En defensa de Rocha El Imparcial
JAQUE MATE
Es evidente que el objetivo de esas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”,
Claudia Sheinbaum, 30.04.2026.
El mismo Gobierno que decidió que la UIF puede congelar cuentas bancarias sin pruebas y que amplió los delitos que ameritan prisión preventiva, o sea, que permiten encarcelar a alguien antes de juzgarlo, hoy dice que requiere pruebas “contundentes” para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos acusados de narcotráfico en Estados Unidos. El Gobierno que aplaudió el encarcelamiento de Genaro García Luna, porque fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy descalifica las órdenes contra los 10 de Sinaloa.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia -dijo ayer la presidenta Sheinbaum-: Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de esas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
La acusación estadounidense sostiene que en su campaña Rocha Moya se reunió con “los entonces líderes del cartel [de Sinaloa], incluidos Iván y Ovidio”, quienes “prometieron que los Chapitos se asegurarían de que Rocha Moya ganara las elecciones a gobernador. A cambio, Rocha Moya prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultaba elegido, se aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del Gobierno de Sinaloa a funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos”. Los Chapitos “robaron papeletas y urnas” y secuestraron e intimidaron a opositores. Rocha Moya y el senador Enrique Insunza se reunieron con los criminales después de la elección. “Como Gobernador de Sinaloa, y tal y como prometió antes de su elección, Rocha Moya se ha asegurado desde entonces de que los Chapitos hayan podido consolidar y ejercer un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa”. El documento detalla pagos a funcionarios y describe otros presuntos delitos.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos señala que “sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la Parte requerida”. Sin embargo, usualmente las peticiones vienen acompañadas sólo de indicios de “causa probable” y “probable responsabilidad”. Las pruebas definitivas para demostrar la culpabilidad se ventilan en el juicio en el país que requirió la extradición.
La Presidenta ha sido muy cambiante en su interpretación del tratado y de la Ley de Extradición Internacional. Entre 2025 y 2026 su Gobierno ha entregado a Estados Unidos a 92 reos que estaban en cárceles mexicanas sin molestarse en promover juicios de extradición. Utilizó como pretexto la Ley de Seguridad Nacional y señaló que los reos eran peligrosos. Quería quedar bien con Donald Trump, pero violó la ley mexicana. De nada sirvió el esfuerzo; Trump sigue afirmando que el Gobierno mexicano está controlado por el crimen organizado y que muchos políticos protegen a los narcotraficantes. La petición de aprehensión de los sinaloenses ratifica esta convicción.
Ni yo ni nadie tenemos certeza de que Rocha Moya y los otros acusados sean cómplices de los Chapitos, aunque indicios hay muchos. Habrá que ver las pruebas cuando se presenten. García Luna, sin embargo, fue condenado sin pruebas, simplemente por un gran número de testimonios de testigos colaboradores. Por otra parte, el Gobierno mexicano ha erosionado sistemáticamente la presunción de inocencia en nuestro País. La Presidenta se queja de que las acusaciones de Estados Unidos tienen motivaciones políticas, pero en México son cada vez más frecuentes las acusaciones con estos motivos.
La petrolera
Pemex sigue perdiendo dinero, ahora 45,991 millones de pesos en el primer trimestre de 2026. Se requiere mucha inventiva para hacer que una petrolera pierda dinero cuando los precios están en niveles históricamente altos.
Sergio Sarmiento
