Rubén Rocha, de académico a Gobernador implicado El Diario de Chihuahua
La carrera de Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, transitó durante décadas por la academia, la política institucional y la izquierda partidista.
Hoy, esa trayectoria está marcada por dos ejes que lo persiguen: los señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluida su mención en una carta atribuida a Ismael "El Mayo" Zambada, y una acusación formal en Estados Unidos que lo coloca como parte de una presunta red de protección al narcotráfico.
Originario de Badiraguato, territorio emblemático del narcotráfico, Rocha construyó su perfil en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde fue Rector en los años noventa del siglo 20.
Su formación académica y su paso por la Universidad lo posicionaron como operador político con influencia en estructuras locales.
Inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero migró hacia la izquierda hasta consolidarse en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuerza política con la que ganó la Gubernatura en 2021.
Su llegada al poder coincidió con una de las etapas más complejas del Cártel de Sinaloa: la fractura entre "Los Chapitos" y "Los Mayos", dos bloques que disputan control territorial, rutas y estructuras financieras.
En ese contexto, la figura del Gobernador quedó bajo escrutinio constante, y uno de los episodios que detonó mayor presión fue la difusión de una carta atribuida a Ismael "El Mayo" Zambada, en la que el capo hacía referencia a encuentros con actores políticos y mencionaba a Rocha Moya en el contexto de reuniones previas.
Aunque el documento no fue validado oficialmente, su circulación pública colocó al Mandatario bajo sospecha directa, y aunque Rocha negó cualquier vínculo o encuentro, el señalamiento se convirtió en un antecedente permanente en su administración.
Ese contexto escaló el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa, en activo y retirados, por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmaron que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación incluye a figuras clave del aparato estatal: el senador Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; mandos de seguridad, fiscales y ex funcionarios.
Todos son señalados de integrar una estructura que habría facilitado el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
"El Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo", advirtió Clayton.
En tanto, la DEA sostuvo que los implicados utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando el ingreso de drogas letales a Estados Unidos.
Según el documento judicial, Rocha Moya habría sido beneficiado electoralmente por la facción de "Los Chapitos", que intervino mediante intimidación y secuestro de adversarios políticos para favorecer su triunfo en 2021.
A cambio, el Gobernador habría sostenido reuniones con integrantes del grupo criminal y ofrecido protección institucional para sus operaciones.
La acusación detalla que los implicados habrían protegido a líderes del cártel de investigaciones y detenciones, filtrado información sensible de fuerzas de seguridad y ordenado a corporaciones locales resguardar cargamentos de droga en tránsito hacia Estados Unidos.
También señala que permitieron actos de violencia sin consecuencias y recibieron millones de dólares en sobornos.
El caso incluye acusaciones adicionales contra Juan Valenzuela Millán, ex mando de la Policía Municipal de Culiacán, por su presunta participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en su asesinato.
Las imputaciones contemplan delitos de tráfico de drogas, conspiración, posesión de armas de uso exclusivo, incluidas ametralladoras, y secuestro, y las penas van desde un mínimo de 40 años de cárcel hasta cadena perpetua.
En paralelo, el documento describe cómo mandos estatales habrían recibido pagos periódicos del crimen organizado. Por ejemplo, el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales para alertar sobre operativos y evitar detenciones, según la acusación.
Para Rocha, la gravedad del señalamiento no sólo radica en la acusación judicial, sino en su coincidencia con antecedentes como la carta atribuida a "El Mayo" Zambada.
Ambos elementos, uno mediático y otro legal, construyen una narrativa de presunta cercanía con estructuras criminales que hoy define su momento político.
El Gobernador mantiene la presunción de inocencia y hasta ahora ha rechazado cualquier vínculo con el narcotráfico.
