Rocha Moya: ir más allá de la ‘licencia’ para vincularlo a proceso en México SDP Noticias

La noticia de que Rubén Rocha Moya ha solicitado licencia para separarse de su cargo de manera temporal marca el inicio del fin de su encrucijada más amarga: el dilema entre intentar defenderse desde la gubernatura de Sinaloa o aceptar que, en la ruleta de la política, le ha tocado perder y debe protegerse buscando que se le juzgue en México y no en EEUU.

Esta licencia debe ser el preludio de una renuncia definitiva que le retire el fuero. Solo así podrá enfrentar, con todo el rigor de las leyes mexicanas y los tratados internacionales, la solicitud de EEUU de detenerlo provisionalmente con fines de extradición.

Siempre he tenido la mejor opinión del gobernador Rocha Moya; no la voy a modificar hoy que atraviesa graves problemas. Él ha sido un modesto profesor de izquierda, un hombre de convicciones formadas en la congruencia de la lucha social. Pero la práctica de la política, cuando se alcanza la cúspide del poder, posee una naturaleza cruel y devora inclusive a sus mejores hijos.

Rocha Moya está atrapado en un laberinto del que no saldrá mediante la negación ni esperando que la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum lo protejan indefinidamente. Con la licencia ya sobre la mesa, es momento de entender que, tarde o temprano, deberá encarar la solicitud de extradición para intentar superarla. La opción más inteligente es la entrega voluntaria, ya sin fuero; de esta forma, evitaría detonar una crisis mayor para la presidenta en su relación con EEUU y Donald Trump.

Mi pronóstico es que, si Rocha Moya actúa con coraje, renuncia a la inmunidad procesal y comprende que es inevitable la apertura de una carpeta de investigación en su contra, terminará siendo juzgado en México.

Procesarlo en territorio nacional es jurídicamente viable bajo la facultad potestativa por nacionalidad, consagrada en el artículo 9 del Tratado de Extradición entre México y EEUU, así como bajo el principio de foro preferente. Este principio otorga prioridad a la jurisdicción de un Estado sobre otro basándose en vínculos estrechos como la nacionalidad del imputado o el lugar donde se cometieron los presuntos delitos.

En el marco de los tratados con Estados Unidos, tanto la facultad potestativa como el foro preferente permiten que un país se niegue a entregar a un ciudadano si demuestra que ya cuenta con un proceso penal abierto, real y eficaz en su propio territorio, defendiendo así su soberanía judicial frente a reclamaciones extranjeras.

Lo que debe hacer Rocha Moya para no profundizar las fricciones bilaterales consiste en ir más allá de la licencia y separarse formalmente del cargo. Solo así el fuero desaparecería ipso facto y podría ser procesado sin obstáculos constitucionales.

Sin fuero, tendría que comparecer voluntariamente ante la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy. Esto tendría el doble efecto de fijar un domicilio procesal y manifestar disposición a colaborar, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de medidas cautelares duras como la prisión preventiva.

La entrega voluntaria le otorgaría al todavía gobernador la ventaja estratégica de demostrar que no pretende sustraerse de la acción de la justicia, lo que facilitaría al Estado mexicano consolidar un caso para que no se le juzgue en EEUU, sino en nuestro territorio.

Para que esta exigencia fuera convincente, no bastaría con la sola apertura de una carpeta de investigación; la FGR, además, tendría que realizar una judicialización acelerada que buscara, sin ambigüedades y por lamentable que sea, la vinculación a proceso.

Asimismo, para neutralizar cualquier argumento sobre la supuesta ineficacia del sistema de justicia mexicano, el juez debería imponer medidas cautelares proporcionales. Si no se dictara la prisión preventiva justificada —ya sea por su edad, 75 años, o por la ausencia de riesgo—, se debería optar, al menos, por la vigilancia electrónica y el resguardo domiciliario.

En esa etapa sería vital activar el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua para incorporar pruebas financieras y testimonios que robustezcan la acusación local; de este modo, se evitaría que el caso mexicano quedara en desventaja frente a las acciones ya iniciadas en el vecino del norte.

La celeridad con la que se judicialice a Rocha Moya y se le vincule a proceso daría argumentos sólidos a nuestras autoridades en la disputa jurisdiccional para determinar dónde debe ser juzgado.

Antes de ello, México tendría que ejercer su facultad soberana de no extraditar a uno de sus nacionales; es decir, demostrar que los delitos imputados aquí son sustancialmente iguales a los señalados allá y que existe una intención real de procesarlo a fondo. Si se lograra una judicialización sólida, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría la base legal para negar o diferir la entrega sin romper abiertamente con el país del norte.

De lo contrario, ante una investigación débil, EEUU calificaría el proceso como una simulación, lo que incrementaría la presión diplomática en un momento en el que es imperativo fortalecer la relación comercial con la sociedad estadounidense.

Desde luego, lo jurídico se empalma con lo político. Rocha Moya ha dado un paso correcto al pedir licencia, pero la presidenta Claudia Sheinbaum necesita que él avance hacia la separación definitiva del cargo. Solo así evitará la encrucijada de aceptar una extradición que comprometa la soberanía o rechazarla a costa de complicar la relación con Estados Unidos.

La licencia y la entrega voluntaria de Rubén Rocha Moya abren una ventana de oportunidad que debe aprovecharse de inmediato. La enorme rueda de la extradición no dejará de girar y, en algún momento, lo alcanzará.

La última defensa para el viejo profesor de izquierda pasa necesariamente por someterse de forma plena y voluntaria, ya sin fuero. Solo así tendrá la oportunidad de enfrentar la justicia en México y no en EEUU. Es la única vía para conservar algo de su legado personal sin comprometer al movimiento que ayudó a construir.