La UE obliga desde hoy a endurecer las penas por delitos ambientales Infobae
Bruselas, 21 may (EFE).- La Unión Europea obliga desde este jueves a los Estados miembros a adaptar sus leyes nacionales a la nueva directiva penal ambiental, que amplía la lista de delitos contra el medioambiente y prevé penas de hasta diez años de cárcel para las infracciones graves que causen la muerte de una persona.
Ante el aumento de actividades ilícitas consideradas altamente lucrativas y frecuentemente vinculadas al crimen organizado, la Directiva sobre Delitos Ambientales (2024/1203), que fue aprobada en abril de 2024 y sustituye a las anteriores normas europeas sobre criminalidad ambiental, busca reforzar la protección del medioambiente mediante el derecho penal.
La normativa amplía de forma significativa la lista de conductas consideradas delitos ambientales en la UE.
Entre las nuevas categorías figuran el reciclaje ilegal de barcos, la extracción ilegal de agua, las infracciones graves relacionadas con sustancias químicas y mercurio, los delitos vinculados a gases fluorados de efecto invernadero o especies invasoras y el comercio ilegal de madera.
También incorpora infracciones graves relacionadas con la contaminación provocada por buques y daños sustanciales a ecosistemas protegidos y obliga asimismo a endurecer las penas cuando las infracciones provoquen daños especialmente graves al entorno.
La nueva legislación comunitaria introduce asimismo el concepto de "delito cualificado" para los casos que causen una destrucción "generalizada y sustancial" o daños "duraderos" al medioambiente.
Aunque el Parlamento Europeo había reclamado incluir explícitamente el concepto de "ecocidio", la norma finalmente no utiliza ese término.
No obstante, la Eurocámara defendió durante la negociación que los "delitos cualificados" contemplados en el texto pueden abarcar situaciones equiparables al "ecocidio", como incendios forestales a gran escala o episodios masivos de contaminación del aire, el agua o el suelo.
Las penas máximas previstas por la directiva alcanzan hasta diez años de prisión cuando el delito ambiental cause la muerte de una persona, ocho años para los delitos cualificados más graves y hasta cinco años para otras infracciones.
La normativa también armoniza las sanciones para las empresas, de forma que las multas podrán alcanzar el 3 % o el 5 % de la facturación mundial anual de las compañías o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la gravedad del delito.
Además de las sanciones económicas o penales, los infractores estarán obligados a restaurar el entorno dañado y compensar los perjuicios causados.
La directiva exige igualmente que jueces, fiscales, inspectores y policías especializados dispongan de recursos y formación adecuados, y prevé apoyo y asistencia para defensores medioambientales implicados en procedimientos penales.
Aunque el plazo legal vence este jueves, no todos los Estados miembros han confirmado la adaptación completa de su normativa nacional, lo que podría derivar en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.
Entre los países que no han transpuesto la directiva se cuenta España, a quien la organización ecologista WWF ha afeado el retraso "pese a tratarse de una directiva clave para combatir delitos ambientales cada vez más complejos y transnacionales".
"La protección del medioambiente no puede quedarse en declaraciones políticas. Sin leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes", señaló la plataforma en un comunicado. EFE
