Un ganador de la lotería que perdió 7,5 millones con el caso de Paco ‘el Bueno’ pide que investiguen a la empresa Occident Infobae
El caso de la presunta estafa de Francisco Gutiérrez Ortega, conocido como Paco “el Bueno”, suma un nuevo movimiento judicial en Vélez-Málaga. La defensa de David Quintero Soto, ganador de 7,5 millones de euros en la Lotería y uno de los principales perjudicados, ha solicitado que la compañía Occident GCO Capital Agencia de Valores S.A.U. sea citada como investigada en calidad de persona jurídica.
Quintero, vecino de la Axarquía, entregó ese premio millonario para su gestión financiera. Según su entorno legal, lo perdió todo. Ahora, su representación considera que la responsabilidad podría ir más allá del gestor individual. El escrito fue presentado el lunes 18 de mayo ante el Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, dentro de las diligencias previas 1097/2025, según han reportado desde Diario Sur.
La acusación particular estima que el daño económico sufrido por Quintero asciende a “aproximadamente 7,5 millones de euros”, resultado de una operativa de inversión “sistemática y manifiestamente perjudicial”. La petición llega después de que la defensa de Occident aportara documentación al juzgado el pasado 14 de mayo sobre los movimientos asociados al perjudicado. Tras analizarla, el Bufete Lucena Abogados decidió dar un paso más y actuar “con carácter urgente”. El objetivo, según la defensa, es esclarecer quién ordenaba realmente las operaciones y bajo qué estructura se ejecutaban.
El contrato que centra la investigación
Uno de los puntos clave es la relación entre Paco “el Bueno” y la entidad. La defensa sostiene que el propio grupo habría reconocido la existencia de un “contrato de representante persona física con Occident GCO Capital Agencia de Valores S.A.U.”, identificado con el código F-33684. Ese contrato habría estado vigente hasta el 7 de julio de 2025, apenas tres semanas antes de la detención de Francisco Gutiérrez Ortega en Logroño.
A partir de ahí, los letrados argumentan que su actuación “no puede disociarse” de la actividad de la empresa, al considerar que esta se beneficiaba de su labor de captación de clientes y de la confianza generada bajo su marca.
El poder notarial y la responsabilidad de control
El escrito también pone el foco en el poder notarial otorgado por el propio Quintero para la gestión de su patrimonio. La defensa sostiene que ese documento no puede interpretarse como un “escudo” para eximir responsabilidades.
La confianza del inversor, apuntan, se basaba en que el dinero sería gestionado “de forma profesional y bajo la supervisión de una entidad regulada”. Por ello, solicitan que se investigue si existió un abuso de ese poder y si fallaron los mecanismos internos de control.Posibles incumplimientos financieros. La acusación invoca el artículo 31 bis del Código Penal, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y apunta a posibles delitos de administración desleal y estafa agravada.
También se refiere a un posible “grave defecto de organización y control” dentro de la entidad, así como a una supuesta “culpa in vigilando”, al no haberse activado alertas internas ante operaciones reiteradamente perjudiciales. Además, el escrito menciona posibles incumplimientos de la normativa MiFID, en aspectos como la evaluación del perfil del cliente, la idoneidad de las inversiones y la prevención de conflictos de interés.
La postura de la compañía
Fuentes de Occident GCO Capital Agencia de Valores S.A.U. recuerdan que la causa se encuentra en fase de diligencias previas y parcialmente bajo secreto de sumario. La entidad sostiene que ya forma parte del procedimiento desde el inicio, tras presentar denuncia como afectada, y afirma que será el juzgado quien determine su papel en la investigación.
Además, asegura que colabora “exhaustivamente” con la Justicia y que ha alcanzado acuerdos con 110 afectados que acreditan la trazabilidad de los fondos y la documentación requerida.
