Gremios panameños rechazan cargo a contenedores para financiar jubilaciones Infobae
El rechazo al Proyecto de Ley 491, que propone la imposición de un cargo económico al movimiento de contenedores en los puertos panameños, sigue escalando entre los principales gremios empresariales del país, que advierten sobre sus posibles efectos negativos en la competitividad, la inversión y la estabilidad económica.
A la postura inicial de la Cámara Marítima de Panamá se han sumado ahora organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consolidando un frente común en contra de la iniciativa.
El proyecto, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional, busca crear un fondo para equiparar las pensiones de jubilados que reciben menos de $600 mensuales, financiado a través de un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país.
Este cambio representa una modificación significativa respecto a su planteamiento original, trasladando el peso del financiamiento hacia el sector logístico, uno de los pilares de la economía nacional.
La Cámara Marítima de Panamá fue el primer gremio en alzar la voz, alertando que cualquier incremento en los costos operativos del sistema portuario podría provocar un desvío de carga hacia otros hubs regionales, afectando directamente el volumen de mercancías que transita por el país.
El gremio destacó que Panamá compite con otras plataformas logísticas en condiciones altamente sensibles al precio, por lo que cualquier alteración en su estructura de costos puede generar impactos inmediatos en su posición estratégica.
A esta preocupación se sumó APEDE, que expresó su rechazo al considerar que el proyecto introduce distorsiones en un sector altamente expuesto a la competencia internacional. El gremio recordó que el sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo además un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.
En ese sentido, advirtió que encarecer la operación portuaria afecta no solo a grandes operadores, sino también a pequeñas y medianas empresas que dependen de la dinámica del comercio exterior. La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que en un entorno global competitivo, Panamá debe proteger cuidadosamente su propuesta de valor como hub logístico, basada en eficiencia, confiabilidad y costos competitivos.
Según el gremio, trasladar cargas económicas a sectores estratégicos puede resultar contraproducente, ya que reduce la capacidad del país para atraer inversión y mantener su posición en el comercio internacional.
Por su parte, la CCIAP adoptó un tono aún más crítico, calificando la iniciativa como una medida improvisada, peligrosa y sin sustento técnico, que pone en riesgo la seguridad jurídica del país.
Su presidente, Aurelio Barría Pino, advirtió que gravar el movimiento de contenedores equivale a impactar directamente el corazón de la plataforma logística panameña, lo que podría desencadenar efectos en cadena sobre toda la economía.
El gremio empresarial también alertó que este tipo de medidas no se limitan al sector afectado, sino que terminan trasladándose al resto de la cadena productiva, provocando un aumento en los costos de bienes y servicios, con impacto directo en el consumidor final.
En otras palabras, lo que se plantea como una solución social podría derivar en presiones inflacionarias y pérdida de competitividad en múltiples sectores.
Otro punto crítico señalado por la CCIAP es la falta de estudios actuariales y de sostenibilidad financiera que respalden el mecanismo propuesto. Según el gremio, el proyecto intenta resolver un problema estructural del sistema de pensiones mediante una fuente de financiamiento ajena a su naturaleza, lo que podría generar desequilibrios a mediano y largo plazo. “No es una solución, es trasladar el problema”, enfatizó Barría Pino.
Adicionalmente, los gremios han advertido sobre posibles implicaciones legales, particularmente en relación con los contratos de concesión portuaria.
La imposición de nuevos cargos podría interpretarse como una modificación indirecta de las condiciones contractuales vigentes, abriendo la puerta a litigios y afectando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el país.
El sistema portuario panameño movilizó 2,353,235 TEU en el primer trimestre de 2026, una caída de 0.6% frente al mismo período de 2025.
En medio de este escenario, tanto APEDE como la CCIAP han coincidido en la necesidad de someter el proyecto a un análisis técnico integral, que evalúe sus impactos económicos, regulatorios y competitivos antes de su eventual aprobación.
Ambos gremios han reiterado que no se oponen al objetivo de mejorar las condiciones de los jubilados, pero insisten en que las soluciones deben ser sostenibles, bien estructuradas y alineadas con la estrategia país.
Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la política pública panameña: cómo equilibrar la atención de necesidades sociales urgentes sin comprometer los sectores que sostienen el crecimiento económico.
En este caso, la advertencia de los gremios es clara: tocar la logística no es
un ajuste menor, es intervenir uno de los principales motores del país.
