Afectados por el Ingreso Mínimo Vital insisten en que se condone la devolución de ayudas cobradas por error: “Es una trampa burocrática” Infobae
El Colectivo IMV Afectados y Afectadas pide la reforma de la ley del ingreso mínimo vital (IMV) para que las familias vulnerables no tengan que devolver el dinero recibido por un error administrativo. Reclaman que la Seguridad Social pueda perdonar parte o toda la deuda si el problema fue causado por la propia administración.
Los afectados recuerdan en un comunicado que el Defensor del Pueblo, institución dirigida por Ángel Gabilondo, ya advirtió que estas reclamaciones económicas, derivadas en numerosos casos de errores administrativos, “afectan especialmente a quienes más lo necesitan y están empujando a familias ya empobrecidas hacia situaciones límite”.
“Muchas de las personas beneficiarias del IMV que están siendo sometidas a reclamaciones económicas derivadas, en numerosos casos, de errores administrativos, revisiones tardías y procedimientos profundamente injustos, se enfrentan a embargos, endeudamiento, miedo constante, bloqueo vital e incluso al riesgo de perder la vivienda", denuncia la organización. Lo más grave, añaden, es que el Defensor del Pueblo ha advertido formalmente del daño que está causando el actual sistema y ha recomendado modificar la normativa para limitar estos perjuicios “y, sin embargo, el Gobierno ha decidido rechazar sus recomendaciones”.
“El mismo Gobierno que se presenta como garante de la justicia social ha optado por ignorar las advertencias de la institución encargada precisamente de defender a la ciudadanía más vulnerable”, indican. Por ello reclaman al Ejecutivo que acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y modifique la ley, “de modo que se elimine la retroactividad y se garantice seguridad jurídica a las familias”.
El colectivo asegura que para miles de familias esta prestación “se ha convertido en una trampa burocrática de la que no pueden escapar”, por eso consideran que se trata de “un problema de Estado en materia de protección social”.
Asimismo piden al resto de partidos políticos que “dejen de utilizar el sufrimiento de los afectados como arma partidista” y que emprendan reformas legislativas. “Si no vemos pasos normativos reales y propuestas registradas en el Congreso de los Diputados, entenderemos que existe una falta de voluntad política real para proteger a las familias afectadas”, defienden.
Prevenir la pobreza y exclusión social
El Gobierno puso en marcha el IMV en junio de 2020 como respuesta social a la pandemia, con el objetivo de prevenir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces -hasta abril de 2026- ha llegado a un total de 846.454 hogares y, de ellos, en 581.054 conviven menores, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La ayuda tiene una cuantía media de 540 euros mensuales por hogar y en el mes de abril el pago total alcanzó los 497,2 millones de euros.
Respecto al año anterior, hay 126.911 prestaciones activas más, lo que representa un aumento del 17,7% en el número de hogares protegidos. El número de beneficiarios también creció un 17,7% y sumó 388.428 personas adicionales en comparación con abril de 2025. La mayoría de los titulares y beneficiarios del IMV son mujeres.
