Estados Unidos acusa de narcotráfico a Rubén Rocha Moya: ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del 30 de abril? Merca2.0
08:25
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura ante la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueva personas más señalados en un documento judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado leído en la Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que su administración actuará con base en la ley mexicana y defendiendo la soberanía nacional.
El posicionamiento surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios en activo, lo que generó tensión diplomática y cuestionamientos sobre los procedimientos internacionales.
México responde: revisión legal y proceso institucional
De acuerdo con la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril solicitudes de detención provisional con fines de extradición para 10 mexicanos, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación nacional.
Sheinbaum Pardo explicó que corresponde a la Fiscalía determinar si existen pruebas suficientes que sustenten dichas solicitudes. En ese sentido, la FGR confirmó que abrirá una investigación paralela para verificar si los señalamientos del gobierno estadounidense cuentan con elementos probatorios sólidos.
“La legislación mexicana es clara: para solicitar una orden de aprehensión se requieren datos de prueba que infieran la comisión de un delito”, se destacó en el comunicado retomado por la mandataria.
Soberanía nacional, el eje del mensaje de Claudia Sheinbaum
Uno de los puntos centrales del mensaje fue la defensa de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que México mantiene una relación de igualdad con otras naciones y rechazó cualquier intento de injerencia externa.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó.
La presidenta también dejó claro que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero insistió en que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas contundentes y bajo jurisdicción mexicana.
¿Investigación judicial o presión política?
En su posicionamiento, Sheinbaum Pardo planteó un escenario dual: si existen pruebas, se actuará conforme a derecho; si no, las acusaciones podrían responder a intereses políticos del gobierno estadounidense.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, sostuvo.
Este posicionamiento coloca el caso en un terreno delicado, donde convergen la cooperación internacional en materia de justicia y la defensa de la autonomía del Estado mexicano. Por ahora, el proceso queda en manos de la Fiscalía General de la República, que deberá determinar el curso legal del caso.
POSICIONAMIENTO INTEGRO DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO
Al pueblo de México:
El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán. Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español “Acusación de reemplazo bajo reserva”.
Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia. Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente:
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que, para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito.
Sin embargo… sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición.
Acusan a Rubén Rocha Moya: ¿Qué dice la acusación de Estados Unidos?
El documento, presentado por el fiscal Jay Clayton, señala que los funcionarios acusados “abusaron de sus cargos” para proteger las operaciones del cártel.
Entre las acusaciones se encuentran conspiración para tráfico de drogas, posesión de armas de alto poder y, en algunos casos, participación directa en actos de violencia.
Uno de los puntos más delicados es que, según la acusación, Rubén Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con apoyo del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, vinculados a Joaquín Guzmán Loera.
El documento sostiene que rivales políticos habrían sido intimidados o secuestrados durante el proceso electoral.
Además, se detalla que algunos funcionarios filtraban información sensible a la organización criminal, permitiendo evitar operativos y garantizar el tránsito de droga hacia territorio estadounidense.
¿Quién es Rubén Rocha Moya?
Rubén Rocha Moya es el actual gobernador del estado de Sinaloa, cargo que asumió el 1 de noviembre de 2021 bajo las siglas de Morena. Su llegada al poder se dio tras una trayectoria política consolidada en el ámbito legislativo, donde previamente se desempeñó como senador de la República.
Antes de su carrera política de alto nivel, Rocha Moya tuvo un perfil académico. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha estado vinculado a la educación pública durante décadas. Este antecedente le permitió construir una imagen de funcionario con experiencia en gestión institucional antes de dar el salto a la política electoral.
Su administración ha estado marcada por los retos en materia de seguridad en una de las entidades más relevantes para el narcotráfico en México. Sinaloa es considerado un punto clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa, lo que coloca a su gobierno en el centro de la atención tanto nacional como internacional.
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