Denuncian acoso laboral en secundaria Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
José Manuel Castillo Cortázar, trabajador del sistema educativo estatal, denunció haber sido víctima de acoso laboral de manera reiterada durante su desempeño como prefecto en distintas secundarias adscritas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), situación que asegura se agravó a partir de 2017 y se ha extendido hasta fechas recientes.
De acuerdo con su testimonio, Castillo Cortázar ingresó al sistema educativo en 2014, desempeñándose inicialmente en diversas secundarias federales donde mantuvo una trayectoria sin conflictos, con relaciones laborales estables y evaluaciones positivas por parte de directivos, docentes y personal administrativo.
Sin embargo, señala que su situación cambió al integrarse al turno vespertino de la secundaria federal número 8, donde presuntamente comenzaron actos de hostigamiento por parte del entonces director, quien habría elaborado documentos, exhortos y actas administrativas “basadas en mentiras” que afectaron su expediente laboral. Aunque dichos documentos fueron firmados, el denunciante asegura haberlo hecho “bajo protesta”.
Castillo Cortázar relata que, tras obtener su base en 2018 y ser asignado a la secundaria federal número 4, el presunto acoso continuó bajo la dirección de otro directivo. Describe un ambiente hostil caracterizado por gritos, restricciones arbitrarias durante su jornada laboral e incluso comentarios inapropiados, como exigirle solicitar permiso para ausentarse aun en situaciones personales graves.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando, tras presentar una incapacidad médica, fue acusado de abandono de trabajo y enviado a las oficinas de Itzamná, ubicadas en la colonia Yucalpetén, donde operan áreas administrativas de la SEGEY, como el departamento de Secundarias Generales y jurídico. Según su relato, el personal correspondiente revisó su justificante y desestimó la acusación, ordenando su reincorporación inmediata.
El trabajador sostiene que, a pesar de cumplir con sus funciones, continuó recibiendo amonestaciones constantes que califica como infundadas. En respuesta, comenzó a firmar dichos documentos señalando explícitamente que eran producto de “bullying, mobbing y acoso laboral”.
La denuncia también incluye señalamientos sobre presuntas agresiones indirectas, como daños a su vehículo dentro del plantel, así como un incidente con un intendente que derivó en confrontación verbal y acusaciones en su contra. A pesar de reportar estos hechos, afirma que no obtuvo respaldo institucional.
Castillo Cortázar asegura que las medidas en su contra escalaron hasta ser removido de su puesto como prefecto y reasignado a otras funciones, como bibliotecario, o enviado a distintas escuelas, incluso a una institución estatal pese a contar con plaza federal. Más recientemente, denunció haber sido citado nuevamente a las oficinas de Itzamná, donde se le notificó una suspensión por supuestas faltas de respeto a la autoridad.
El caso tuvo un punto crítico en marzo de 2026, cuando se le impidió el acceso a su centro de trabajo sin previo aviso formal y, posteriormente, fue enviado a realizar labores en las mismas instalaciones de Itzamná en condiciones que describe como “insalubres”, permaneciendo a la intemperie durante su jornada laboral.
El denunciante afirma que esta situación ha tenido consecuencias en su salud, provocándole episodios de ansiedad que han requerido atención médica en el ISSSTE.
Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial por parte de las autoridades educativas respecto a estas acusaciones. Castillo Cortázar adelantó que buscará proceder legalmente para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.
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