El presidente de la AN dice que es "legítimo" criticar sentencias pero "no cabe" cuestionar la independencia del juez Infobae

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha afirmado que es "legítimo" criticar las decisiones judiciales, pero "lo que no cabe es que esas críticas se dirijan no a la sentencia sino a las personas, particularmente cuando se investigan determinadas causas".

Durante su intervención en el Foro SER Navarra, celebrado este viernes en Pamplona bajo el título "La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho", Fernández ha señalado que las decisiones judiciales "se pueden criticar, faltaría más".

"Esto es legítimo. Es una sociedad libre. Lo que no cabe es que esas críticas se dirijan no a la sentencia sino a las personas, particularmente cuando se investigan determinadas causas, y de esta manera se pone en solfa la independencia del juez, o que este atiende a otras razones y se acuñan expresiones como el "lawfare" y cosas por el estilo", ha apuntado.

Esto, ha añadido, "no es algo que diga yo o que digamos los jueces", sino que "las instituciones en la Unión Europea están alertando de esto". "El último informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea alerta sobre este tipo de conductas. Y es más, dice que el ámbito de crítica no es el mismo, no lo tiene en igual medida un medio de comunicación o un ciudadano que alguien que tiene responsabilidades políticas. En este caso, esas posibilidades de crítica tienen que ser más reducidas, más contenidas", ha manifestado.

En este sentido, Fernández ha señalado que "la existencia de un poder judicial independiente, responsable, sometido únicamente al imperio de la ley, como dice la Constitución, es fundamental para todos y cada uno de los ciudadanos". Ha defendido que la independencia judicial "tiene un carácter instrumental", está "al servicio" de los ciudadanos y "sus derechos y libertades".

Además, esta independencia "tiene que ser percibida por los ciudadanos". "Si la persona que va a un juicio o la persona que asiste a un juicio la percepción que tiene es que esa independencia o esa imparcialidad no se da, no va a confiar en el sistema", ha advertido.

Según ha manifestado el presidente de la AN, "el juez tiene que ser independiente hasta de sus propias convicciones". "El poder de un juez es tan grande que tiene que tener una sólida legitimidad democrática. Mandar a la cárcel a alguien o tomar decisión sobre su régimen matrimonial, sobre sus hijos, es un poder tan enorme que tiene que tener un sustento", ha subrayado, tras añadir que "esa legitimidad democrática tiene que estar vinculada de forma nítida, clara, irrenunciable, sólida, a la Constitución y a la ley". De esta forma, en el caso del juez, "puede una ley no gustarte", pero si "esa es la ley que tienes que aplicar, tú no puedes salirte de ese carril".

Según ha comentado, "el Estado de Derecho tiene como una de sus manifestaciones más señeras la división de poderes". "Y el equilibrio, el juego entre los poderes del Estado es una formidable conquista de la humanidad, y las sociedades que son más prósperas, más iguales, donde hay más riqueza, donde la convivencia es mejor, son aquellas que se rigen por el Estado de Derecho", ha apuntado. De esta forma, Fernández ha incidido en que "el Estado de Derecho garantiza la democracia y uno de los pilares del Estado de Derecho, y por lo tanto la democracia, es un poder judicial independiente".

Preguntado por el caso concreto del juez Peinado y la percepción ciudadana sobre sus decisiones judiciales, Juan Manuel Fernández ha realizado "un llamamiento a la realidad de los hechos". "Y la realidad de los hechos son decisiones que están motivadas, que son susceptibles de recurso, que se han recurrido, y donde unas decisiones se han ratificado, otras no, y punto". "Obviamente, no entro en ningún detalle porque no puedo, pero esa actuación se produce en el seno de un proceso con todas las garantías", ha manifestado.

Según ha subrayado, "la relevancia de los asuntos lo dan las personas que están implicadas, y es lógico que así sea", pero "hay que tratar de hacer abstracción de eso y ver cuál es la actuación concreta y en qué está anclada".

En cuanto a la previsión temporal de causas como la de Santos Cerdán, ha declinado "hacer una especulación" sobre cuánto pueden durar casos concretos. "La justicia, y es una obviedad decirlo, tiene que ser pronta, tiene que ser ágil, por razones obvias. Se suele decir que la justicia lenta deja de serlo y es verdad de alguna manera", ha manifestado.

De esta forma, ha señalado que "estamos trabajando" en "tratar de conseguir que estos plazos se reduzcan". "No es fácil, porque para ello se requiere un número adecuado de jueces, pero luego en estas causas tan complejas las dificultades son enormes", ha subrayado.

REDUCCIONES DE PENAS

Preguntado por los indultos y las reducciones de penas, ha señalado que el tratamiento penitenciario de terroristas tiene también un "impacto en las víctimas", algo que "tiene que ser tenido en cuenta por las autoridades penitenciarias".

En este sentido, ha remarcado que "ha llamado la atención general la aplicación del ya famoso 100.2 del reglamento penitenciario que permite la inmediata puesta en libertad". "Ha ocurrido que el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado en dos supuestos estos permisos, lo cual ha supuesto la vuelta a prisión de los dos etarras que habían sido beneficiados por esta medida", ha señalado.

El juez, según ha explicado, "incorpora en la resolución una serie de consideraciones" en las que "llama la atención sobre estos aspectos: sobre la necesidad de valorar este impacto, si ha habido un arrepentimiento, una manifestación clara de abandono de la violencia, si se ha colaborado en el esclarecimiento de otras causas o se han reparado responsabilidades civiles". "Y esto exige una motivación reforzada a la hora de tomar estas decisiones que, sin duda producen, un impacto no sólo en las víctimas sino en el conjunto de la sociedad", ha expuesto.