Morena en cocinas de la muerte Diario.mx

-Morena en cocinas de la muerte

-Asustó a jueces federales escándalo de Plenitud

-Regulación frena a proveedores de maquila

-Pagó el hermano Fiscal por los 3 de Juárez

Hay un enfoque inexplorado en el caso del narcolaboratorio del municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua, tras el cual llegó primero el accidente que cobró la vida del jefe de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, y luego el incidente político binacional sobre el que han corrido ríos de tinta en medios de los Estados Unidos y de México.

Esa cocina de la muerte en tan apartada región del estado (a nueve horas de la capital por carretera y caminos de terracería), estaba ubicada en un municipio donde el crimen no permitió registrar más candidatos a alcalde que el de Morena, José de Loreto Javalera Bojórquez, quien ganó tanto en 2021 como en 2024, pero no por mayoría de votos propiamente, sino porque fue el único contendiente “autorizado” por el poder real de la región.

El hecho es curioso y sospechoso, por decir lo menos, ya que en 2021 nadie se atrevió a contender por cualquier otro partido, dándole a Javalera el triunfo por default; aun así, hasta el entonces delegado federal y excandidato a gobernador, el juarense Juan Carlos Loera, acudió a la toma de posesión del primer periodo del alcalde, según la foto de las redes oficiales (puede verse en la edición digital de La Columna).

En 2024 solo una mujer de Movimiento Ciudadano, Beatriz González Vázquez, se atrevió a hacerle frente, pero apenas rebasó el tres por ciento de los votos en esa comunidad colindante con Sinaloa.

Si bien es una región extensa -donde hay comunidades muy distantes por la geografía y los pésimos caminos y donde ni la cabecera municipal tiene acceso por carretera pavimentada-, no deja de causar suspicacias que el narcolaboratorio estuviera a media hora de la zona más poblada del municipio.

En Moris hay otro caso similar, también con alcalde morenista, el expriista Lot Abel Rivera Martínez. En el municipio han sido dos los laboratorios clandestinos desmantelados dentro de la llamada Operación Frontera Norte, durante el año 2025; también estaban casi a la vista de todos.

Es todavía más grave la situación en este municipio que colinda con Sonora, pues aquí fueron emboscados, en octubre del año pasado, agentes de la Policía Estatal, de los cuales tres fallecieron. El nombre de Rivera y el de una exalcaldesa del PRI, Perla Gacela López, salieron a relucir, vinculados a los de nueve detenidos, presuntos integrantes de un grupo criminal.

Es importante establecer la localización de los esos lugares porque dan una idea de la delincuencia organizada detrás, pero también es relevante conocer la geopolítica en estos hechos.

De seis narcolaboratorios detectados en el estado en el último año, dos son en Moris y uno en Morelos; otros dos han sido en la capital del estado y uno más en el municipio de Guerrero.

De esto no se desprende una acusación hacia gobiernos locales morenistas, por supuesto, pero tampoco pueden exculparse del todo si los antecedentes apuntan a inconfesables alianzas criminales.

La palabra narco-política en Chihuahua es una de las más familiares desde que el actual senador por Morena, Javier Corral, la empezó a usar en su campaña por la gubernatura...a través de la periodista Miroslava Breach, que en paz descanse.

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Según el reporte de los abogados que todos los días padecen al sistema de justicia, desde el pasado mes de febrero -cuando fue dictado el amparo y la libertad de José Luis A.C., principal acusado en el caso de los casi 400 cadáveres abandonados en el crematorio Plenitud- los defensores se las han visto negras.

Resulta que el impacto social de la resolución de Luis Eduardo Rivas Martínez, juez séptimo de Distrito en Juárez, llevó a los demás jueces federales a resolver de manera más tibia los amparos. Sus resoluciones son ahora a medias sobre medidas cautelares de prisión preventiva y otras.

Básicamente, se quejan, sus sentencias son del tipo: “para mí, juez de Distrito, debería salir, pero tú debes resolver, juez de Control”; es decir, los jueces federales terminan por desentenderse de sus atribuciones, endilgándoles a los juzgadores estatales la responsabilidad sobre la medida cautelar.

Eso se suma a las negativas a amparos más recurrentes desde febrero que -sospechan en juzgados locales- es consecuencia de la resolución lograda por el despacho jurídico Legal, encabezado por Manuel Pineda Contreras, a favor del dueño del crematorio donde los 386 cuerpos fueron hallados en condiciones indignas en junio de 2025.

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La maquila en Juárez destinó en febrero casi ocho mil millones de pesos a nómina, frente a poco más de mil 500 millones en insumos nacionales.

La lectura fácil diría que hace falta fortalecer la proveeduría local. La lectura incómoda es otra: el sistema sigue diseñado para no usarla.

No se trata de falta de capacidad, sino de incentivos. Entre reglas fiscales, devoluciones de IVA inciertas, trazabilidad y carga administrativa, integrar proveedores nacionales implica más riesgo que importar.

En ese contexto, la decisión empresarial es racional: se optimiza la operación, no el discurso.

El resultado es una economía que genera empleo, pero no termina de construir cadena. México perfeccionó el modelo de ensamble, pero dejó incompleta la integración.

El dato no es menor: revela una frontera altamente productiva, pero todavía ligera en contenido local. Y mientras importar siga siendo más fácil que comprar en casa, la proveeduría nacional seguirá siendo aspiración… no realidad.

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La gran derrota del hermano, Arturo Zuany, como candidato a Gran Maestro de la Logia Cosmos del estado, en realidad fue un golpazo de tres por tres para quienes traía cerca de su equipo y son considerados auténticas pústulas cancerosas al interior de los masones.

Para acabarla de amolar, son masones de Juárez Fernando Martínez, Marcos Delgado y Fernando Mota Allen, los rechazados por la inmensa mayoría de los hijos del compás y la escuadra, que fungieron como apoyadores de Zuany, el “alto funcionario” de la Fiscalía General del Estado, derrotado el sábado en la ciudad de Chihuahua.

Zuany tuvo enfrente a una fórmula encabezada por Guillermo Trejo Néder quien es “alto” funcionario del Congreso del Estado, es secretario técnico.

El Congreso permanece bajo control de la mayoría PAN-PRI-MC y como tal Trejo pudo llegar al cargo negociado con masones priistas o naranjas...o hasta panistas, pues mucho de su trabajo legislativo lo lleva a cabo nada menos y nada más que con el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez.

Al equipo de Zuany le falló idea de que su cargo le ayudaría a conquistar la jefatura de la Cosmos pero se agarró de los tres clavos ardiendo ya mencionados; vaya, y son tres: Mota, Martínez y Delgado, que ni asistieron el sábado la secreta elección porque, es posible, ya no tengan ni logia que los acoja.

Zuany fue derrotado bajo una expresión que odiaba “Teto” Murguía (que en paz descanse) cuando perdió a manos de Armando Cabada, por “un océano de votos”. Tuvo cerca 65 contra 250 de Trejo.

Esos fueron votos delegacionales, representantes de masones de la mayoría de los municipios del estado, donde hay leones, rotarios, pentathlones, clubes de motos, panistas, priistas, naranjas, morenos, empresarios...funcionarios judiciales, municipales, estatales, federales...un montón de policías de todos los niveles...militares.

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Y lo que son las vueltas de la vida, tan irónicas ellas; en los no lejanos tiempos en que Georgina Bujanda fue diputada local por el PAN, hizo hasta lo indecible por deshacerse del secretario técnico, Guillermo Trejo, a la sazón Gran Maestro de la Cosmos y hoy influyente personaje estatal de la orden.

Por fortuna Bujanda acaba de ser readmitida por su equipo panista en el gobierno estatal como Fiscal de Derechos Humanas tras recibir un severo castigo por su infortunado paso justamente como diputada y después como Secretaria General de la UACH. 15 días más en la banca y quizá no hubiera alcanzado ni el final del sexenio con Trejo empoderado.

Su característica es la polémica. Hoy anda más preocupada por conseguir sus clásicas escoltas para la característica intensa vida social que por darle brillo a la institución derechohumanista dentro de la Fiscalía.

Hay decenas de policías-escoltas regados entre inclusive funcionarios de la UACH pero ninguno quiere soltar los suyos porque los usan de chalanes corre ve y tráeme más que por necesidad de seguridad. A ver en qué queda la lucha.