La “nueva política” y el cinismo de Samuel Mundo Ejecutivo

Cuando Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León, lo hizo bajo la bandera de la “nueva política”. Prometió desterrar las viejas prácticas del PRI y del PAN, sepultar el amiguismo y gobernar a golpe de transparencia y modernidad digital.

Sin embargo, la realidad de su administración se parece cada vez más a los peores capítulos del pasado que tanto prometió combatir.

Hoy, el estado norteño se encuentra atrapado entre carpetas de investigación federales por desvíos millonarios, un congreso local incendiado y un mandatario que responde a la gravedad de las acusaciones con desdén y coreografías para redes sociales.

Lo que en un inicio se perfilaba como la clásica fricción política con la oposición de la entidad, ha mutado en un escándalo financiero de proporciones sistémicas. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la lupa sobre un entramado de presunta corrupción que resulta difícil de ignorar: la triangulación de más de mil millones de pesos originados en las arcas públicas del estado que terminaron, tras pasar por diversas empresas fachada y contratistas (como Suministros MYR), en las cuentas de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho privado del gobernador y de su padre.

A esto se le suma el ruido inmobiliario: adquisiciones de terrenos multimillonarios en las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García y fincas campestres de cientos de hectáreas compradas en plena gestión.

Por si fuera poco, los señalamientos de nepotismo en contratos del sector salud que involucran a su familia política terminan por dinamitar la narrativa de pulcritud con la que llegó al poder. Ya no hablamos de simples omisiones administrativas; estamos ante la sospecha de un sofisticado mecanismo de enriquecimiento a costa del erario.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la naturaleza de los delitos que se investigan, sino el profundo cinismo con el que Samuel García aborda la crisis. En lugar de ofrecer la rendición de cuentas que un estado maduro merece, el gobernador opta por la frivolidad y la evasión institucional.

Para el mandatario, la justicia penal y la fiscalización parecen ser simples herramientas de un “show mediático” orquestado por sus rivales. Cada acusación es respondida con una historia de Instagram, un video ingenioso o un anuncio distractor, como si el peso de la ley pudiera disolverse con un filtro de redes sociales o una campaña publicitaria.

Gobernando a base de likes y desprecio por los contrapesos, García ha intentado normalizar la idea de que ser investigado por lavado de dinero o desvío de recursos es un mero gaje del oficio político. La seriedad del cargo público ha sido sustituida por un pragmatismo ególatra que insulta la inteligencia de los neoleoneses.

El cinismo gubernamental alcanza su punto máximo cuando las instituciones locales —en una maniobra burda— intentan dar “carpetazo” exprés a las denuncias penales del gobernador para blindarlo, evidenciando un pacto de impunidad que echa por tierra cualquier simulación de autonomía de la justicia en el estado.

El horizonte político de Samuel García se devaluó drásticamente. Aquel joven ambicioso que alguna vez aspiró seriamente a la presidencia de la República hoy se encuentra cercado en su propio territorio. Su futuro inmediato y a mediano plazo se definirá entre la cárcel y salirse con la suya, como cada gobernador mexicano al término de su mandato.

Taiwán: la isla incómoda

Hay territorios cuya existencia, sin importar su tamaño, depende del equilibrio entre las grandes potencias. Taiwán es uno de ellos. La isla vive bajo una permanente contradicción: es demasiado importante para ser ignorada, pero también lo suficientemente peligrosa para ser defendida sin consecuencias globales. El acercamiento entre Donald Trump y Xi Jinping hace unos días, junto con los esfuerzos por estabilizar la relación entre Washington y Beijing, volvió a encender las alarmas acerca de si Taiwán está entrando otra vez en la zona gris de las negociaciones entre potencias.

No es que Estados Unidos haya decidido “entregar” Taiwán; lo que llama la atención es que el lenguaje estratégico estadounidense cambió repentinamente. Durante años Washington ha sostenido una ambigüedad cuidadosamente diseñada: no reconocer formalmente la independencia taiwanesa, pero tampoco permitir una anexión forzada por parte de China. Ese balance ha evitado una guerra; sin embargo, cada vez más sectores dentro de Taiwán, Japón y otros aliados regionales perciben que la prioridad norteamericana ya no es defender democracias a cualquier costo, sino administrar riesgos económicos y evitar conflictos abiertos.

Hay razones para estar preocupados. Taiwán representa uno de los puntos más sensibles del planeta. La isla produce buena parte de los semiconductores avanzados del mundo y se ha convertido en una pieza crítica para industrias estratégicas como la inteligencia artificial, defensa, telecomunicaciones y automóviles. Un conflicto alrededor de Taiwán iría más allá de una disputa territorial; implicaría una sacudida económica global con efectos sobre mercados financieros, cadena de suministros y producción tecnológica. Eso explica por qué la Casa Blanca sostiene una postura cada vez más calculada.

No sería la primera vez que Taiwán quedara relegada de la decisión sobre su propio destino. En 1972 Richard Nixon viajó a China para reunirse con Mao Zedong. El objetivo estadounidense era contener a la Unión Soviética mediante un acercamiento con su rival comunista. Aquella decisión transformó el equilibrio global, pero también implicó que Washington comenzara a desmontar su reconocimiento diplomático hacia Taiwán. En 1979, Estados Unidos reconoció oficialmente a la República Popular China como el único gobierno. Ese fue el inicio del verdadero abandono.

La diferencia es que Taiwán de hoy no es el mismo de los años setenta. Entonces era una dictadura aislada. Ahora es una democracia consolidada, altamente desarrollada y tecnológicamente indispensable. Sin embargo, esa importancia estratégica no necesariamente la provee de protección absoluta. De hecho, puede convertir a la isla en una pieza todavía más delicada dentro de las negociaciones entre Washington y Beijing. Mientras China busca consolidarse como potencia dominante en Asia, Estados Unidos enfrenta presiones internas cada vez mayores: inflación, deuda, polarización política y una sociedad cansada de guerras largas y costosas.

Y ahí Trump puede ser una pieza clave. A diferencia de los presidentes que le precedieron, que presentaban la política exterior como una defensa ideológica de aliados y democracias, Donald Trump suele verla desde una óptica más transaccional. En su visión, las alianzas también deben evaluarse en términos de costos, beneficios y ventajas económicas. Esa perspectiva genera inquietud en regiones cuya seguridad depende de la credibilidad militar norteamericana. El temor de Taiwán no es solamente una invasión china; es la posibilidad de que Washington concluya algún día que es muy costoso defenderla.

Rara vez las potencias abandonan a sus aliados de manera abrupta. Normalmente las señales son más sutiles: silencios estratégicos, declaraciones ambiguas y prioridades económicas que lentamente desplazan antiguos compromisos. Eso es lo que preocupa a Taiwán. No únicamente una invasión militar, sino que una mañana despierte descubriendo que las grandes potencias ya empezaron a negociar su futuro… sin ellos.

Construcción para detonar la economía

La industria de la construcción es el motor más viable para reactivar la economía, pues durante el desarrollo de las obras generan empleos directos e indirectos y, una vez concluida y entra en operación la infraestructura bien planeada, es un generador de bienestar y prosperidad. En el caso de México, la construcción representa el 6.9 por ciento del PIB, genera el 8 por ciento del empleo formal y tiene un efecto transversal en la economía, ya que 233 de las 262 ramas de las actividades económicas se ven impactadas por dicha industria.

Hace año y medio, fue creado el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI México) como un órgano interno del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) para contribuir a la construcción de políticas públicas para lograr más y mejor infraestructura para el país, con una visión complementaria y técnica hacia el 2050. Su primer coordinador fue Alfredo Elías Ayub, quien fuera director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fallecido a finales del año pasado, y actualmente tiene a Fernando Gutiérrez Ochoa al frente.

Además del Colegio, el CPI México lo conforman la Academia de Ingeniería de México (AIM); la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC); la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC); la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC); el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF); la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI); el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Este lunes, en la sede del Colegio, se reunieron los integrantes del Consejo para dar a conocer su avances y retos, con una propuesta común de elevar elevar la inversión en infraestructura del 2 al 5 por ciento del PIB, fortalecer la participación público-privada y adoptar un nuevo paradigma de “infraestructura como servicio”, donde lo importante no sea solo construir obras, sino garantizar operación, mantenimiento y calidad durante todo su ciclo de vida. Asimismo, contemplan realizar siete talleres regionales en Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Mérida y del Valle de México, para abordar la planeación con las necesidades específicas de cada región del país.

Algo en lo que coinciden sus integrantes es que, tanto el Plan México como la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar generan mucho mejores condiciones para la inversión privada que en el sexenio pasado. Sin embargo, hay tres grandes retos que visualizan: la reforma judicial, los aranceles; la revisión o renegociación del T-MEC, y la inseguridad por el crimen organizado. Por ello, los miembros del CPI México coincidieron en que es necesario recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros mediante estabilidad, certeza jurídica y disciplina fiscal.

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