Se ‘vendió’ gobernador por sobornos y votos Diario.mx

Fiscales estadounidenses acusaron a un gobernador mexicano y a otros nueve —entre funcionarios y ex funcionarios públicos— de participar en una amplia conspiración para ayudar a un poderoso cártel mexicano a importar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y votos.

En una acusación formal revelada el miércoles, los fiscales estadounidenses señalaron que el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había aceptado sobornos y ayuda para ser electo a cambio de proteger a la organización criminal dominante en su estado, el Cártel de Sinaloa, que ha aterrorizado a sus ciudadanos durante años.

Los fiscales alegaron que los demás funcionarios actuales y exfuncionarios mexicanos —entre ellos un senador y un prominente alcalde— también habían aceptado sobornos para proteger a miembros del cártel de ser arrestados y proporcionarles información.

En un comunicado, Rocha negó los cargos por considerarlos “totalmente falsos y sin fundamento” y afirmó que se trataba de un esfuerzo de Estados Unidos por violar la soberanía de México y atacar su movimiento político de izquierda, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La acusación formal es el paso más significativo que ha dado hasta ahora la administración Trump para combatir la corrupción gubernamental que, según ha señalado, está en el corazón del problema de los cárteles en México.

Rocha es el miembro de mayor rango del partido político dominante de México, Morena, en ser formalmente acusado por Estados Unidos. La medida podría generar una cuña entre los gobiernos de ambos países justo cuando están profundizando su cooperación en el combate a los cárteles, que han matado a miles de mexicanos y amasado fortunas traficando drogas hacia Estados Unidos.

Rocha, de 76 años, es un aliado partidario de Sheinbaum y de su predecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. A medida que Rocha enfrentaba acusaciones de corrupción cada vez más intensas en los últimos meses, había recibido el respaldo público de funcionarios de Morena.

Sheinbaum ha encabezado una agresiva campaña contra los cárteles de México, pero se ha enfocado principalmente en líderes y operativos criminales, no en los funcionarios electos a quienes han corrompido durante largo tiempo. Ha afirmado que su gobierno está erradicando la corrupción, incluso al destapar un gran robo de combustible y fraude fiscal en la Marina mexicana, pero el presidente Donald Trump ha dicho que se debe hacer más.

Funcionarios mexicanos sospechaban que Estados Unidos estaba preparando acusaciones formales contra funcionarios del país después de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, pronunciara la semana pasada un encendido discurso en Sinaloa sobre la corrupción en el estado, que parecía dirigido a Rocha, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron de manera anónima para describir conversaciones privadas.

El comercio entre México y Estados Unidos “requiere que nuestros gobiernos criminalicen el soborno y la corrupción y hagan cumplir los códigos de conducta para los funcionarios públicos”, dijo Johnson al inaugurar una fábrica en Sinaloa.

“Es posible que pronto veamos acciones significativas en este frente”, agregó el embajador. “Estén atentos”.

Tras el discurso, funcionarios mexicanos pidieron a sus homólogos estadounidenses que les avisaran sobre cualquier acusación formal que estuvieran preparando contra funcionarios en ejercicio para poder manejar las repercusiones a nivel nacional y dentro de Morena, el partido de Sheinbaum, según estas personas.

El martes por la noche, funcionarios mexicanos recibieron una solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos para “diversas personas”, dijo el Gobierno mexicano en un comunicado el miércoles. La solicitud “no contenía evidencia suficiente para establecer la responsabilidad de las personas” señaladas para extradición, dijo el Gobierno de México, añadiendo que su Fiscalía general estaba evaluando la solicitud. Sheinbaum no se pronunció sobre la acusación formal el miércoles.

La acusación de funcionarios en ejercicio dentro de su propio partido podría crear un dilema para Sheinbaum. Ha buscado mantener una buena relación con Trump mientras se mantiene firme en la protección de la soberanía de México. También enfrenta las realidades políticas de gestionar su extenso partido, que incluye a muchos funcionarios profundamente escépticos de Trump y a algunos que temen que también podrían estar en la mira del sistema de justicia estadounidense.

Johnson, el embajador de Estados Unidos, dijo en un comunicado el miércoles que tanto Estados Unidos como México querían combatir la corrupción. “Estados Unidos continuará trabajando con el liderazgo de México para avanzar en la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad”, señaló.

La acusación formal se apoya en cargos anteriores presentados por la Fiscalía federal de la ciudad de Nueva York contra “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el capo del narcotráfico encarcelado conocido como “El Chapo”, quien fundó el Cártel de Sinaloa.

Desde sus primeros días en la década de los ochenta, el Cártel de Sinaloa ha sobornado a funcionarios en todos los niveles del gobierno y el ejército mexicanos para expandir su imperio criminal, según registros judiciales. Pero incluso en medio de esa larga historia de corrupción, la acusación formal del miércoles fue notable por señalar a los más altos niveles del gobierno de Sinaloa como parte esencial del Cártel de Sinaloa.

Rocha, ex maestro y líder universitario, nació en la misma región montañosa de Sinaloa que “El Chapo”. En 2013 publicó una novela titulada “El engaño: cómo nació el narco”, que relata el surgimiento del crimen organizado en Sinaloa.

Para 2021, Rocha se postulaba para gobernador cuando, según los fiscales estadounidenses, se reunió con los principales factores de poder de su estado: los líderes del Cártel de Sinaloa.

Durante una reunión custodiada por hombres con ametralladoras, dos hijos de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, le dijeron a Rocha que podían garantizar que ganara la elección, según la acusación formal. A cambio, Rocha respondió que instalaría funcionarios en todo el estado que permitirían al cártel operar con impunidad, según la acusación.

Los fiscales estadounidenses señalaron que el cártel contribuyó entonces a elegir a Rocha mediante el robo de boletas y el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición para que abandonaran la contienda. Rocha y el cártel instalaron después a funcionarios corruptos en todo el Gobierno estatal de Sinaloa y en los municipios, dijo la acusación.

Durante los años siguientes, Rocha y otros funcionarios permitieron al cártel traficar “enormes cantidades” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de “millones de dólares en dinero del narcotráfico”, según la acusación.

Entre los demás funcionarios acusados se encuentran el actual alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa; el subprocurador general del estado; y varios ex altos funcionarios de seguridad pública estatal.

Uno de esos funcionarios es Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía en Culiacán, bastión del cártel. Los fiscales estadounidenses afirman que el cártel le pagaba 41 mil dólares mensuales para que los distribuyera entre él y otros agentes de policía con el fin de permitir al cártel transportar libremente fentanilo y metanfetamina, y a veces incluso prestarle patrullas y radios policiales.

Valenzuela, señala la acusación, también ayudó al cártel en el asesinato de un informante confidencial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y de sus familiares, entre ellos un niño de 13 años. Bajo las órdenes de Valenzuela, agentes de policía detuvieron al informante y a su familia y los entregaron al cártel, dijeron los fiscales.

Los fiscales estadounidenses señalaron que Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, proporcionó al cártel los nombres y direcciones de los opositores políticos de Rocha en 2021 para que el cártel pudiera atacarlos. Los fiscales también dijeron que Dámaso Castro Zaavedra, actual subprocurador general de Sinaloa, aceptó sobornos mensuales para alertar al cártel sobre redadas respaldadas por Estados Unidos a laboratorios de drogas.

Sheinbaum ha elogiado públicamente la labor de Rocha en el pasado y esta semana negó tener información sobre la revocación del visado del gobernador por parte de Estados Unidos, tras una publicación de Los Angeles Times al respecto.

El martes, al ser cuestionada sobre comentarios atribuidos a Trump por un presentador de Fox News en el sentido de que “México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza”, Sheinbaum los descartó.

“El único que manda en México es el pueblo mexicano, y nadie más”, dijo. “Ciertamente nadie del extranjero”.