Detienen en Canadá a Diana Toro Díaz, operadora financiera del Cártel de Sinaloa y esposa del narcopiloto Alejandro Flores Cacho, tras intentar ingresar con pasaporte falso y quedar bajo proceso migratorio con posible extradición a Estados Unidos El Imparcial
La detención de Diana Toro Díaz, señalada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, volvió a poner bajo la lupa las redes internacionales de apoyo económico y logístico del grupo criminal.
La mujer fue arrestada en el aeropuerto internacional Montreal-Trudeau, en Canadá, luego de intentar ingresar al país con un pasaporte falso, de acuerdo con reportes de medios locales.
La información fue difundida por el medio canadiense TVA Nouvelles, que señala que el arresto ocurrió hace más de una semana y que actualmente Toro Díaz se encuentra bajo custodia migratoria, a la espera de que las autoridades definan su situación legal.
Quién es Diana Toro Díaz y por qué fue detenida
Toro Díaz, de 44 años, cuenta con ciudadanía colombiana y mexicana y ha sido identificada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la estructura financiera del Cártel de Sinaloa, organización criminal con presencia internacional.
Según el reporte, no era la primera vez que ingresaba a Canadá con documentación falsa, ya que habría logrado entrar al país en años recientes utilizando identidades apócrifas, lo que ahora es parte de la investigación migratoria en su contra.
Colaboró con ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada: él es es Alejandro Flores Cacho, líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa
— Milenio (@Milenio) May 6, 2026
Su nombre ha salido de nuevo a la luz tras la detención de Diana Toro Díaz, su esposa, en Canadá. El hombre ocupa un lugar relevante en la… pic.twitter.com/rypGV6xADZ
Su situación legal en Canadá
Tras su detención, Toro Díaz fue trasladada al Centro de Detención de Migración, donde permanece retenida mientras la Junta de Migración y Refugiados de Canadá analiza su caso.
De acuerdo con el medio canadiense, una de las posibilidades es su extradición a Estados Unidos, país que mantiene sanciones vigentes en su contra por vínculos con el narcotráfico.
Las sanciones de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin
El nombre de Diana Toro Díaz aparece desde 2010 en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Ley Kingpin, un instrumento legal que permite congelar activos y bloquear operaciones financieras de personas ligadas al narcotráfico.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Toro Díaz formaba parte de la red financiera de su esposo, Alejandro Flores Cacho, piloto señalado como operador clave del transporte aéreo de drogas del cártel.
El vínculo con la red aérea del narcotráfico
Alejandro Flores Cacho es identificado por autoridades estadounidenses como el responsable de controlar una red multinacional de transporte de drogas por vía aérea, utilizada por el grupo criminal desde los años en que Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada se encontraban al frente de la organización.
De acuerdo con los expedientes oficiales, Flores Cacho manejaba empresas aéreas utilizadas para el trasiego de drogas antes de los arrestos de ambos líderes, ocurridos en 2016 y 2024, respectivamente.
Empresas sancionadas y operaciones fachada
Estados Unidos también impuso sanciones a varias empresas vinculadas a esta red, entre ellas:
- Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos SA de CV
- Capacitación Aeronáutica Profesional SC, una escuela de vuelo en Cuernavaca utilizada para entrenar pilotos relacionados con el narcotráfico
- Aero Express Intercontinental SA de CV, empresa de carga aérea con sede en la Ciudad de México
Además, documentos de la OFAC señalan que Toro Díaz y Javier Flores Cacho, hermano del piloto, operaban empresas fachada que incluían negocios como restaurantes, ranchos ganaderos, empresas agrícolas, compañías de manufactura y distribución, un club de gestión deportiva y una tienda de artículos de oficina.
Alcance geográfico de la red
Las actividades de esta estructura financiera y logística se extendían por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y Colombia, lo que refuerza el carácter transnacional de la red investigada por autoridades estadounidenses.
