Aprueban reforma para fortalecer supervisión de escuelas privadas
Asimismo, en la reforma se incluyó la protección en contra de los fraudes educativos de instituciones no reconocidas
Por: Redacción
Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en materia de publicidad educativa, supervisión y procedimientos sancionadores, dentro del marco de las competencias estatales, presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Durante la sesión de trabajo, el diputado Crisógono Pérez López, presidente de esta comisión legislativa, destacó la relevancia de regular la prestación privada de servicios educativos, debido al crecimiento significativo que este sector ha registrado en los últimos años, así como los casos de fraude y engaño derivados de instituciones que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), afectando a miles de estudiantes potosinos.
Las y los integrantes de la comisión legislativa reconocieron que, la propuesta impulsada por el titular del Poder Ejecutivo, busca fortalecer la supervisión de las escuelas privadas y transparentar la publicidad educativa.
Asimismo, se endurecen las sanciones contra instituciones que engañan a estudiantes y padres de familia al carecer de autorización oficial, lo que impide la entrega de documentación académica, títulos o cualquier trámite oficial.
Entre los principales puntos de la reforma, se establece la obligación para las escuelas privadas de transparentar en toda publicidad la modalidad educativa y el domicilio autorizado. Además, se crean lineamientos específicos para la publicidad educativa en redes sociales y medios digitales, así como mecanismos de inspección ordinaria y extraordinaria.
La iniciativa también faculta a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para retirar publicidad irregular y aplicar multas, que van desde mil hasta siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de detectarse la infracción.
De igual forma, contempla la revocación de autorizaciones o el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a las instituciones que incumplan la ley, además de que las sanciones económicas podrán convertirse en créditos fiscales en caso de no ser cubiertas.
Las y los legisladores consideraron que esta reforma coloca a San Luis Potosí como referente nacional al construir un modelo que prioriza la protección de niñas, niños y adolescentes, salvaguarda los derechos de las familias, moderniza las herramientas de supervisión educativa y fortalece mecanismos sostenibles de financiamiento.
El legislador Crisógono Pérez López destacó que “esta reforma no sólo busca cerrar espacios al fraude educativo, sino elevar la integridad del sistema educativo, fortalecer la confianza pública y garantizar que toda oferta educativa cumpla con estándares de legalidad, calidad y pertinencia”.
Además, promueve una competencia leal entre prestadores privados, evitando que instituciones que cumplen con la ley sean desplazadas por aquellas que recurren a publicidad engañosa o prácticas deshonestas.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente.
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