Sinaloa: el hilo se rompe por lo más delgado El Financiero
El gobierno de Claudia Sheinbaum intenta mantener un equilibrio cada vez más difícil. Por un lado, en los hechos, se han dado pasos para sepultar la estrategia de “abrazos, no balazos” y para recuperar el terreno que el mexicano había cedido a los criminales durante las tres administraciones previas. Por motu proprio –o para apaciguar al inquilino de la Casa Blanca– se han dado varios golpes clave. Desde la captura de El Mencho, hasta la investigación de la red de huachicol fiscal que operaba en las aduanas y la Semar, y los operativos para desarticular las redes criminales en varios ayuntamientos. También han sido enviados a penales en Estados Unidos, en fast track, casi un centenar de líderes y operadores criminales de primer nivel (algo relevante porque, como lo sabemos, al cruzar el río Bravo los detenidos son mucho más proclives a hablar).
Por otro lado, la presidenta se había mostrado inflexible en algo. Hasta ahora, la cúpula morenista había sido intocable. Desde hace meses circulaban rumores de que Washington quería la cabeza de algunos políticos mexicanos. La reacción de Palacio Nacional siempre fue desdeñosa, como si la idea de que algunos políticos de altos vuelos colaboraran con el narco fuera un disparate. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. Son demasiados los personajes encumbrados contra quienes hay señalamientos plausibles: al menos siete gobernadores y nueve senadores en funciones, y la mayoría son morenistas.
La presión de Estados Unidos era real, aunque nadie en el gobierno quiso reconocerlo. Tarde o temprano iba a llegar el día, y el día fue el pasado miércoles 29 de abril: un gran jurado federal consideró que había pruebas suficientes para proceder, y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó la solicitud formal de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos y funcionarios sinaloenses por conspiración para importar fentanilo y otras drogas, así como por posesión ilegal de armas de fuego. La acusación no arranca con la gestión de Rocha Moya como gobernador, sino desde antes: el Cártel de Sinaloa habría operado para garantizar su victoria en las elecciones de 2021 mediante el secuestro e intimidación de la estructura de operación de sus competidores. De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.
El hilo se rompe por lo más delgado. Hay dos razones que hacen al gobernador Rocha Moya particularmente vulnerable. La primera es que el Cártel de Sinaloa, desde siempre, ha operado políticamente al más alto nivel en la vida política de su estado. Durante años, el Partido Sinaloense y su fundador, Héctor Melesio Cuén Ojeda, tejieron una red de candidatos y funcionarios que mantenían interlocución permanente con el gobierno estatal y que, en más de un caso, resultaron ser también correa de transmisión entre el poder político y el cártel. Esa red se fracturó en julio de 2024, cuando El Mayo Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de Los Chapitos. Una vez en Estados Unidos, Zambada aceptó cooperar con la justicia y fue precisamente desde sus declaraciones que comenzó a fraguarse la acusación contra el gobernador.
La segunda razón es que la operación electoral que permitió la arrolladora victoria de Rocha Moya fue demasiado aparatosa. Fue una operación planeada en otro momento, cuando el Cártel de Sinaloa era una organización cohesionada y, en cierto sentido, omnipotente en el ámbito local. En el contexto actual de pleito a muerte entre Los Chapitos y La Mayiza, es imposible taparla. Hay decenas, o cientos, de personas que saben cómo se operó en aquella jornada electoral. Algunos estarán alineados con la facción de El Mayo y no van a dejar pasar la oportunidad de hundir al entonces candidato.
Ahora que llegó la hora fatal, la presidenta tendrá que tomar decisiones difíciles. No le conviene parecer entreguista. Hoy más que nunca, para ella resulta indispensable enarbolar el discurso de la soberanía, y de esa forma evitar una posible ruptura en Morena. Sin embargo, no es ingenua. Sabe que Rocha Moya es insostenible. También conoce los riesgos de no colaborar. Washington ya clasificó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista y cualquier funcionario que sea omiso en su persecución enfrenta potencialmente cargos de apoyo al terrorismo.
Para la presidenta, resistir las extradiciones sin ofrecer una cooperación creíble la expone a que Washington interprete esa resistencia como complicidad. Por lo mismo, me parece que en el corto o mediano plazo la balanza se inclinará hacia la extradición. La licencia por separación temporal del cargo que el propio Rocha Moya solicitó la noche del viernes es el primer eslabón de ese proceso (aunque, en contraste, el senador Enrique Inzunza, también acusado por Washington, anunció que no pedirá licencia).
Mucho se ha hablado sobre las implicaciones que la solicitud de extradición tendrá para México: la renegociación del T-MEC, la tensión diplomática con Washington, el caso de la gobernadora de Chihuahua y la cuestionada presencia de agentes de la CIA en su territorio. Sin embargo, hay una implicación que me parece más importante: ayer domingo tuvo lugar el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde –además de renovarse la dirigencia del partido– se esperaba que se perfilaran los nombres que el partido presentará para las 17 gubernaturas en juego en 2027. El caso Rocha Moya y el de los otros extraditables marcó el encuentro. Habrá que ver si Morena extrae de esta crisis una lección real y si, en esta ocasión, busca verdaderamente postular candidatos más alejados de los tentáculos del crimen organizado.
