio más exclusivo de Escazú.
Y sin embargo, el hilo que lo ataba al 13 de enero de 2016 nunca se rompió: la avioneta blanca TI-ATR, tirada en un cañaveral de Chinandega, con tres maletas y 89 kilos de cocaína, y los pilotos que se esfumaron en la noche nicaragüense.
Esa investigación, la del accidente aéreo en Puerto Morazán, fue la que la DEA retomó con nueva información y que terminó derivando en la causa por la que Alfaro Flores fue detenido esta semana.
Tardó diez años.
