¡Los quiere EE.UU.! Sol Yucatán
- La administración Trump endurece su postura frente a la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, señalando una supuesta protección oficial a grupos criminales que pone en jaque la soberanía nacional.
- Los expedientes del Departamento de Justicia apuntan a figuras clave de la 4T, incluyendo a Adán Augusto López y Mario Delgado, por presuntos vínculos con el tráfico de combustible y financiamiento ilícito.
- Las investigaciones de EE. UU. se centran en una red transfronteriza de robo de hidrocarburos que afecta la hacienda norteamericana, rompiendo la pasividad judicial y amenazando con extradiciones de alto nivel.
J. Jesús Lemus/La Opinión de México
Ciudad de México. – La paciencia del gobierno norteamericano está llegando a su límite. Eso no solo se nota. Se sabe. Ya se presumen algunas acciones legales contra la clase política corrupta de México, ante la pasividad manifiesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde que asumieron sus respectivos mandos de gobierno, tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum no han cedido un ápice en sus posturas radicales con relación al crimen organizado y su influencia dentro del Estado mexicano.
Para el presidente Donald Trump, México es un país que está gobernado por los cárteles de las drogas y, además, el Estado protege actos como el trasiego de drogas que afecta a la seguridad interior de Estados Unidos. Por esa razón, Trump insiste en querer ayudar al gobierno mexicano para combatir a los grupos criminales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, cada vez que Donald Trump insiste, incluso con acciones de combate extraterritorial, para terminar con los cárteles de las drogas, la presidenta alude a un discurso patriotero, en donde termina por dar valor, implícito, de soberanía a los cárteles.
Frente a este círculo vicioso, en donde se observa la insistencia y obstinación de la presidenta Sheinbaum para defender a los narcotraficantes a costa de lo sea, incluso a costa de la credibilidad de este gobierno, la administración Trump ha decido ir por la detención de algunos de los principales políticos que están operando al amparo de la impunidad nacional.
La decisión de la administración Trump de ir por un grupo de políticos ligados al mundo criminal, lo mismo para trasegar drogas que para evadir el pago de impuestos por el tránsito de combustibles, es la muestra más clara del distanciamiento por el que ha optado el gobierno de Trump frente al gobierno mexicano.
UNA LARGA LISTA
De acuerdo con fuentes del departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, se sabe que son por lo menos 10 los políticos que la administración Trump estaría reclamando al gobierno de México para ser procesados y enjuiciados en cualquier corte criminal de la Unión Americana.
El gobierno de Estados Unidos no está indagando en hechos que ya forman parte de la historia de México, estaría buscando sancionar conductas punibles ejecutadas a corto plazo, delitos cometidos en los últimos cinco años.
El primero de la lista, de los políticos que tienen una o más carpetas de investigación en Estados Unidos, es Adán Augusto López Hernández, hoy senador por Morena, quien habría encabezado desde la Secretaría de Gobernación un cártel de tráfico de combustible robado, con lo cual también se habría afectado a la hacienda norteamericana, al evadir el pago de impuestos.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, la actual gobernadora de Baja California, también se encuentra en la lista de políticos requeridos por Estados Unidos. A ella se le acusa de ser parte de una red de lavado de dinero que encabezó su esposo, y de una organización que facilitó el trasiego de drogas hacia suelo norteamericano.
Mario Delgado, el actual titular de la Secretaría de Educación Pública, también forma parte de la lista de requeridos por Estados Unidos. A él se le acusa de haber recibido fondos de un cártel de Huachicol, encabezado por Sergio Carmona, para pagar al menos una veintena de campañas políticas a cargos de elección popular.
A Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, se le acusa en Estados Unidos, de ser un socio, tanto en el lavado de dinero como en el trasiego de drogas, brindando protección y operando para el Cártel de Sinaloa. Además, se le relaciona como uno de los beneficiarios del cártel de Huachicol de Adán Augusto López Hernández.
También, como parte de la estructura del Cártel del Huachicol, se le refiere al almirante Rafael Ojeda Durán, el que fuera secretario de Marina en el gobierno del presidente López Obrador y a la vez tío de Fernando y Roberto Farías Lagunas, los marinos que protegieron en las aduanas el paso de combustible robado de México a Estados Unidos y viceversa.
También, como parte de la estructura que se benefició con el robo de huachicol, se menciona a la senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, la que fue “amiga” de Sergio Carmona, el criminal conocido como El Rey del Huachicol y que, por mediación de la misma Olga Sosa, aceptó financiar las campañas de gobernador y diputados que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado, le propuso.
Otro senador, y también de Morena en Tamaulipas, que se encuentra en la mira del gobierno de Estados Unidos es José Ramón Gómez Leal, el que al igual que Olga Sosa, ayudó a lavar algunas utilidades del huachicol y redireccionó fondos del crimen organizado al financiamiento de algunas campañas a la Cámara de Diputados.
También considerado como un emisario del propio presidente López Obrador, el ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dedicado al lavado de dinero a través de dos bancos y una casa de bolsa de su propiedad, está referido en expedientes criminales de Estados Unidos como uno de los máximos símbolos de la corrupción gubernamental dentro del llamado régimen humanista de la cuarta transformación.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, es otro de los mencionados en los expedientes criminales en Estados Unidos, a este se le asocia con el apoyo oficial brindado al Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con el cual se les infiere una participación en el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan.
A esta lista se podría sumar el nombre de Alfonso Durazo Montaño, al que se le atribuyen responsabilidades de sociedad con el grupo del crimen organizado de Los Salazar, la organización criminal referida como promotora del desplazamiento poblacional forzado. Además, también se le menciona como un socio que tendió lazos entre el gobierno y el Cártel del Chapo Guzmán.
QUIERE LA DEA A LAS LEYENDAS ACTIVAS
Las leyendas activas del narcotráfico en México son el siguiente blanco en la agenda de combate a ‘narcoterroristas’ señalados por el gobierno del presidente Donald Trump.
Los arrestos, sustracciones, expulsiones y extradiciones seguirán de dos formas: primero, entregas de delincuentes detenidos y en proceso; segundo, detenciones e intercepciones de capos en plena libertad e impunidad.
Fuentes del gobierno federal mexicano indican que las corporaciones de seguridad, no solo han sido avisadas, sino ya trabajan coordinadas para conseguir las aprehensiones y sustracciones.
En un primer bloque están los capos ‘leyenda vigentes’ y quienes se disputan el control de las plazas en los 32 estados de la República y, en un segundo bloque, los lugartenientes de primer nivel en la frontera norte y en los puertos internacionales de recepción de precursores y droga.
Las autoridades mexicanas y las estadounidenses ya tienen la lista de criminales, muchos de ellos en operación hasta por dos décadas. Se atacará con prioridad el estado de Baja California, desde donde se inunda de droga la costa del Pacífico en Estados Unidos.
Se sabe que desde 2014 el «Cártel Jalisco Nueva Generación» (CJNG) suscribió una alianza con el «Cártel de Tijuana», ex comandado por los hermanos Arellano Félix.
Por ello, se tenía en la mira al jefe máximo de esta organización, Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), capo por el cual el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Fue abatido el 22 de febrero de 2026.
Este cuenta con operadores de primer nivel en Baja California como Alejandro Estrada Bañuelos ‘El licenciado del Diablo’, Israel Alejandro Vázquez Vázquez ‘Cabo 50’, Próspero Medina Avilés ‘Pablito’, Cristián Jonathan López Sáenz ‘Cabo 64’, Reynaldo Solana Cortez ‘Cabo 9’, Pedro Stanley Herrera Jelinek ‘El Peter’, William Alejandro López López ‘Cabo 18’ y Cristian David Navarro Rodríguez ‘Búho’.
Todos ellos heredaron las células que diseñaron Jesús Alfonso Trapero Ibarra ‘El Trapero’, Óscar Antonio López Arellano ‘El 30’ y Carlos Rodríguez Hinojosa ‘Hacker’ o ‘Cabo 96’.
Además de estos sujetos se busca a Fabián Arellano Corona «El Piloto», Benjamín Francisco Arellano Serrano y Francisco Benjamín Briseño Arellano.
Pese a que no existen órdenes de aprehensión contra «Los Benjamines», aparecen junto con sus familias, en organigramas del crimen organizado elaborados por el Ejército, Armada de México, FGR, Policía Federal y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA por sus siglas en inglés).
En la misma región Baja California-Sonora-Sinaloa, se busca a Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líderes de las facciones «Los Chapitos» del «Cártel de Sinaloa», por quienes se ofrece 10 millones de dólares por cada uno.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Cártel de Sinaloa son en gran medida responsables del flujo masivo de fentanilo a Estados Unidos en los últimos años.
El 4 de abril de 2023, un jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros acusándolos de empresa criminal continua, conspiración de importación de fentanilo, conspiración de tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración de lavado de dinero.
El 5 de abril de 2023, un jurado federal del Distrito Norte de Illinois emitió la decimotercera acusación formal sustitutiva contra Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, acusándolos de conspiraciones para la importación, fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para el lavado de dinero.
LA LISTA, DE LOS 84 MILLONES DE DÓLARES
Por informes que indiquen la ubicación de los quince líderes de seis carteles de las drogas que requiere la justicia norteamericana, se ofrecen recompensas que van desde los 3 millones de dólares a los 15 millones de dólares, para sumar un total de 84 millones en recompensa.
La lista de los objetivos que requiere el gobierno de Estados Unidos, como parte de su lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo, la integran Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del CJNG; Iván Archivaldo, “El Chapito”, y Jesús Alfredo, “El Alfredillo”, Guzmán Salazar, jefes de la fracción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa; Audías Flores Silva, “El Jardinero”, del CJNG, recién capturado el pasado 27 de abril, y Juan José Faría Álvarez, “El Abuelo”, fundador del Cártel de Tepalcatepec.
En la lista también se encuentran Juan Carlos Valencia González, “El 03”, miembro de la cúpula del CJNG; Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, Jefe de una fracción del Cártel de Los Hermanos Beltrán Leyva; Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, de la fracción La Mayiza, del Cártel de Sinaloa; Alejandro Cabrera Sarabia, “El 02”, Jefe de la fracción La Mayiza, del Cártel de Sinaloa, y “El Gordo”, Nicolás Sierra Santana, jefe fundador del Cártel de Los Viagra.
Los otros cinco líderes del narco mexicano por los que intervendrán fuerzas de guerra de Estados Unidos en suelo mexicano, son Alfonso Fernández Magallón, “El Poncho”, Jefe del Cártel de Los Reyes; los hermanos Johnny, “El Pez”, y José Alfredo, “El Fresa”, Hurtado Oslacoaga, líderes de la Nueva Familia Michoacana; Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho”, del Cártel de Los Reyes, mismo cártel al que pertenece Edgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”, igualmente requerido en una corte de Estados Unidos.
¿POR QUÉ LOS QUIERE LA JUSTICIA DE EE. UU.?
No está de más señalar que mientras el gobierno de Estados Unidos se observa dispuesto a hacer una gran inversión para ir a la cacería de estos narcos terroristas, el gobierno mexicano no menciona ni reconocer ninguna acción oficial, en particular desde la Fiscalía General de la República, que se esté realizando para dar con la captura de estos criminales.
A Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder fundador del Cártel Jalisco, se le requería en Estados Unidos, porque se le consideraba, después de Los Chapitos, el criminal que más fentanilo estaba introduciendo al mercado de consumo de Estados Unidos. Se le acusa de haber introducido al año por lo menos 20 toneladas de drogas diversas desde México hacia Estados Unidos.
A Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señala como los principales trasegadores de fentanilo de México a Estados Unidos, atribuyéndoles el tránsito de más de 100 toneladas de cocaína y fentanilo a Estados Unidos. También se les considera cabeza de una red continental de fabricación y trasiego de fentanilo, desde México al sur de América.
“El Abuelo” Juan José Farías Álvarez, jefe fundador del Cártel de Tepalcatepec y ligado al PRI en Michoacán, es buscado en Estados Unidos por el uso del terrorismo como herramienta para cimentar su imperio del narcotráfico. Su «Cártel de Tepalcatepec» se estima que anualmente envía al menos 10 toneladas de cocaína y anfetaminas al mercado de consumo de Estados Unidos.
A Audías “El Jardinero” Flores Silva, al igual que a “El 03” Juan Carlos Valencia González, ambos del Cártel Jalisco Nueva Generación, se les atribuye una red de tráfico de migrantes y trata de personas, además de trasiego de drogas, con lo que se vulnera la seguridad interna del pueblo norteamericano.
Al “Chapo Isidro”, Fausto Isidro Meza Flores, el gobierno de Estados Unidos lo requiere no solo por encabezar una organización de trasiego de drogas hacia Estados Unidos; también se le busca por la sociedad que ha establecido con el Cártel de Caborca, con el cual se ha convertido en el principal grupo criminal de trasiego de armas y explosivos con los que se alimentan para sus actividades criminales los grupos narcoterroristas en Michoacán.
Al “Ruso” Juan José Ponce Félix, igual que a Alejandro Cabrera Sarabia “El 02”, se les requiere por parte de la justicia norteamericana por los altos volúmenes de cocaína, estimados en más de 2 toneladas al mes, que transportan hacia Estados Unidos, como parte de la fracción de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa. Con los dividendos de esas operaciones es con lo que se financia la guerra que Los Mayos mantienen contra Los Chapos.
Al “Gordo” Nicolás Sierra Santana, jefe del Cártel de los Viagra, igual que a sus cofrades los líderes del Cártel de Los Reyes, Alfonso Fernández Magallón, “El Poncho”, Luis Enrique Barragan Chavez, “El Wicho”, y Edgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”, se les busca no solo por el trasiego de drogas que hacen desde Michoacán a Estados Unidos, sino también por el asesinato o desaparición de por lo menos una veintena de personas de nacionalidad norteamericana.
Estos jefes del narcotráfico, con sede en Michoacán, también son considerados desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos uno de los grupos más violentos en todo el territorio nacional, al tener la capacidad para el manejo y uso de explosivos de guerra, los que son utilizados en forma constante contra la población civil de la zona de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán.
Finalmente, a los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga, líderes del Cártel de la Nueva Familia Michoacana, se les requiere por la justicia norteamericana por su red de trata de personas y trasiego de fentanilo que de forma constante vienen realizando desde hace cinco años desde Michoacán hacia Estados Unidos.
ROCHA MOYA, EL OBJETIVO MÁS RECIENTE DE LA JUSTICIA EN EE. UU.
La Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalándolo como un actor clave en la logística transnacional del Cártel de Sinaloa. Según el expediente asignado a la jueza Katherine Polk Failla, Rocha Moya habría instrumentalizado el gobierno estatal para garantizar la impunidad de la organización criminal y facilitar el tráfico masivo de narcóticos hacia territorio estadounidense. La fiscalía sostiene que bajo su mandato se estableció una red de protección institucional que integró a altos mandos de su gabinete en la estructura operativa del narcotráfico.
Junto al mandatario, la acusación abarca a su círculo cercano de colaboradores, incluyendo a funcionarios como Enrique Inzunza Cázarez y Gerardo Mérida Sánchez, bajo cargos de conspiración, uso de armas exclusivas y homicidio. El documento judicial destacó la gravedad de la colusión estatal, vinculando a la administración de Rocha Moya con represalias violentas, como el asesinato de un informante de la DEA. Con esta medida, las autoridades federales de EE. UU. buscan desarticular el andamiaje político que presuntamente sirve de escudo y apoyo financiero a las actividades delictivas en la región.
REQUERIDOS POR EE. UU
FIGURAS DE ALTO PERFIL
Adán Augusto López Hernández
Mario Delgado
Rubén Rocha Moya
Ricardo Monreal Ávila
Clara Brugada
GOBERNADORES Y EX FUNCIONARIOS
Marina del Pilar Ávila Olmeda
Alfredo Ramírez Bedolla
Alfonso Romo
Almirante Rafael Ojeda Durán
David Monreal Ávila
Saúl Monreal Ávila
Rutilio Cruz Escandón Cadenas
Rocío Nahle García
Alfonso Durazo Montaño
Indira Vizcaíno Silva
Américo Villarreal Anaya
Ricardo Gallardo Cardona
LEGISLADORES
Olga Sosa Ruiz
José Ramón Gómez Leal
Rocío Abreu
Enrique Inzunza Cazarez
NARCOTRÁFICANTES: OBJETIVOS DE «LEYENDA» Y MÁXIMA PRIORIDAD
«Los Chapitos» (Cártel de Sinaloa)
Iván Archivaldo Guzmán Salazar
Jesús Alfredo Guzmán Salazar
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Audías Flores Silva («El Jardinero»)
Juan Carlos Valencia González («El 03»)
Ricardo Ruiz Velasco (“El RR”)
Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”)
Heraclio Guerrero (“El Tío Lako”)
Francisco Javier Gudiño (“La Gallina”)
Andrés Rivera Varela (“La Firma”)
Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, líder de “La Mayiza”
OPERADORES REGIONALES CLAVE
BAJA CALIFORNIA
Alejandro Estrada Bañuelos («El Licenciado del Diablo»)
Israel Alejandro Vázquez («Cabo 50»)
Los Benjamines:
Fabián Arellano Corona
Benjamín Francisco Arellano Serrano
Francisco Benjamín Briseño Arellano
Los hermanos Arzate García:
René y Alfonso, “La Rana” y “El Aquiles”
MICHOACÁN Y TIERRA CALIENTE
Juan José Farías Álvarez («El Abuelo»)
Hermanos Hurtado Olascoaga («El Pez» y «El Fresa»)
Nicolás Sierra Santana («El Gordo»)
Cártel de Los Reyes:
Alfonso Fernández Magallón («El Poncho»)
Luis Enrique Barragán («El Wicho»)
Edgar Orozco («El Kamoni»)
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