La marcha morenista de Chihuahua, ¿apoyo incondicional a favor del narco? MPV

La marcha convocada por Morena en Chihuahua el día de ayer bajo el argumento de “defender la soberanía nacional” revela una de las contradicciones más profundas y delicadas que enfrenta hoy la llamada Cuarta Transformación.

Mientras el oficialismo intenta construir un discurso de resistencia frente a la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, millones de ciudadanos observan algo distinto: un gobierno cada vez más debilitado moralmente ante el avance del crimen organizado, que además, protege a quienes judicialmente se señalan como cómplices gubernamentales de las organizaciones ilegales.

Y es ahí donde comienza el verdadero problema.

Porque la discusión ya no gira únicamente alrededor de la relación bilateral con Estados Unidos o de los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad. La pregunta de fondo para diversos sectores sociales mexicanos es mucho más grave: ¿con qué autoridad política y ética puede Morena hablar de soberanía cuando el país atraviesa una crisis histórica de violencia, expansión criminal y pérdida de control territorial?

Durante años, desde sus inicios, la 4T insistió en la estrategia de “abrazos, no balazos” como una alternativa humanista frente a la guerra contra el narcotráfico. Queda para la historia del sexenio pasado de López Obrador esa consigna como emblema de su gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella narrativa terminó siendo percibida por amplios sectores sociales como un símbolo de debilidad institucional.

Las imágenes de López Obrador visitando Badiraguato en repetidas ocasiones, o saludando de manera afectuosa a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marcaron profundamente la percepción pública.

Tal vez para el oficialismo fueron gestos humanos o actos políticos sin mayor trascendencia; no obstante, para millones de mexicanos representaron algo mucho más inquietante: la sensación de un poder que comenzaba a normalizar su convivencia simbólica con figuras vinculadas al narcotráfico.

La verdad es que los símbolos importan. Y en política, donde la forma se convierte en fondo, importan aún más.

Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa percepción no solo persiste, sino que parece agravarse y, además, se fortalece cuando el partido gobernante Morena organiza movilizaciones para denunciar supuestas amenazas a la soberanía en gobierno que da resultados efectivos contra la delincuencia organizada, mientras el país continúa atrapado entre masacres, desapariciones, cobro de piso, extorsión y regiones enteras donde la autoridad criminal parece imponerse sobre la autoridad del Estado.

El caso del exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya ha terminado de alimentar una crisis de credibilidad que Morena ya no puede contener únicamente con propaganda política o discursos nacionalistas. Ya que cada nuevo señalamiento, cada sospecha de protección política y cada intento de desviar el debate hacia enemigos externos profundiza la percepción de que el gobierno ha perdido la claridad moral que prometió representar cuando llegó al poder.

Es necesario y preciso recordar que la Cuarta Transformación nació prometiendo una regeneración ética de la vida pública, que implicaba combatir la corrupción, terminar con los pactos de impunidad y construir un nuevo modelo de gobierno cercano al pueblo.

Pero hoy enfrenta una realidad devastadora: cada vez más ciudadanos comienzan a percibir que el proyecto perdió autoridad moral frente al crecimiento del crimen organizado.

La soberanía no se defiende organizando marchas partidistas mientras amplias regiones del país viven sometidas por el miedo.

La soberanía se defiende garantizando seguridad, justicia y control efectivo del territorio nacional.

Se defiende fortaleciendo policías, fiscalías e instituciones.

Se defiende impidiendo que el crimen organizado infiltre la política, financie campañas o condicione gobiernos.

Porque un Estado debilitado frente a los criminales deja de ser plenamente soberano, aunque sus dirigentes repitan discursos patrióticos todos los días.

Seamos conscientes que México atraviesa un momento extremadamente peligroso porque la violencia se ha normalizado y la extorsión destruye economías locales. Es una realidad y consecuencia de la permisividad del gobierno federal que el narcotráfico expande su poder territorial y financiero.

Es por ello que el país necesita una reacción urgente de la ciudadanía, de las instituciones democráticas y también de una oposición que durante demasiado tiempo ha permanecido fragmentada y sin capacidad de respuesta. Porque lo que está en juego ya no es solamente una disputa electoral o partidista.

Lo que está en riesgo es la capacidad misma del Estado para garantizar orden, legalidad y paz social.

Cuando un gobierno pierde credibilidad frente al crimen, la nación entera comienza a perder estabilidad.

Y cuando la política deja de combatir con firmeza a quienes destruyen la tranquilidad de millones de familias mexicanas, el silencio termina convirtiéndose en complicidad histórica.