Taxistas del AICM frenaron puntos de abordaje para Uber y DiDi: ahora una reforma busca resolverlo desde la ley Xataka México
18 de Mayo, 2026 12:43Pedir un coche por aplicación en el aeropuerto de Ciudad de México se convirtió en un deporte de alto riesgo.
Todos los viajeros conocen el drama: esconder el teléfono, caminar hasta una avenida o simular que el conductor es un primo lejano para evitar una multa.
Esa realidad incómoda, detonó una batalla legal que llegó directo a la Cámara de Diputados.
Una nueva propuesta busca cambiar el panorama y legalizar de una vez por todas los puntos de abordaje para estas plataformas digitales.
La iniciativa surge desde la bancada del Partido Verde a través del diputado Fausto Gallardo García.
El legislador propone una modificación clara al artículo 65 de la Ley de Aeropuertos, un cambio que obligaría a las terminales aéreas de todo el país a establecer zonas específicas para el ascenso y descenso de pasajeros de transporte digital.
La intención detrás de este movimiento es poner orden con bases legales firmes a una actividad cotidiana que hoy opera en una zona gris.
Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Actualmente, las plataformas digitales de transporte carecen de un sustento jurídico explícito dentro de los aeropuertos mexicanos.
El vacío legal provoca que los espacios asignados de manera improvisada en lugares como el AICM resulten insuficientes, incómodos y, en el peor de los casos, inseguros para la gente.
El diputado Gallardo García argumenta que la falta de un mandato legal expreso genera una incertidumbre total sobre los criterios de aplicación de la ley.
Esta propuesta legislativa no llega por casualidad ni de forma aislada en la agenda pública.
Apenas el pasado 15 de mayo de 2026, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México sepultó un proyecto que prometía aliviar esta dolorosa tensión, según reporta El Financiero.
Las autoridades de la terminal aérea dieron marcha atrás a la construcción de un estacionamiento de corta estancia que resolvería gran parte del problema actual.
El director del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, detalló la naturaleza del proyecto cancelado.
La infraestructura planeada contaría con una capacidad total para 200 cajones de estacionamiento.
El diseño arquitectónico cumplía dos funciones esenciales para la operación diaria de la terminal: facilitar el movimiento rápido de los familiares que recogen pasajeros y ofrecer un punto de espera formal para los taxis de aplicación tecnológica.
El proyecto prometía acabar con las persecuciones y las tarifas excesivas de la zona aeroportuaria mediante una logística eficiente y moderna.
Lamentablemente, el destino del estacionamiento cambió de rumbo debido a la presión social y política.
El gremio de los taxistas concesionados del AICM manifestó un rechazo absoluto ante la apertura de este espacio.
Las protestas e inconformidades obligaron a las autoridades aeroportuarias a modificar el objetivo de la obra de forma radical.
Los voceros oficiales confirmaron que el terreno ya no funcionará como una zona de corta estancia para plataformas, sino que se convertirá simplemente en un estacionamiento público tradicional para evitar más conflictos con los sindicatos locales.
¿En busca de una solución de raíz?La cancelación del espacio en el AICM demostró que la gestión aeroportuaria no puede resolver el problema por cuenta propia sin un respaldo legislativo.
El choque de intereses entre los taxistas tradicionales y las nuevas alternativas tecnológicas requiere una solución de raíz que solo la Ley de Aeropuertos puede garantizar.
El proyecto del Partido Verde busca precisamente que el ordenamiento de pasajeros sea una obligación y no un favor negociable.
Los usuarios de las aplicaciones tecnológicas de transporte exigen el derecho a elegir cómo transportarse de manera segura, cómoda y sin el temor de vivir un altercado vial en plena vía pública.
La reforma al artículo 65 abre la puerta para que el abordaje de un vehículo digital deje de ser un acto clandestino en México.
El congreso tiene ahora la responsabilidad de decidir si moderniza el marco legal de los aeropuertos o si mantiene el monopolio que castiga el bolsillo de los viajeros.
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