Entregar tierra no es suficiente: así avanza el financiamiento para hacerla producir Infobae

En varias zonas rurales del país, tener tierra ya no es el único desafío. Para muchos campesinos, el siguiente paso, y quizá el más complejo, es conseguir recursos para hacerla producir. En ese punto es donde empieza a tomar forma una estrategia que busca conectar la reforma agraria con el acceso real a financiamiento.

Con ese objetivo, el Banco Agrario comenzó a desembolsar créditos dirigidos a quienes recibieron predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La apuesta apunta a cerrar una brecha histórica: que la adjudicación de tierras no se quede en el papel, sino que se traduzca en proyectos productivos sostenibles. Las cifras muestran un avance inicial. Más de $280.000 millones ya fueron entregados a cerca de 3.300 beneficiarios en distintas regiones del país. Detrás de ese número hay productores que, por primera vez, logran acceder al sistema financiero formal.

El alcance del programa es amplio. Los recursos no tienen un único destino, lo que permite adaptarlos a las necesidades de cada territorio. Se pueden invertir en compra de maquinaria, adecuación de suelos, infraestructura, diversificación de cultivos o procesos de comercialización. Esa variedad responde a una lógica clave, el campo no funciona con soluciones homogéneas. Mientras en algunas zonas la prioridad es mejorar sistemas de riego, en otras lo urgente es fortalecer cadenas de venta o incorporar tecnología básica para aumentar la productividad.

El portafolio disponible incluye más de 300 líneas de crédito, lo que abre la puerta tanto a capital de trabajo como a inversiones de largo plazo. En la práctica, esto significa que un productor puede financiar desde la siembra de una cosecha hasta la transformación de su modelo productivo.

Uno de los aspectos más relevantes está en las condiciones de acceso. A diferencia de esquemas tradicionales, no se exige un historial crediticio previo, un requisito que durante años dejó por fuera a miles de pequeños productores. En su lugar, se piden condiciones básicas como documento de identidad, experiencia en la actividad y certificación sobre la tenencia del predio.

Además, el rango de edad permitido, entre 18 y 79 años, amplía la cobertura a distintos perfiles dentro del campo, incluyendo jóvenes rurales que buscan iniciar proyectos productivos y adultos mayores con experiencia acumulada. La estrategia también incorpora un enfoque diferencial. No está dirigida exclusivamente a pequeños productores. Incluye a medianos, grandes, asociaciones campesinas, mujeres rurales y organizaciones colectivas. Con esto se busca fortalecer tanto iniciativas individuales como procesos comunitarios.

En regiones específicas, los efectos comienzan a hacerse visibles. En el Magdalena Medio, por ejemplo, ya se desembolsaron cerca de $3.000 millones entre 400 beneficiarios a través del Banco Agrario. Aunque es una cifra menor frente al total nacional, da señales de cómo el crédito empieza a dinamizar economías locales.

Ese movimiento se refleja en actividades que van más allá de la producción primaria. La inversión en el campo suele activar transporte, comercio local y servicios asociados, generando un efecto en cadena que impacta a comunidades enteras.

Sin embargo, el acceso al crédito es apenas una parte del camino. El verdadero desafío está en convertir esos recursos en productividad sostenida. Es decir, que los proyectos financiados logren mantenerse en el tiempo, generar ingresos estables y mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan la tierra.

También entra en juego la capacidad de comercialización. Producir más no siempre garantiza mejores ingresos si no existen canales eficientes para vender. En ese sentido, el crédito necesita complementarse con asistencia técnica, acceso a mercados y acompañamiento institucional. La apuesta de fondo es clara, que la reforma agraria no se limite a redistribuir tierras, sino que impulse una transformación económica en el campo. Para lograrlo, el financiamiento debe ir de la mano con políticas que fortalezcan toda la cadena productiva.