El acusado Ignacio M.V. achaca el "caso ataúdes" a la "inquina, cabreo y mala hostia" de Justo M.G. Infobae

El hoy administrador de El Salvador-Funeraria Castellana Ignacio M.V, uno de los veintitrés encausados por el "caso ataúdes", ha mantenido su inocencia, ha negado que en la empresa se sistematizara el "cambiazo" de ataúdes y ha atribuido la causa a la "inquina, el cabreo y la mala hostia" del que fuera trabajador Justo M.G, autor del dosier incriminatorio en el que se apoyan las acusaciones.

En una de las jornadas más esperadas desde que el juicio comenzara en marzo en la Audiencia de Valladolid, Ignacio M.V, hijo del "magnate funerario" Ignacio M.A, ya fallecido, ha subido al estrado para avalar el buen funcionamiento de la mercantil, hasta el punto de que ha asegurado que la Ley de Policía Mortuoria hoy vigente en Castilla y León tiene su génesis en la experiencia profesional de El Salvador-Funeraria Castellana. "Seguimos siendo la número uno en Valladolid por el trabajo bien hecho y por hacer sencillo lo más difícil", ha ensalzado el acusado.

Ignacio M.V, en declaraciones recogidas por Europa Press a preguntas únicamente de su abogado, ha utilizado el término "simulacro" para referirse a la documentación atesorada a lo largo de dos décadas por el aludido Justo M.G, de quien sostiene que sus peticiones no atendidas de subida de sueldo para mejorar su base de cotización, antes de jubilarse, y de que se contratara a un hijo y una hija constituyen la causa de que dicho empleado comenzara a extorsionar con ese material compuesto por fotos y anotaciones.

"Yo creo que es en el periodo de 2013 y 2014 cuando más se produce la actividad de justo, coincidiendo con sus demandas. Cuando comienzan sus amenazas me entrevisté con él y me dijo que no tenía nada contra la familia, sólo contra mi padre porque se había hecho rico con una funeraria salida de la nada y Justo seguía cobrando lo mismo que cuando entró", ha recordado "Ina", quien ha añadido que ese malestar se tornó en "inquina, cabreo y mala hostia" cuando se enteró de que se había contratado al hijo de un compañero.

Esa extorsión es la que llegó a Ignacio M.V. a personarse ante la policía para denunciar a Justo, "con absoluta tranquilidad porque nadie le había ordenado que hiciera esos cambios de ataúdes, el simulacro lo hizo únicamente él", sin que la dirección y el resto de empleados participaran, si bien tan sólo ha reconocido la irregularidad del inflado de facturas que su padre realizó respecto de la compra de cajas al proveedor, también encausado, Victorio Senovilla.

"Senovilla facturaba por módulos y mi padre infló el precio de las cajas para pagar menos a Hacienda. No pillaron y la multa fue muy gorda. A partir de ahí se empezó a facturar correctamente", ha mantenido Ignacio, quien ha utilizado buena parte de su intervención para ensalzar la trayectoria de su padre, "un tío muy listo que era quien hacía y deshacía" y al que ha atribuido el hito de montar en Castilla y León en 1995.

Aunque estaba previsto que declararan más acusados, la jornada ha dado tan sólo para que subieran al estrado la madre del anterior, María del Rosario V.L, y un cuñado de ésta, Andrés M.A, quienes se han acogido a su derecho de no declarar, ya que buena parte del tiempo ha quedado reservado a la reproducción en sala de los testimonios que tanto Justo M.G. como el magnate funerario Ignacio M.A, ambos ya fallecidos, realizaron en 2019 en el juzgado en calidad de investigados.

JUSTO HABLA DESDE LA TUMBA

Justo M.G. ha hablado desde la tumba, a través de una declaración que en vida realizó en sede judicial a raíz de la explotación de la "Operación Ignis", para denunciar que el "cambiazo de ataúdes" que se imputa a dueños y trabajadores de dicha mercantil en el periodo que media entre 1995 y 2015 era de dominio público en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde el cementerio del grupo realizó la mayor parte de las incineraciones.

Así, Justo M.G. explica su cometido en la empresa desde 1995, fecha de su ingreso, hasta su jubilación el 18 de febrero de 2015, primero en recepción y luego en el servicio de incineración en el cementerio de Santovenia, y refiere que se había sistematizado en la empresa una operativa, siempre bajo las órdenes del dueño, consistente en "robar" los ataúdes contratados por las familias de los difuntos para, una vez sustituidos por otros de "aglomerado", tapas u otros elementos, ser revendidos para nuevos sepelios.

Justo ha insistido en que de este procedimiento eran partícipes otros trabajadores--cita el nombre de media docena de compañeros y conductores de los furgones--y, tal y como ha espetado, "lo sabían casi hasta en Santovenia, en todos los sitios", para lo cual se hacía una especie de "paripé" que, según sostiene, consistía en activar los ventiladores del horno para hacer creer que comenzaba la incineración, cuando en realidad dicho proceso no se realizaba hasta que se producía el "cambiazo" de la caja, sin la presencia de los más allegados a los fallecidos.

También ha apuntado que este procedimiento no sólo lo realizaban gente de confianza de Ignacio M.A. sino más personas por miedo a perder su puesto de trabajo. "Estábamos acojonados por el miedo a ser despedidos", ha asegurado el fallecido, quien había seguido con esta práctica porque venía ya de un despido anterior en otra empresa y, encima, tenía problemas en la columna que complicaban la posibilidad de hallar otro empleo.

Sostiene que no participó en todos los "reciclajes" pero que de otros pudo levantar testimonio, en forma de fotografías y anotaciones, una vez que sus compañeros abandonaron el escenario. "Ni yo ni el resto de trabajadores hemos recibido una compensación económica por esta práctica", denunció en su día Justo en sede judicial, al tiempo que ha recordado que la prueba de que estos hechos se estaban produciendo es que tras la inauguración en 2013 del nuevo tanatorio provisto de horno, el antiguo que venía operando en el cementerio de Santovenia siguió a pleno rendimiento.

"En el parte de defunción se hacía constar que la cremación se había producido en el tanatorio, pero no era así, se había efectuado en Santovenia", denunciaba entonces Justo, quien puntualiza que en una ocasiones la caja venía ya cambiada de el tanatorio y en otras el "robo" se producía en las instalaciones del camposanto. También hace constar que en alguna ocasión el "cambiazo" no se efectuó debido al cabreo que tenían los trabajadores con motivo de los atrasos y complementos que la empresa les adeudaba.

También se ha reproducido el testimonio prestado en su día, en calidad de detenido en el juzgado, por el hoy fallecido Ignacio M.A, el que fuera fundador de la empresa, en el que rechaza los hechos imputados y achaca el proceso a la inquina hacia su persona por parte de Justo, quien le remitió unas cartas amenazantes alegando que cobraba poco. "Antes de esas cartas ya me había amenazado con acudir a la Fiscalía porque quería una compensación económica ya que estaba a punto de jubilarse y también me había pedido trabajo para sus hijos", recuerda el magnate del féretro.

Con respecto a las acusaciones vertidas por Justo, Ignacio M.A. asegura que ni dio órdenes para que se realizara el "cambiazo" de cajas ni lo ha visto "nunca". Pero además, manifiesta que sería ilógico: "Si un ataúd cuesta 100 euros porque voy a cambiarlo por otro lleno de sangre, babas y mierda. Si alguien le ayudó que lo demuestre, yo desde luego no lo hice ni el resto de trabajadores".

A lo largo de su interrogatorio, el fundador de la funeraria justifica también que el casi millón de euros que la policía intervino en el cuarto de la plancha de su domicilio en 2019 era de él y su familia, procedente del sueldo de 400.000 pesetas que percibían y por otros conceptos ahorrados de sus anteriores negocios de pescadería, carnicería y almacén de bebidas. "No tenía miedo a posibles robos, tengo más miedo a los bancos", indicó entonces.