Estados Unidos impone sanciones financieras a la Corte Penal Internacional para limitar sus operaciones y desata una crisis con sus aliados, mientras la institución denuncia un ataque al estado de derecho

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) que amplían la confrontación de Donald Trump con el tribunal encargado de investigar y juzgar algunos de los crímenes más graves del mundo. Las medidas buscan restringir las relaciones comerciales y financieras de la institución con entidades estadounidenses, lo que podría afectar servicios esenciales para su funcionamiento.

De acuerdo con información de BBC News Mundo, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión con el argumento de proteger la soberanía estadounidense y evitar que el tribunal procese a ciudadanos de ese país. El anuncio se produjo el mismo día en que Navi Pillay, exjueza de la CPI, recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor relacionada con la justicia internacional y el derecho internacional. La coincidencia temporal dio mayor relevancia al enfrentamiento, aunque ambos acontecimientos son independientes.

La CPI rechazó las sanciones y las calificó como un ataque al estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional. La institución también aseguró que no se dejará intimidar y que continuará cumpliendo su mandato.

Qué sanciones impuso Estados Unidos a la CPI

La nueva medida representa una escalada porque ya no se limita a funcionarios individuales: las sanciones están dirigidas contra la propia institución. Washington había impuesto previamente restricciones a jueces y otros integrantes del tribunal, pero ahora busca limitar su capacidad para mantener relaciones con proveedores y empresas estadounidenses.

Las medidas pueden impedir que compañías de Estados Unidos proporcionen determinados bienes y servicios a la CPI, incluidos servicios bancarios, financieros y tecnológicos. La relevancia de estas restricciones radica en que una institución internacional necesita infraestructura y proveedores para administrar sus recursos, mantener sus sistemas y organizar sus procedimientos judiciales.

Sin embargo, las sanciones no entrarán en vigor de manera inmediata en todos sus aspectos. Washington estableció un periodo de gracia de seis meses para algunas restricciones, con el objetivo declarado de permitir que los países miembros negocien una solución a las preocupaciones estadounidenses.

Durante ese periodo, los Estados miembros podrán continuar realizando determinados pagos relacionados con las operaciones del tribunal, de acuerdo con las condiciones anunciadas. El alcance de las excepciones será importante para establecer qué servicios podrán mantenerse y cuáles podrían verse afectados.

La decisión también presiona a los países que colaboran con la CPI para que reconsideren sus relaciones con la institución. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció el marco jurídico del tribunal, pero sostiene que la CPI no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento.

Por qué Donald Trump está enfrentado con la Corte Penal Internacional

La disputa entre Washington y la CPI se relaciona con las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes internacionales y con su capacidad para emitir órdenes de arresto contra personas acusadas de cometerlos.

El gobierno de Trump ha cuestionado la autoridad de la institución para investigar a ciudadanos estadounidenses. Entre los antecedentes está una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI cerró posteriormente respecto de ese país.

Otro punto de fricción son las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. La CPI ha sido objeto de críticas por parte de Washington y del gobierno israelí debido a sus actuaciones relacionadas con el conflicto.

Rubio sostuvo que el gobierno estadounidense no permitirá que el tribunal procese a ciudadanos de su país y advirtió que Washington intensificará sus esfuerzos contra la institución si no cambia su postura.

No obstante, las nuevas sanciones no establecen que la CPI deba retirar las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes para que se levanten las restricciones. La medida se centra en limitar las operaciones del tribunal y aumentar la presión sobre sus integrantes y los países que lo respaldan.

La CPI denuncia un ataque al estado de derecho

La respuesta de la Corte Penal Internacional fue contundente. El tribunal afirmó que las sanciones buscan obstaculizar su trabajo e intimidar a quienes colaboran con él, pero aseguró que continuará investigando y procesando los delitos que están dentro de su competencia.

La institución tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y cuenta con 125 Estados miembros, según la información difundida en el reporte. Su mandato incluye investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión, conforme a las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, también expresó su preocupación y consideró que la decisión representa un golpe a los esfuerzos internacionales para garantizar la justicia penal.

Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos manifestaron su respaldo a la CPI y expresaron su desacuerdo con las sanciones. Los países defendieron la labor del personal del tribunal para llevar ante la justicia a personas acusadas de los crímenes internacionales más graves y apoyar a las víctimas.

La posición de estos gobiernos refleja el alcance diplomático de la disputa. Las restricciones no solo afectan la relación entre Washington y la CPI, sino que también generan tensiones con países que consideran importante preservar la independencia del sistema de justicia internacional.

¿Las sanciones podrían afectar los juicios de la CPI?

Uno de los principales riesgos señalados por especialistas es que las restricciones financieras dificulten la capacidad del tribunal para organizar juicios, mantener sus instalaciones y garantizar los derechos de las personas involucradas en los procesos.

El profesor Ryan Goodman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y exasesor especial del Departamento de Defensa estadounidense, advirtió que las sanciones podrían terminar afectando la posibilidad de que la CPI lleve determinados casos a juicio.

Entre las personas que esperan el avance de sus procedimientos en La Haya está Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, acusado de crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra contra las drogas. Duterte niega los cargos y su situación procesal depende de las decisiones del tribunal.

También hay procesos vinculados con personas acusadas de crímenes internacionales en países como Libia, Sudán y la República Centroafricana. La continuidad de esos procedimientos depende, entre otros factores, de que la CPI pueda mantener sus operaciones y garantizar las condiciones necesarias para realizar audiencias y resolver apelaciones.

Goodman señaló que, si las sanciones impidieran celebrar juicios o apelaciones con las garantías legales necesarias, podría surgir la obligación de liberar a algunas personas detenidas. No se trata de una consecuencia automática de las medidas, sino de un escenario condicionado por sus efectos concretos sobre el funcionamiento del tribunal y las obligaciones jurídicas aplicables.

El anuncio contempla excepciones para ciertos servicios vinculados con las instalaciones de detención de Duterte y otras personas. Sin embargo, estas autorizaciones no eliminan todas las dudas sobre el impacto que las restricciones podrían tener en el conjunto de las operaciones judiciales.

Qué puede ocurrir ahora con la Corte Penal Internacional

El periodo de gracia de seis meses abre una ventana para las negociaciones entre Estados Unidos y los países miembros de la CPI. Washington sostiene que busca una solución a sus objeciones, mientras que el tribunal insiste en que debe poder trabajar de manera independiente y sin presiones políticas.

El resultado dependerá tanto del alcance efectivo de las sanciones como de la disposición de los gobiernos para mantener el apoyo financiero, técnico y diplomático a la institución. Países Bajos, que alberga la sede del tribunal, enfrenta una presión particular por su relación con Estados Unidos y su compromiso con la CPI.

La transferencia de recursos y la contratación de servicios podrían convertirse en puntos críticos si las empresas temen quedar expuestas a sanciones por trabajar con el tribunal. Por eso, además de las consecuencias financieras directas, la medida podría generar incertidumbre entre proveedores y organizaciones que colaboran con la justicia internacional.

La crisis también reabre el debate sobre los límites de la jurisdicción internacional y la relación entre la soberanía nacional y la rendición de cuentas por delitos graves. Las sanciones no determinan por sí solas el futuro de la CPI, pero sí elevan la presión sobre una institución cuyo funcionamiento depende de la cooperación de sus Estados miembros.

Por ahora, la Corte Penal Internacional sostiene que continuará con su labor. El efecto real de las restricciones se conocerá conforme avance el periodo de gracia y se precise qué servicios, pagos y procedimientos podrán mantenerse sin contravenir las medidas estadounidenses.