Rocha Moya y la sombra del poder Unomasuno
Por Karina A. Rocha Priego
La historia se repite en México con una precisión inquietante, cambia el partido, cambia el rostro, pero no cambia el fondo, y hoy el epicentro vuelve a ser Sinaloa, donde el nombre de Rubén Rocha Moya se convierte en símbolo de algo más profundo, más incómodo, más estructural, la normalización de la narcopolítica bajo el cobijo del poder.
Negar para sobrevivir
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por la ruta más conocida, minimizar, desestimar, sembrar dudas, deslizar la narrativa de persecución política, una fórmula que ya no sorprende, pero sí preocupa, porque no es defensa institucional, es contención de daños.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos no es menor, habla de conspiración con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas, uso de armas, sobornos, una radiografía completa de la colusión entre poder político y crimen organizado, pero la reacción en México no es indignación, es cautela calculada.
Se pide más evidencia, se enfría el tema, se gana tiempo, como si el problema fuera mediático y no estructural, como si el fondo pudiera diluirse en el trámite burocrático.
El círculo cercano
No es sólo Rocha, nunca lo es, la acusación alcanza a una red completa de funcionarios, nombres que dibujan una estructura institucional penetrada.
Ahí aparece Enrique Inzunza Cázarez, junto con mandos de seguridad, fiscales, policías, operadores políticos, una cadena que no se construye por accidente, sino por conveniencia.
También está Juan de Dios Gámez Mendívil, reflejo de cómo el poder local se entrelaza con intereses que superan cualquier frontera administrativa.
Lo que se dibuja no es un caso aislado, es un ecosistema, donde la autoridad no combate al crimen, convive con él.
La lista incómoda
En paralelo, crece la sombra de una supuesta lista de 48 políticos mexicanos bajo investigación, una cifra que flota entre filtraciones, versiones periodísticas y desmentidos oficiales.
Figuras como Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña han sido mencionadas en este contexto, todos niegan, todos rechazan, todos se dicen víctimas de campañas negras.
Pero el problema no es si la lista existe o no en papel, el problema es que el país ya no descarta la posibilidad, la sospecha dejó de ser escándalo para convertirse en escenario
probable y eso, queridos lectores, es políticamente devastador.
El discurso de soberanía
Desde el Gobierno Federal se intenta encuadrar el tema como un asunto de soberanía, como una intromisión extranjera, como un ataque político desde Washington, una narrativa útil para cerrar filas, pero insuficiente para responder lo esencial.
Porque el fondo no es quién acusa, sino qué se está acusando y la respuesta institucional no puede ser sólo diplomática, tiene que ser jurídica, transparente, contundente, algo que hasta ahora no ocurre.
La Fiscalía pide pruebas, la cancillería modula el tono, el Ejecutivo marca distancia, mientras el país observa una escena conocida, la del poder protegiéndose a sí mismo.
La memoria selectiva
México ya ha pasado por esto, los nombres cambian, pero el guion permanece y ahí están los antecedentes, Mario Villanueva Madrid, Tomás Yarrington, Genaro García Luna, todos en su momento negaron, todos en su momento fueron defendidos, todos terminaron exhibiendo la profundidad del problema.
La diferencia ahora es el discurso, antes se hablaba de casos aislados, hoy se habla de transformación, pero los hechos comienzan a contradecir la narrativa «oficial» y cuando esta se rompe, lo que queda es la realidad.
El silencio que acusa
El caso Rocha no escandaliza porque sorprenda, escandaliza porque confirma que la relación entre política y crimen organizado no ha sido erradicada, sólo administrada, confirma que el poder no siempre combate al delito, a veces lo tolera, a veces lo necesita, a veces lo encubre.
Y confirma algo aún más grave, que la indignación social ya no es automática, que el país ha aprendido a convivir con la sospecha, con la duda permanente, con la idea de que la justicia depende más del contexto político que de la verdad.
El costo político real
El gobierno de Sheinbaum enfrenta su primera gran prueba de credibilidad, no en el discurso, no en la popularidad, sino en la capacidad real de deslindarse del pasado y del presente porque, si la estrategia es proteger, minimizar o diluir, el costo no será sólo mediático, será estructural.
Será la consolidación de una percepción peligrosa, que el poder en México no se investiga a sí mismo, que la justicia llega sólo cuando viene de fuera, que la transformación prometida terminó siendo continuidad disfrazada.
«La lista»
Por otro lado, hablar de «una lista negra» en manos de autoridades estadounidenses, donde los «participantes» son señalados de tener vínculos con el narcotráfico en México -entre otros delitos no menos importantes-, es casi tener que adivinar quién está y quién no en ese documento que puede o no existir, pero que deriva en que, ya no importa quién está en la lista, sino quién queda fuera, pues cuando la sospecha se vuelve sistema, nadie queda completamente limpio, y el país entero paga las consecuencias.
No hay una lista pública y verificada de «48 políticos» con nombres completos, esa es la realidad, sin embargo, lo más parecido fue un reporte dado a conocer sobre al menos 50 visas revocadas a políticos y funcionarios mexicanos, pero los nombres no fueron revelados oficialmente.
Lo que sí está documentado públicamente es la acusación reciente de Estados Unidos contra 10 funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa, como
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial; Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe policial; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
También se habla de José Antonio Dionisio Hipólito, exmando policial; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Juan Valenzuela Millán, funcionario señalado en la acusación.
