Poder judicial, infierno laboral Sol Yucatán
- El malestar crece en el Poder Judicial del Estado. Ya no se trata solo de jornadas que se prolongan hasta altas horas de la noche sin pago de horas extras. Ahora, la inconformidad alcanzó un punto más sensible: el bolsillo de los trabajadores.
- Inconformidad tras recortes en bonos, sobrecarga laboral y un ambiente que trabajadores describen como “colapsado”.
- Madres trabajadoras recibieron menos dinero en su bono del 10 de mayo, mientras juzgados penales operan bajo presión, desgaste físico y falta de personal.
Redacción/Sol Yucatán
El malestar crece en los pasillos del Poder Judicial del Estado. Ya no se trata únicamente de cargas excesivas de trabajo, expedientes acumulados o jornadas que se prolongan hasta altas horas de la noche sin pago de horas extras. Ahora, la inconformidad alcanzó un punto más sensible: el bolsillo de los trabajadores.
La llegada de los nuevos magistrados que accedieron al cargo mediante voto popular y que hoy encabeza la magistrada presidenta Erika Torres López, lejos de representar una mejora para la base trabajadora, ha terminado convirtiéndose, según denuncian empleados, en una administración marcada por el desgaste laboral, el abandono institucional y decisiones que golpean directamente las prestaciones de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de juzgados y tribunales.
GOLPE A LAS MADRES TRABAJADORAS
La gota que derramó el vaso ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando las trabajadoras del Poder Judicial recibieron el tradicional bono por el Día de las Madres con un descuento que jamás se había aplicado desde la creación de ese estímulo económico.
De acuerdo con el Sistema de Estímulos y Recompensas para 2026 aprobado por el Tribunal Superior de Justicia, el bono debía ascender a 965.50 pesos. Sin embargo, las madres trabajadoras recibieron únicamente entre 738 y 750 pesos, luego de que se les descontara el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La medida provocó enojo inmediato entre las empleadas, quienes señalaron que ni siquiera durante las administraciones panistas anteriores se había llegado a ese nivel de afectación económica.
“Ni con la gente del PAN, que ni siquiera nos tomaba en cuenta, sucedía esto. Estos que se dicen del pueblo salieron peores”, expresó una trabajadora inconforme.
El golpe no quedó ahí.
Dentro de la propia base laboral comenzó a circular la versión de que el bono correspondiente al Día del Padre, que será entregado en junio, también sufrirá descuentos fiscales, así como el bono onomástico, el cual, según trabajadores, comenzó este año a ser gravado.
La molestia escaló rápidamente porque, mientras las prestaciones disminuyen, las condiciones laborales empeoran de manera alarmante.
En áreas como el Centro de Justicia Oral de Mérida, particularmente en materia penal, empleados denuncian jornadas laborales extenuantes, cargas excesivas de expedientes y una alarmante falta de personal que obliga a trabajadores administrativos, actuarios y proyectistas a permanecer más tiempo en oficinas sin recibir compensación económica adicional.
El estrés se ha convertido en parte cotidiana del ambiente laboral.
Hay trabajadores que aseguran padecer crisis nerviosas, problemas de ansiedad, agotamiento físico y enfermedades derivadas de la presión constante bajo la que operan los juzgados.
La situación resulta todavía más delicada porque, pese al incremento en la carga laboral, no existe una política de fortalecimiento de personal ni mejoras salariales significativas.
Por el contrario, el aumento salarial aprobado para este año fue apenas del 3 por ciento, porcentaje que la base trabajadora calificó como “raquítico” frente al incremento del costo de vida, la inflación y las responsabilidades que enfrentan diariamente.
Un aumento que, además, también benefició a la magistrada presidenta Erika Torres López y a la alta burocracia judicial.
Trabajadores cuestionan cómo una funcionaria con percepciones mensuales cercanas a los 150 mil pesos puede justificar decisiones que reducen prestaciones de empleados que apenas logran sostener a sus familias.
Porque mientras la cúpula judicial mantiene salarios privilegiados, secretarios, archivistas y notificadores enfrentan largas jornadas sin estímulos reales.
La narrativa institucional habla de modernización, cercanía con la gente y transformación interna, pero puertas adentro el panorama es completamente distinto.
Los empleados aseguran que nunca habían visto tanto desgaste acumulado en las áreas operativas.
Los juzgados penales son, según describen, auténticas “zonas de colapso”.
La falta de personal obliga a cubrir funciones múltiples, asumir responsabilidades adicionales y trabajar bajo presión permanente.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido el silencio.
La magistrada Erika Torres López no ha emitido una postura clara respecto a las inconformidades que crecieron tras el descuento aplicado al bono del Día de las Madres.
Mucho menos existe una estrategia visible para atender el desgaste físico y emocional que enfrentan cientos de trabajadores judiciales.
SINDICATOS REBASADOS Y CRECIENTE INDIGNACIÓN
El descontento también alcanzó a los sindicatos.
Los tres organismos sindicales que conviven dentro del Poder Judicial recibieron reclamos inmediatos de sus agremiados luego de la reducción en el bono.
Uno de ellos incluso planteó la posibilidad de acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), aunque todavía existe incertidumbre sobre si dicha instancia tiene competencia para intervenir en el caso.
El Sindicato Progresista, encabezado por Luisa Inés Martín Puc, informó que ya analiza rutas legales y administrativas para intentar revertir la situación y lograr que el bono sea pagado íntegramente.
Sin embargo, dentro de la base trabajadora prevalece el escepticismo.
Muchos consideran que las decisiones ya fueron tomadas desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y que difícilmente habrá marcha atrás.
Lo que más indigna a los trabajadores no es únicamente el monto descontado, sino el mensaje político que perciben detrás de la medida.
Porque mientras a ellos se les reducen bonos y estímulos, la estructura de altos mandos mantiene privilegios, salarios elevados y beneficios que contrastan brutalmente con la realidad de quienes verdaderamente sostienen la operación diaria del sistema judicial.
La inconformidad también crece porque el Poder Judicial enfrenta rezagos históricos que continúan sin resolverse.
Expedientes acumulados, audiencias diferidas, saturación de salas y personal insuficiente son parte de una problemática que no comenzó con esta administración, pero que, según empleados, se ha agravado.
Y mientras la carga laboral aumenta, las recompensas desaparecen.
Madres trabajadoras que esperaban utilizar ese bono para cubrir gastos familiares terminaron recibiendo menos dinero.
Padres de familia ahora temen que ocurra exactamente lo mismo en junio.
Otros trabajadores denuncian que el bono onomástico prácticamente perdió sentido al comenzar a ser gravado.
La percepción generalizada es que la actual administración judicial encontró en las prestaciones laborales una forma de ajustar recursos a costa de la base trabajadora.
Todo esto ocurre mientras el discurso oficial insiste en hablar de cercanía social y sensibilidad institucional.
Pero en los hechos, trabajadores describen un ambiente cada vez más hostil, agotador y económicamente asfixiante.
Dentro de los juzgados, la sensación es clara:
Cada vez se exige más y se recompensa menos.
La paradoja resulta brutal.
Quienes imparten justicia desde los escritorios más altos mantienen privilegios y salarios de élite, mientras quienes hacen funcionar el sistema día y noche enfrentan estrés, enfermedades, desgaste emocional y prestaciones reducidas.
Porque detrás de cada audiencia retrasada, cada expediente acumulado y cada jornada interminable, hay trabajadores agotados que sienten que el Poder Judicial les está dando la espalda.
Y mientras la magistrada Erika Torres López guarda silencio, la molestia sigue creciendo entre una base trabajadora que hoy no pide privilegios, sino condiciones dignas, respeto a sus prestaciones y el reconocimiento real a quienes sostienen uno de los poderes más importantes del Estado.
El Sindicato Progresista, encabezado por Luisa Inés Martín Puc, informó que ya analiza rutas legales y administrativas para intentar revertir la situación y lograr que el bono sea pagado íntegramente.
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