Fiebre por carros eléctricos en Colombia deja un ‘cuello de botella’ para cargarlos y conductores ya sienten el problema Infobae
Mientras la discusión sobre movilidad sostenible avanza en Colombia, quienes ya optaron por vehículos eléctricos enfrentan una dificultad creciente: encontrar puntos de carga disponibles se ha vuelto, en muchos casos, más complicado de lo previsto.
Aunque la venta de estos autos sigue en aumento, la infraestructura para soportar ese crecimiento aún está rezagada.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cada vez son más frecuentes los comentarios de conductores que cuentan su experiencia en redes sociales: estaciones ocupadas durante horas, filas inesperadas y recorridos más largos de lo habitual para encontrar un enchufe libre.
Lo que hace apenas un par de años era visto como una alternativa innovadora y cómoda, hoy empieza a mostrar tensiones propias de un mercado, que crece más rápido que su capacidad instalada.
Las cifras del Ministerio de Minas y Andemos ayudan a entender el panorama. De acuerdo con los reportes, en Colombia ya circulan cerca de 40.000 vehículos eléctricos. Sin embargo, el país apenas cuenta con 229 estaciones públicas de carga habilitadas. Traducido a la vida real, eso significa que actualmente hay alrededor de 174 carros por cada punto de carga disponible, una relación que empieza a encender alertas dentro de la industria.
Aunque la transición energética sigue consolidándose, la infraestructura todavía no responde con la misma velocidad. Durante 2025, por ejemplo, se comercializaron más de 19.700 vehículos eléctricos nuevos en el país, una cifra que marcó uno de los mejores registros del mercado. Y la tendencia no se frenó. Solo en marzo de 2026 fueron matriculadas 5.083 unidades, lo que representó un crecimiento del 267% frente al mismo periodo del año anterior.
El contraste es evidente, mientras los concesionarios siguen entregando vehículos y las marcas amplían sus portafolios eléctricos, la red de carga pública avanza con mucha más lentitud. Esa brecha ya no es solo un dato técnico. Para miles de conductores, es una realidad cotidiana.
En plataformas como TikTok y X, usuarios han compartido videos y testimonios de largas esperas. Algunos reportan jornadas de cuatro, cinco e incluso seis horas para poder cargar completamente sus vehículos, especialmente en corredores intermunicipales o en zonas de alta demanda.
Más allá de las anécdotas, los expertos del sector advierten que Colombia todavía está lejos de alcanzar una relación saludable entre parque automotor eléctrico e infraestructura disponible. Como referencia internacional, la Agencia Internacional de Energía ha señalado que una proporción cercana a un cargador público por cada diez vehículos puede considerarse un punto de equilibrio razonable para garantizar cobertura. Bajo ese estándar, el rezago colombiano resulta evidente.
La situación también pone presión sobre las empresas energéticas y operadores privados que hoy lideran el desarrollo de esta red. Compañías como Terpel y el Grupo EPM concentran cerca del 40% de los puntos de carga públicos existentes en el país. Desde Terpel, uno de sus voceros para la línea de electromovilidad explicó en El Colombiano que la compañía ya supera los 50 puntos instalados a nivel nacional. Solo en 2025 sumó diez nuevas estaciones y proyecta agregar otras 14 durante este año, buscando responder al crecimiento del mercado.
Pero incluso con esas expansiones, el reto sigue siendo enorme. Proyecciones del Ministerio de Minas y Energía estiman que Colombia necesitará cerca de 20.000 puntos públicos de carga antes de 2030 si quiere acompañar adecuadamente la masificación de vehículos eléctricos. Eso implica multiplicar la infraestructura actual en más de 6.500%, una meta ambiciosa que exigirá inversión privada, incentivos estatales y una mayor coordinación entre el sector automotor y energético.
La inversión requerida no es menor. Los cálculos oficiales ubican la necesidad entre 255 y 390 millones de dólares en los próximos años. Aunque ya existen estímulos tributarios, como beneficios en IVA, renta y aranceles para proyectos relacionados con movilidad eléctrica persisten barreras estructurales. Entre ellas aparecen los altos costos de instalación, trámites regulatorios, adecuaciones eléctricas y, en muchos casos, la dificultad de encontrar información actualizada sobre estaciones disponibles.
A esto se suma otro desafío técnico menos visible, pero igual de importante: la interoperabilidad. En otras palabras, que cualquier conductor pueda conectar su vehículo en distintas redes o marcas de cargadores sin enfrentar incompatibilidades o procesos complejos.
