Profunda crisis de derechos humanos en México, alerta Amnistía Internacional en informe; emergencia por desapariciones ha alcanzado niveles altísimos, sostiene La Clave Online

La profunda crisis de derechos humanos que afecta al país sigue sin ser atendida de manera adecuada. Algunas medidas tomadas en el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum podrían afectar aún más esa delicada situación. Entre esas decisiones está la profundización de la militarización de la seguridad pública, la decisión de mantener la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, así como seguir negando la crisis de desapariciones, que ha alcanzado niveles altísimos. Todo ello en un contexto en el que la impunidad por crímenes comunes sigue siendo motivo de alarma.

Lo anterior fue destacado por Amnistía Internacional en la presentación de su informe anual global La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26, en cuyo marco se presentó también el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

En este último documento se analizan cuatro temas fundamentales: Reconfiguración institucional, seguridad ciudadana, espacio cívico y violencia contra grupos marginalizados. Estos rubros no agotan la agenda de derechos humanos, pero al leerse a la luz del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26, se obtiene un panorama amplio de la situación de los derechos humanos en México.

“En Amnistía Internacional reconocemos que la Jefa del Ejecutivo recibió un país con una profunda crisis de derechos humanos, advertimos también que algunas medidas que ha adoptado podrían afectar aún más esa delicada situación, por lo que en nuestro informe incluimos más de treinta recomendaciones orientadas a que se avance en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.

“Ante la crisis estructural de la desaparición de personas, hacemos un llamado respetuoso a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, porque de ella pueden surgir contribuciones fundamentales para el abordaje de ese tema, que afecta a miles de familias en México. El trabajo conjunto facilitaría además la asistencia de la comunidad internacional. Estos apoyos son fundamentales para trazar el camino que eventualmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas”, agregó Edith Olivares Ferreto.

Cambios institucionales cuestionados

En el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, se advierte que la reconfiguración institucional, empezando por la reforma al poder judicial, dista de cumplir con los estándares internacionales en la materia. La selección de jueces y magistrados, a través de consideraciones políticas y no técnicas ha trastocado la independencia judicial. La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que nueve de las candidaturas más votadas a la SCJN se promovieron por listas distribuidas por partidos políticos y estructuras de gobiernos locales, previo a la elección.

Respecto de la Guardia Nacional (GN), institución encargada de la seguridad pública, ésta adquirió un carácter eminentemente militar por la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, que la convirtió, en los hechos, en un componente de las Fuerzas Armadas. Pese a ello el gobierno negó que se esté militarizando el país, aduciendo que el mando de la GN recae en la presidenta y porque la estrategia de seguridad es diseñada en la Secretaría de Seguridad.

Amnistía Internacional llama la atención sobre el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no impugnara la reforma constitucional de 2024. De hecho, es notoria la postura de ese organismo de no pronunciarse sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, así como su tendencia a no involucrarse en los principales debates de derechos humanos del país, como la regresiva reforma del poder judicial y a favorecer la postura del gobierno mexicano.

Su posición en contra del anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), de activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra la desaparición es otro ejemplo de ello. Incluso señaló que esa decisión violaba la soberanía de México y negó que las desapariciones se pudieran atribuir al Estado. Al no actuar de forma independiente y autónoma, como lo establecen los Principios de París, la CNDH “priva a la población (…) de un mecanismo no jurisdiccional que promueva y proteja sus derechos humanos”, precisa el referido informe.

En los dos informes referidos, Amnistía Internacional pone de manifiesto el grave problema que ha significado el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones fueron transferidas al organismo denominado Transparencia para el Pueblo, que ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión interpuestos.

Seguridad pública, se profundiza la militarización

La asignación de tareas de seguridad pública a militares implica altos riesgos para el derecho a la vida de las personas. El 2 de octubre de 2024 elementos del ejército dispararon a un vehículo donde viajaban unas 30 personas migrantes en Chiapas, muriendo seis de ellas y una decena resultaron heridas. Ese mes, en Tamaulipas, personal militar privó de la vida a tres personas en dos hechos diferentes.

En mayo de 2025 dos niñas murieron en Sinaloa cuando militares dispararon contra el vehículo familiar en que viajaban. Amnistía Internacional ha advertido al Estado mexicano que las labores de seguridad no son compatibles con la misión de las fuerzas armadas y están en tensión con el entrenamiento de su personal. Además, ve con preocupación que no hay un sistema transparente y público que monitoree las muertes de civiles como las descritas, lo que contraviene el principio de rendición de cuentas.

Amnistía Internacional reitera su llamado al Estado para abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública y para que ponga en práctica estrategias de seguridad que sitúen en el centro a las personas y sus derechos humanos.

Desaparición de personas, sin avances relevantes en su prevención

En el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, Amnistía Internacional detalla ampliamente el fenómeno estructural de la desaparición de personas y su tipología. Ésta ha alcanzado niveles altísimos con al menos 133,000 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras de fines de 2025. En general, las desapariciones permanecen en la impunidad.

En el documento se denuncia la ausencia de las autoridades en la búsqueda de esas personas, lo que ha llevado a la creación de decenas de organizaciones que hacen esa labor y que son encabezadas en su gran mayoría por mujeres; advierte además del riesgo que esa actividad implica para su vida. En 2025 se reportó el asesinato de al menos siete personas buscadoras.

Además, sigue sin haber información que establezca cuantas de esas desapariciones se pueden considerar desaparición forzada o son de otro tipo. Estos elementos, entre otras variables, enmarcan la crisis de desaparición de personas en México en la que, hasta la fecha, no se han registrado avances relevantes en materia de prevención.

Justicia penal que vulnera derechos

Respecto del sistema de justicia penal, en el informe Promesas en marcha derechos en riesgo, se advierte sobre el abuso de la figura del arraigo, que es una forma de privación de la libertad sin cargos que puede extenderse hasta por 80 días y de la prisión preventiva oficiosa, por la cual las personas acusadas de ciertos delitos enfrentan el juicio encarceladas.

Ante la insistencia del Estado mexicano de mantener ese tipo de detenciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencias en dos casos, en las que determina que México vulnera “los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente y a la presunción de inocencia; por lo que ordenó al Estado adecuar su ordenamiento jurídico sobre prisión preventiva oficiosa”. Dichas sentencias no han sido acatadas, bajo el argumento de que es un “despropósito (…) ponerse por encima de la Constitución”.

Derecho de manifestación en riesgo

Las autoridades no han tomado las medidas suficientes para que las personas ocupen sin restricciones indebidas el espacio cívico para expresar sus opiniones de manera libre y pacífica. Si bien las manifestaciones no son prohibidas por el Estado, en éstas se efectúa un despliegue masivo de policías que, en ocasiones, dispersan manifestaciones pacíficas sin justificación y sin cumplir los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos.

También se llegaron a registrar detenciones arbitrarias de personas manifestantes, como en las protestas del 8 de marzo de 2025 en Chihuahua, Coahuila e Hidalgo, de acuerdo con informes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Pese a que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza regula de manera deficiente el uso de armas y de la fuerza por los cuerpos policiales en manifestaciones, la SCJN reconoció la validez de los artículos 27 y 28 relacionados con esos temas y el Congreso no ha modificado esa ley para adecuarla a las normas del derecho internacional y estándares internacionales de derechos humanos

Por otra parte, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen siendo sometidas a vigilancia selectiva, con el objetivo de interceptar indebidamente sus comunicaciones y capturar información crucial para su labor, lo que afecta su derecho a la privacidad. El Estado tampoco ha tomado medidas para investigar y sancionar esa actividad ilegal y mucho menos ha dado garantías de que eso ya no ocurra.

Al contrario, la presidenta Sheinbaum impulsó reformas legales que aprobó el Congreso y que facultan a las autoridades de seguridad a acceder a información de la población sin los debidos controles, por ejemplo, a la Guardia Nacional le es permitido tener acceso a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, sin previa autorización judicial. Otras normas facultan a autoridades administrativas, que operan en ámbitos distintos a la seguridad, para conocer información privada.

Por ello, Amnistía Internacional insta en el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, a que el Estado tome medidas enfocadas en respetar y proteger el derecho a la privacidad de las personas.

Igualmente insta a las autoridades a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen su trabajo sin temor a represalias. Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), revelan que 77 personas defensoras de los derechos ambientales sufrieron criminalización en 2024, en tanto que Front Line Defenders, reveló que en el mismo año fueron asesinadas en México 32 personas defensoras.

Las personas periodistas enfrentan riesgos como hostigamientos, detención arbitraria, desaparición y asesinato, actos que pueden provenir de distintas fuentes, incluyendo agentes no estatales, como el crimen organizado. Del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 fueron asesinadas, al menos, nueve personas periodistas en México. La organización Artículo 19 documentó además 51 casos en los que se ha hecho uso indebido de procedimientos judiciales, civiles e incluso electorales para silenciar periodistas.

En lo que respecta a las violencias que afectan los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, el gobierno tomó algunas medidas relevantes para mejorar la situación de las personas que enfrentan violencias y discriminación, por ejemplo, creó la Secretaría de las Mujeres y aprobó una reforma constitucional en favor de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Sin embargo, las medidas no han sido lo suficientemente efectivas para superar la discriminación y las violencias que padecen mujeres; las personas LGBTI y en particular, las personas trans, que enfrentan discriminación cotidiana y violencia en un ambiente de casi completa impunidad. Las personas de pueblos originarios y afromexicanas han visto algunos avances importantes en el reconocimiento a sus derechos con la reforma constitucional de 2024. Sin embargo, siguen enfrentando estigmas y prejuicios que impactaron en el disfrute de sus derechos debido a que el Estado no tiene políticas contra la discriminación racial estructural.

Recomendaciones al Estado mexicano

En el informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, Amnistía Internacional plantea un total de 38 recomendaciones relacionadas con los temas que aborda y que están orientadas al avance en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. A continuación se refieren algunas de ellas:

Propone revertir urgentemente la reforma judicial; adoptar medidas para garantizar que la CNDH cumpla con su funsión de manera independiente; rediseñar el sistema de acceso a la información pública mediante un organismo independiente, que no responda a instrucciones del poder ejecutivo.

Reformar el sistema de seguridad pública de tal forma que el cumplimiento de la ley y las tareas de seguridad pública recaigan en un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos. En este sentido, insta a que se elabore un plan que retire de forma ordenada a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y que se efectúe una reforma constitucional que disponga que éstas no puedan participar en labores de seguridad ciudadana.

Reformar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, para que delimite claramente el uso de la fuerza letal, además de que limite y especifique los tipos de armamento permitido y sus usos. Que garantice, además, el derecho a manifestaciones pacíficas.

Plantea también reconocer la crisis de desaparición que ocurre en México y tomar todas las medidas pertinentes para que cesen esas desapariciones y se lleve a las personas sospechadas de responsabilidad penal ante los tribunales de carácter civil, en juicios justos.

Adoptar medidas concretas para erradicar la impunidad; garantizar la integridad, probidad e independencia del personal que dirige tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales.

Reconocer públicamente la legitimidad del derecho a la libertad de reunión pacífica; derogar las reformas legales que permiten la vigilancia de la población y la intervención de comunicaciones o la geolocalización de dispositivos móviles; reconocer la legítima labor que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas; reconocer pública e institucionalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos.

Reconocer públicamente la magnitud del problema de los feminicidios en México; tomar medidas en contra de la impunidad en casos de feminicidios y garantizar una reparación integral a las familias de las víctimas de ese delito; eliminar el delito de aborto consentido de los códigos penales de la federación y las entidades federativas.

Asegurar en la ley y en la práctica el derecho de los pueblos indígenas; reconocer ampliamente, mediante una nueva reforma constitucional, los derechos de los pueblos indígenas a la posesión, titularidad, uso, control y desarrollo de sus tierras, territorios y recursos; garantizar que toda la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos; garantizar que la Guardia Nacional no realice acciones de control migratorio.

Información de contexto

En la presentación de ambos informes, efectuada en Casa Creatura-Pensamiento Crítico, participaron:

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana, Edith Olivares Ferreto; Roberto Miguel Sánchez Campos, Codirector de Kanan Derechos Humanos; María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, víctima de feminicidio. Su caso fue documentado por Amnistía Internacional en el informe Juicio a la justicia, deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

También se contó con la participación de la señora Beatriz Zapoteco Neri, mujer buscadora de la comunidad Nahua en Zitlala, Guerrero, quien busca a su esposo Santiago Tixteco Cosme. Su caso fue incluido en el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.

Los comentarios a ambos informes fueron hechos por la periodista y comunicadora mexicana Carmen Aristegui.

Foto: Carla Ramírez, Amnistía Internacional