El Código Nacional y la reforma judicial SDP Noticias
México necesitaba modernizar su sistema judicial civil y mercantil. Eso era evidente desde hace años.
Expedientes físicos, juicios interminables, ejecución deficiente, criterios contradictorios, tribunales saturados y una economía que opera a velocidades completamente distintas a las de sus juzgados. El problema existía y era real.
Por eso, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representaba una oportunidad histórica:
- Oralidad.
- Digitalización.
- Trazabilidad procesal.
- Homologación nacional.
- Modernización probatoria.
- Expediente electrónico.
- Uso intensivo de tecnología.
En teoría, era una de las reformas procesales más importantes en décadas.
Pero México intentó implementarlo mientras simultáneamente desestructuraba institucionalmente al Poder Judicial bajo una lógica predominantemente política e ideológica. Y ahí comenzó la contradicción.
Ahora hasta el INE pide aplazar. La situación llegó a un punto particularmente delicado cuando el propio Instituto Nacional Electoral pidió al Congreso aplazar la elección judicial hasta 2028 para evitar un “colapso” operativo.
Los datos son contundentes:
- Más de 353 mil casillas requeridas.
- Aproximadamente 3.1 millones de funcionarios..
- Cerca de 980 millones de boletas
- Costos cercanos a 21 mil millones de pesos si coinciden procesos electorales y judiciales.
Eso implica algo políticamente muy fuerte: Incluso dentro del propio aparato institucional ya se reconoce que el diseño fue precipitado y técnicamente insuficiente.
Una reforma para la que no estaban preparados. El nuevo modelo procesal exige algo muy específico:
Jueces técnicamente sólidos, operadores capacitados, infraestructura tecnológica moderna y alta capacidad institucional.
Pero ocurrió lo contrario.
En lugar de fortalecer técnicamente al sistema antes de implementar el nuevo modelo:
- Se abrió una reforma política judicial.
- Se cuestionó la meritocracia.
- Se debilitó la percepción de independencia.
- Se generó incertidumbre institucional.
- Se politizó el debate judicial.
Resultado:
- Un sistema a la defensiva, lento e improvisado.
- La digitalización real nunca fue el centro.
Uno de los mayores problemas de la reforma judicial es que se habló mucho de elección de jueces y muy poco de modernización operativa real.
México sigue teniendo:
- Exhortos físicos innecesarios.
- Oficios en papel.
- Expedientes físicos.
- Turnos actuariales lentos.
- Notificaciones presenciales absurdas.
- Trámites manuales de edictos.
- Certificaciones repetitivas.
- Traslados físicos innecesarios.
En pleno 2026, buena parte del sistema sigue funcionando bajo lógica administrativa de hace cuarenta años.
La pregunta incómoda
¿Por qué no se moderniza realmente el sistema judicial?
Porque hacerlo implicaría tocar estructuras que nadie quiere enfrentar:
- Burocracia interna.
- Sindicatos.
- Plazas administrativas obsoletas.
- Estructuras de control político.
- Sistemas tecnológicos mal diseñados o incompletos.
La verdadera transformación judicial requería eliminar procesos inútiles, no solo cambiar discursos políticos.
El problema estructural: burocracia sin métricas
El sistema judicial mexicano sigue operando sin:
- Métricas reales de productividad.
- Indicadores públicos de desempeño.
- Evaluación efectiva de tiempos procesales.
- Sanciones reales por dilación.
- Consecuencias por retrasar ejecución de sentencias o laudos.
La dilación sigue siendo gratis. Hoy prácticamente no existe responsabilidad institucional por:
- Paralizar expedientes.
- Diferir acuerdos innecesariamente.
- Retrasar ejecución de sentencias.
- Incumplir tiempos razonables.
- Generar cargas procesales excesivas.
Y eso tiene un enorme costo económico.
El verdadero fracaso: la ejecución. La gran debilidad histórica del sistema mexicano no es emitir sentencias.
Es ejecutarlas.
Y ahí el problema afecta directamente:
- Crédito.
- Inversión.
- Garantías.
- Recuperación de activos..
- Financiamiento productivo.
Industria, comercio y servicios financieros.
Los sectores más afectados son precisamente los que requieren velocidad y certidumbre.
Industria
Necesita:
- Contratos ejecutables.
- Estabilidad jurídica.
- Recuperación eficiente.
Sin ello:
- Aumenta riesgo financiero.
- Cae inversión productiva.
- Se frenan proyectos industriales.
Comercio
Depende de:
- Cobranza rápida.
- Juicios mercantiles ágiles.
- Medidas cautelares eficientes.
Cuando los juicios duran años:
- Se destruye flujo.
- Aumenta morosidad.
- Cae actividad económica.
Servicios financieros
Bancos, SOFOM y financieras necesitan:
- Ejecución rápida de garantías.
- Certeza jurídica.
- Recuperación eficiente.
Sin ello:
- Sube costo del crédito.
- Cae crédito productivo.
- Aumenta cautela bancaria.
- Se limita fondeo internacional.
Tribunales federales: deterioro preocupante
Durante años, los tribunales federales eran percibidos como el nivel técnico más sólido del sistema judicial.
Hoy esa percepción se deteriora rápidamente.
Se observan cada vez más:
- Formalismos excesivos.
- Evasión de fondo.
- Criterios contradictorios.
- Retrasos innecesarios.
- Temor institucional a resolver asuntos sensibles.
Y eso es particularmente grave porque el sistema federal antes funcionaba como contrapeso técnico frente a muchas deficiencias locales. Hoy, en varios casos, esa diferencia comienza a desaparecer. Adicional los debates y dislates personales de los miembros de la Corte que les restan legitimidad y credibilidad.
El problema no es el Código Nacional. El CNPCyF técnicamente tiene avances importantes.
El problema es intentar implementarlo dentro de:
- Un sistema debilitado.
- Operadores insuficientemente preparados.
- Infraestructura tecnológica incompleta.
- Cultura burocrática resistente al cambio.
La IA y la oportunidad desaprovechada. Mientras el mundo avanza hacia:
- Inteligencia artificial judicial.
- Automatización documental.
- Trazabilidad digital.
- Contratos inteligentes.
- Monitoreo procesal en tiempo real.
México sigue atrapado en:
- Expedientes físicos.
- Burocracia sindicalizada.
- Trámites manuales.
- Estructuras lentas.
- Resistencia institucional.
El verdadero reto
La modernización judicial no depende únicamente de cambiar jueces.
Depende de:
- Rediseñar procesos.
- Digitalizar integralmente.
- Medir desempeño.
- Sancionar dilaciones.
- Ejecutar oportunamente sentencias y laudos.
La contradicción económica
El gobierno puede sostener diariamente una narrativa optimista.
Pero los datos muestran otra realidad:
- Crecimiento económico débil.
- Inversión privada cautelosa.
- Inseguridad persistente.
- Empleo formal desacelerándose.
- Crédito productivo limitado.
- Incertidumbre jurídica creciente.
Los mercados observan resultados, no propaganda.
México intentó transformar políticamente al Poder Judicial sin resolver primero sus problemas estructurales de operación, productividad y ejecución.
Ese es el verdadero fracaso.
La justicia no mejora cambiando discursos políticos ni organizando elecciones judiciales masivas. Mejora eliminando burocracia inútil, digitalizando procesos y sancionando la ineficiencia.
Sin métricas de desempeño, sin consecuencias por dilación y sin ejecución efectiva, ninguna reforma judicial generará confianza económica.
Porque al final, el Estado de derecho no se mide por propaganda. Se mide por la capacidad real de resolver y ejecutar oportunamente.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
