Doña Conchita | Texto por Marcos Martínez Chacón Editorial Aristegui Noticias
Por Marcos Martínez Chacón*
La historia de Doña Conchita Belmontes, una madre que por casi 10 años buscó a su hijo desaparecido para luego ser informada que todo ese tiempo sus restos estuvieron en una morgue de Jalisco, es desgarradora y debería convocar a una reflexión profunda sobre la crisis que sufre México en materia de desapariciones.
El caso es indignante no sólo por la tragedia que significa que su hijo desapareció tras salir de casa en Zapopan, Jalisco, un 26 de junio hace casi una década, sino porque lo que vino después para ella fue una acumulación de afrentas oficiales, abandono institucional y estragos físicos causados por haber asumido las tareas que les correspondían a las fiscalías, como lo narró en el programa Aristegui en Vivo del 12 de mayo.
La historia de Conchita y su lucha por encontrar a Juan Antonio Olmeda Belmontes, su hijo, es también reveladora porque pinta de cuerpo entero la inoperancia del Estado mexicano para prevenir, investigar y castigar las desapariciones, que en México suman decenas de miles de casos.
Conchita, como miles de mujeres en México, asumió el rol de investigadora -una tarea que debía corresponder a los ministerios públicos- para dar con el paradero de su hijo, escarbando en fosas clandestinas, visitando morgues y poniendo su vida en riesgo en cada jornada de búsqueda.
Pero lo que vino después de que recorrió Jalisco y otras entidades debería indignar a cualquiera. Sin que ella ni nadie de su familia lo supieran, los restos del joven fueron trasladados a una morgue de Jalisco muy poco después de haber desaparecido.
Por una década, Conchita vivió sumida en la incertidumbre hasta que dos días antes del Día de las Madres este año, el 8 de mayo pasado, como corolario de la cadena de afrentas a la que ha sido sometida por las instituciones del Estado mexicano, un funcionario la citó de manera improvisada a una “mesa de trabajo”.
Ahí, rodeada de la misma burocracia que le negó certezas y respuestas por años, le informaron que los restos que habían permanecido bajo custodia de las autoridades por casi una década, eran los de su hijo. “Es muy difícil estar pasando por esto”, dijo Conchita a este medio. “Sigo destrozada”.
De manera entendible, para Conchita la identificación de los restos, en lugar de darle las certezas que buscaba, desató más dudas y dolor.
Ella ahora se pregunta por qué las autoridades tardaron tanto tiempo en identificar los restos pese a que le habían sido tomadas muestras de ADN a ella y sus dos nietos, hijos de Juan Antonio, desde hace años. “¿Por qué no se le practicó la confronta con mis pruebas de ADN”, cuestionó Conchita.
Y su conclusión fue acertada: “para mí fue una negligencia todo lo que me hicieron”.
Por años, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de madres buscadoras han denunciado la negligencia con la cual operan las autoridades que supuestamente están encargadas de investigar los casos de desapariciones.
Sumidas en la desesperanza, las madres como Conchita que han asumido la ardua y dolorosa tarea de excavar fosas y recorrer oficinas gubernamentales en búsqueda de respuestas, se topan a diario con el desdén oficial que no hace más que sumar a su dolor.
Una de las muchas deudas del Estado mexicano con las familias de personas desaparecidas es la conformación de un Banco Nacional de Datos Forenses -a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas-, que sea fiable y funcional para evitar casos como el de Conchita.
Hasta ahora, sin embargo, el Estado mexicano ha dado señales contradictorias cuando se trata de dar respuesta a las exigencias de las madres buscadoras. Por un lado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dice estar dispuesto a investigar los casos y cumplir con las leyes en la materia.
Pero por otra parte, el mismo gobierno reacciona con virulencia a resoluciones emitidas por organismos como la del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que encontró indicios de que en México ocurren desapariciones forzadas de manera “sistemática” y “generalizada”, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en un informe difundido esta semana que en México la crisis de desapariciones es “generalizada” e “indiscriminada”.
Aunque el gobierno federal no descalificó de inmediato el contenido de este último informe, como lo hizo con la resolución del CED, que determinó invocar el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas para llevar el caso mexicano a la asamblea general de la ONU, falta ver si -ahora sí- el Estado comenzará a ver de frente y dar respuesta a las madres buscadoras que, hasta ahora, continúan denunciando como Conchita las negligencias institucionales que terminan por revictimizarlas.
La pregunta está abierta, aunque la evidencia provista por el Estado mexicano hasta ahora no es para nada alentadora.
*El autor es periodista enfocado en derechos humanos y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
