El falso intento de fuga que encubrió una matanza planificada: el fin de la impunidad de los responsables de Margarita Belén Infobae

El reloj de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia marcaba poco más de las dos de la tarde del lunes 16 de mayo de 2011 cuando la Justicia argentina puso fin a casi 35 años de impunidad. A esa hora, los jueces Gladis Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González se acomodaron en sus asientos para dar a conocer las sentencias del juicio por crímenes de lesa humanidad más relevante realizado en la provincia del Chaco. Los hechos que se juzgaban databan de la madrugada del 13 de diciembre de 1976, cuando un grupo de presos políticos que estaban detenidos en la alcaidía policial de Resistencia fueron fusilados por personal que pertenecía a la VII Brigada del Ejército, a cargo del general Cristino Nicolaides, y de la policía provincial en un paraje desolado cerca de la Ruta Nacional 11.

Frente a los tres magistrados, los ocho acusados escucharon uno tras otro los fundamentos del fallo, que no dejaba dudas sobre los crímenes que habían cometido. Los jueces dieron por probado que se trató de ejecuciones ilegales y no de un intento de fuga, como se las trató de encubrir, y que fueron resultado de un plan premeditado para matarlos. El tribunal dictaminó también que allí fueron asesinadas otras dos personas que los militares mantenían detenidas para así escenificar ese supuesto intento de rescate.

Las condenas fueron las máximas que fija la ley: penas de prisión perpetua para los militares Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, al considerarlos culpables del asesinato de once personas y la desaparición forzada de otros cuatro prisioneros, víctimas de lo que en la historia de la represión ilegal en la Argentina se llamó la “Masacre de Margarita Belén”.

Las mentiras y los hechos

Durante el proceso judicial, las mentiras creadas por el Ejército fueron cayendo una detrás de la otra. El texto elaborado en la jefatura de la VII Brigada de Infantería y entregado a los medios de comunicación la tarde del 13 de diciembre de 1976 estaba escrito en el pomposo tono habitual de los comunicados castrenses y era copia casi idéntica de muchos otros de la época, en los que solo se cambiaban las fechas, los lugares, los nombres y el número de muertos, a los que siempre se llamaba “delincuentes subversivos”.

De acuerdo con ese parte oficial, reproducido sin el atrevimiento de cambiar una coma por los diarios, esa madrugada, mientras un grupo de 13 presos que estaban detenidos era trasladado en dos camiones militares y custodiado por un patrullero de la policía de la provincia de Chaco, el convoy fue emboscado con la intención de rescatar a los detenidos. “Siendo aproximadamente las 4.45 horas del día 13 de diciembre una columna que transportaba detenidos subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la Ruta Nacional N°11, próximo a la localidad chaqueña de Margarita Belén. Tres delincuentes subversivos fueron abatidos en el enfrentamiento producido, logrando escapar los restantes; aprovechando la confusión y la oscuridad”, decía el papel con membrete del Ejército.

En busca de lograr mayor credibilidad, el comunicado castrense también precisaba algunos supuestos detalles y terminaba con un pedido a la población, típico de esos tiempos: “Dos integrantes de la custodia resultaron heridos. Fuerzas combinadas de Ejército, Gendarmería Nacional y Policía Provincial operan intensamente en la zona para lograr la detención de los prófugos. Colabore con las fuerzas del orden proporcionándole cualquier información que facilite la localización de los delincuentes subversivos”.

La historia del “traslado” de prisioneros y el “enfrentamiento” con supuestos subversivos se repetía una vez más y, como siempre, una lectura atenta podía poner al descubierto las fallas en su construcción. En este caso, se trataba del traslado de detenidos de la Unidad Penitenciaria 7 y del Regimiento de Infantería 1, con sede en Resistencia, hacia la cárcel de Formosa y los tiempos no cerraban.

Los dos camiones con los detenidos y el móvil policial que oficiaba de custodia habían salido de la capital chaqueña alrededor de las 23.30 del domingo 12 de diciembre y habían tardado más de cuatro horas —hasta las 4.45 de la madrugada del lunes 13— en recorrer los apenas 21 kilómetros que separaban la ciudad del lugar donde supuestamente se produjo la emboscada. Una demora inexplicable y, por supuesto, carente de toda lógica.

Otro dato sospechoso era que se mencionaba a dos policías heridos, pero no se daban sus nombres ni se detallaba el grado de gravedad de las heridas y el hospital donde supuestamente los habían llevado. Eso iba a contramano de lo que ocurría cuando realmente había heridos de “las fuerzas legales” en un enfrentamiento: en esas ocasiones se los nombraba y se exaltaba su “valiente comportamiento” en la lucha contra “el enemigo apátrida”. Lo más probable era que esos dos heridos no existieran más que en la ficción del comunicado castrense, para darle más credibilidad a la versión del intento de fuga. Luego se sabría que los prisioneros que supuestamente habían logrado escapar estaban en realidad muertos o desaparecidos y que sumaban 22, todos militantes de la Juventud Peronista o de Montoneros, y que los habían enterrado clandestinamente en tumbas preparadas con anterioridad al “traslado”.

Las víctimas eran trabajadores, estudiantes, docentes y periodistas, la mayoría de ellos muy jóvenes: Fernando Piérola, Carlos Zamudio, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Patricio Blas Tierno, Luis Alberto Diaz, Néstor Sala, Luis Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Roberto Yedro, Reinaldo Amalio Zapata Soñé, Julio Andrés Pereyra, Emma Beatriz Cabral, Alcides Bosch, Dora Noriega, Delicia González, Carlos Enrique Tereszecuk, Eduardo Fernández, Ramón Luciano Díaz, Ramón Vargas y Raúl María Caire. La “emboscada” y el “enfrentamiento” habían sido en realidad una masacre de detenidos y de desaparecidos.

Una masacre planificada

La matanza de los detenidos había sido planificada por orden expresa del jefe del Área Militar 233, general Cristino Nicolaides, y tuvo el comando operativo del jefe del Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, teniente coronel Armando Hornos. La operación recibió el nombre en clave de “Encubrimiento Rojo” y, para ejecutarla, en los días previos, las víctimas elegidas fueron trasladadas de los lugares donde estaban detenidas —la Unidad Penitenciaria 7 y el Regimiento de Infantería 1 de Resistencia— a la Alcaidía policial de la capital chaqueña, donde fueron brutalmente torturadas. Para la tarde del domingo 12 de diciembre, ya todos los condenados a muerte estaban allí.

En la Alcaidía estaba detenido también el exdiputado radical Víctor Marchesini, que después declaró que a las víctimas las hicieron caminar entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlas sin sentido. También contó que a un hombre —a quien no pudo identificar— lo tuvieron crucificado durante casi dos días.

El domingo 12 ocurrieron también dos hechos clave que luego servirían para probar que se trató de una masacre. Ese día, por orden militar, se cavaron fosas en el cementerio Francisco Solano, de Resistencia, cuando los presos que iban a ejecutar todavía estaban vivos en la Alcaidía. Horas más tarde, un helicóptero de la Casa de Gobierno chaqueña sobrevoló la Ruta 11. A bordo iban el interventor militar de la provincia, Facundo Serrano, y otros dos militares que fueron identificados como Oscar José Zucconi y Alcides Larrategui, con la misión de elegir el lugar apropiado para montar la escena de la emboscada.

Una vez preparada la escenografía, a última hora del domingo, los presos golpeados y torturados —algunos de ellos casi inconscientes— fueron subidos a una camioneta Mercedes Benz y a un camión Unimog, que enfiló hacia la Ruta 11, seguidos por un patrullero de la policía provincial. Los militares que llevaban a los detenidos vestían uniformes de fajina e iban fuertemente armados, con fusiles FAL, pistolas calibre .45 y escopetas. Al llegar al lugar que ya tenían elegido, bajaron a los detenidos de los vehículos y los fusilaron. En ese momento, algunos ya estaban moribundos a causa de las torturas sufridas ese mismo día y después se sabría que muchos no murieron por las balas, sino que ya los habían matado a golpes.

Luego de los asesinatos distribuyeron los cadáveres en un Peugeot 504 —uno de los vehículos supuestamente utilizados por el grupo “subversivo” para emboscar al convoy militar—, dentro del camión Unimog y por diferentes lugares del monte para armar la escena del enfrentamiento. Para darle mayor credibilidad, balearon a los dos vehículos. Montada y registrada la escena, los cadáveres fueron llevados al cementerio Francisco Solano, donde ya estaban preparadas las tumbas para enterrarlos.

Un parapolicial confiesa

La primera vez que se mencionó ante un tribunal la Masacre de Margarita Belén fue durante el Juicio a las Juntas Militares, en 1985, y fue la confesión de un hombre muerto. En la audiencia de 5 de agosto de ese año, el abogado y miembro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) Edwin Eric “Peco” Tissembaum presentó ante los jueces los detalles de un relato que le hizo el parapolicial Eduardo Pío Ruiz Villaluso, cuando agonizaba en terapia intensiva luego de ser herido a cuchilladas por un oficial de la policía del Chaco. Tissembaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva, en presencia de un médico y de un escribano que certificaron la lucidez del hombre al contar los hechos.

El parapolicial contó que cuando los vehículos llegaron al lugar donde se montó la escena casi todos los “trasladados” estaban muertos. Los habían matado a golpes en la Alcaidía la misma tarde del domingo 12. También señaló a varios de los responsables de la masacre: los capitanes Bianchi y Rampulla, los tenientes primeros Pateta y Chancaca Martínez Segón, el subteniente Simoni y los auxiliares de Inteligencia Valussi y Edgardo Eugenio Vicente, todos del Destacamento de Inteligencia 124, que estaba a cargo del coronel Hornos. También acusó al comisario general Carlos Alcides Thomas y a los sargentos Gabino Manader y Cardozo, de la policía chaqueña, y al exinterventor militar del Chaco, general Facundo Serrano.

El fin de la impunidad

La Masacre de Margarita Belén fue incluida como el Caso 678 en el juicio contra las juntas militares. Los jueces encontraron responsable de homicidio agravado por alevosía al dictador Jorge Rafael Videla —en su calidad de jefe del Ejército cuando ocurrieron los hechos— y sentenciaron que la versión difundida por el comunicado de la VII Brigada de Infantería, la de la “emboscada”, carecía de verosimilitud y que los detenidos “fueron muertos por las fuerzas encargadas de su traslado y no por elementos subversivos como oficialmente se anunciara”. Además, las Cámaras Federales de Rosario y Paraná habían citado a declarar por la misma causa a Cristino Nicolaides, a Leopoldo Fortunato Galtieri y al jefe de la policía santafesina, Wenceslao Ceniquel, todos ellos encontrados culpables.

El 16 de mayo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia dictó sentencia contra los últimos procesados por la masacre, sus autores materiales. En su fallo —como ya se dijo— los jueces condenaron a prisión perpetua por once homicidios agravados por alevosía y por el número de participantes en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada y por cuatro privaciones ilegítimas de la libertad a Athos Renés, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Horacio Losito y Luis Alberto Patetta. En cambio, absolvieron a Luis Alfredo Chas, un policía que estaba asignado a la custodia de los vehículos militares, porque iba unos 800 metros delante de los camiones y no se encontraron elementos para probar que había participado de la masacre.

Chas disfrutó de otra década de impunidad hasta que a principios de 2021 la Sala II de Casación, conformada por los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, lo consideró partícipe secundario y lo sentenció a 15 años de prisión. Si se hace el cálculo, cuando el último responsable de la Masacre de Margarita Belén fue condenado, se contaban poco más de 45 años de los asesinatos y casi 37 desde que, a principios de 1984, algunos familiares de las víctimas presentaron sus primeras denuncias judiciales patrocinados por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales Emilio Mignone y Augusto Conte.

Desde 1997, en el lugar donde se perpetró la masacre se levanta un monumento en memoria de las víctimas. Está compuesto por 22 figuras de 2,5 metros de altura instaladas sobre una base de cemento en forma de arco y unidas por cadenas que entrelazan sus manos engrilladas. La lista de los nombres grabados en el cartel está encabezada por una leyenda que dice: “Homenaje a los compañeros peronistas montoneros fusilados el 13 de diciembre de 1976 por fuerzas conjuntas del Ejército, la policía del Chaco y la colaboración de civiles, durante la dictadura militar. Memoria y gratitud a su sacrificio por la libertad de la Patria. Brille para ellos la luz que no tiene ocaso. Todos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.