“Prometieron vivienda oficial y no cumplieron”: Ivan enfrenta un desahucio en Barcelona tras pagar 27 años de alquiler Infobae
Ivan Giesen calcula que en los 27 años que lleva viviendo en alquiler en el número 153 de la calle Ramon Turró, en el barrio barcelonés de Poblenou, ha pagado unos 140.000 euros. Pero desde 2020, una vez agotadas las prórrogas del contrato, la empresa propietaria del bloque, Maramca S.L., mantiene su negativa a cualquier acuerdo de renovación y ahora enfrenta una orden de desahucio para el 5 de junio. De nada han servido ni sus gestiones personales ni la intermediación del Sindicat de Llogateres, que denuncia que la empresa está incumpliendo la obligación de reservar al menos seis viviendas del edificio para protección oficial, tal como exigen la reforma aprobada en 2015 y la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) del 22@, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para transformar el antiguo Poblenou industrial en una nueva zona residencial.
Varios testimonios de vecinos que han llegado recientemente al edificio y la localización de anuncios en plataformas digitales indican que hay pisos de unos 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensuales, critica el sindicato, “unos precios que no cuadran en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler”. El caso de Ramon Turró 153, sostiene la organización, apunta a un doble incumplimiento: viviendas que deberían estar vinculadas a protección pública y pisos que se estarían alquilando por encima de los topes legales. “Es una gran paradoja: un plan urbanístico impulsado con la justificación de hacer vivienda protegida acaba expulsando a vecinos sin dar ni rastro de esta protección”.
Cuando Maramca S.L. heredó la finca en 2012, explica el sindicato, había 10 viviendas y 9 estaban habitadas, pero poco después dejó de renovar contratos y promovió una reforma aprobada en 2015, que permitió aumentar el número de pisos de 10 a 16 gracias a mayor edificabilidad. Por ello, la organización pide al Ayuntamiento de Barcelona que inspeccione la ejecución del Plan de Mejora Urbana del edificio, mientras que reclama a la Generalitat de Catalunya y a la Agència de l’Habitatge que actúen “ante los probables incumplimientos de la regulación de precios del alquiler y de las obligaciones vinculadas a las viviendas protegidas”.
“Un caso claro de especulación”
Giesen lamenta que la empresa nunca haya querido negociar, aunque “ahora entiende el motivo”, porque ha empezado a alquilar algunos de los nuevos pisos a precios mucho más elevados que los 730 euros que pago actualmente. Les sale muy rentable”, cuenta en conversación con Infobae. Este inquilino, de 68 años y origen belga, no se hace a la idea de abandonar el barrio donde ha vivido durante casi tres décadas y asegura que no puede permitirse otras opciones en la ciudad debido a los elevados precios. Adquirir una vivienda en Barcelona, que cerró 2024 con un precio medio de venta de 689.800 euros para pisos de unos 83 metros cuadrados, cuesta actualmente un 9,8% más que hace un año.
“Yo he hecho un esfuerzo para pagar el alquiler y, al final, tengo la sensación de que me echan sin una justificación. A estas alturas debería estar pensando en mi jubilación y todavía no lo puedo hacer. Este es un modelo que no protege a la gente inquilina”, lamenta. Giesen cuenta que de la finca original prácticamente ya no queda casi nadie del vecindario histórico: solo siguen viviendo en ella dos vecinas con renta antigua y él, mientras el resto de las viviendas se encuentran vacías, reformadas o alquiladas a nuevos inquilinos a precios desorbitados.
El Sindicat de Llogateres sostiene que el caso de Ramon Turró 153 muestra cómo una operación vinculada al 22@ ha provocado la expulsión de inquilinos y el alquiler de viviendas a precios muy por encima de los regulados. Señala, además, que 11 años después de la reforma, la obligación de destinar las nuevas viviendas a protección oficial sigue sin cumplirse, pese a lo que establece la normativa.
