Buscan recuperar 7,500 hectáreas de tierras arrebatadas Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
Luego de una década de asambleas ficticias y maniobras de sabotaje judicial, y gracias a la llegada de una nueva planilla en el comisariado ejidal de Seyé, los campesinos retomaron el control de su territorio y buscan ahora la restitución de más de 7,503 hectáreas arrebatadas por un grupo de 18 empresarios.
De acuerdo con el espacio colaborativo Jaltún, entre los años 2013 y 2014 llegó a Seyé un grupo de abogados encabezados por Armando Ceballos Chávez. En ese grupo estaba la abogada María Elide Silveria Hau, quien trabajó en el Registro Agrario Nacional como registradora. “Conocía muy bien el movimiento”, relata Felipe Cetina, integrante del nuevo Consejo de Vigilancia del comisariado electo.
Gracias a ese conocimiento de los mecanismos administrativos y el sistema registral agrario, el despacho de Ceballos Chávez pudo ejecutar en 2014 una maniobra clave: la celebración de asambleas ficticias para convertir a 18 empresarios en ejidatarios.
Entre los 18 empresarios que obtuvieron la calidad de ejidatarios se destacan nombres de gran peso en la élite empresarial y política de Yucatán. En detalle:
Juan Manuel Ponce Díaz: presidió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en 2017. Sus vínculos comerciales incluyen participación en el corporativo Bepensa, embotelladora y distribuidora de productos Coca Cola, así como la operación de agencias automotrices de las marcas KIA y Volkswagen.
Raúl Torre Gamboa: exdirector general de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso, un puesto estratégico en el manejo del principal puerto de altura de la península y motor del comercio y la logística regional.
José Juan Lozano Navarro: vinculado también a la estructura de la API Progreso durante el año 2017.
Juan Enrique de la Cámara Thomas: director de la Terminal de Contenedores de Progreso, infraestructura clave para el intercambio comercial de la península de Yucatán.
Alejandro Javier García Gamboa: miembro de una familia con intereses en el influyente Grupo SIPSE, conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento con gran influencia en el sureste mexicano.
Renán Castro Romero: hermano de Sofía Castro Romero, figura política que ha militado en el Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente en Morena, llegando a ser regidora en Mérida y candidata a la gubernatura.
Luis Rommel Beutelspacher de la Torre: empresario del sector apícola, propietario de la firma exportadora “Mieles del Mayab”.
Fernando José Vega Espinosa, Rodrigo José Vega Espinosa y Gerardo Torre Espinosa: todos vinculados societariamente a la desarrolladora Inmobiliaria Vega del Mayab.
Alberto García Cárdenas: médico de profesión, identificado por campesinos como comprador de terrenos en diversos municipios de la entidad.
Cuauhtémoc Román Ayala Arzapalo: conocido torero en el ámbito regional.
Ana Carolina Miles Zorrilla: empresaria del sector marketing con residencia en el extranjero.
Una vez que los empresarios fueron reconocidos de manera formal como ejidatarios, el despacho de abogados pasó a la segunda fase de su plan. En 2015 se convocó a una asamblea de cambio de destino de tierras. El objetivo declarado fue transformar una vasta extensión de tierras de uso común en solares urbanos. La superficie en disputa no era menor: 7,503 hectáreas, equivalentes a más del 8 por ciento de la extensión de Mérida.
Sin embargo, el quórum requerido para validar una decisión de tal magnitud no estuvo garantizado. La oposición de los ejidatarios legítimos representaba un obstáculo. La solución fue tan brutal como efectiva: tomaron el padrón y dieron de baja administrativa a 150 ejidatarios legítimos. Como resultado directo de esta purga administrativa, la asamblea se celebró sin la presencia ni el voto de esos actores, que vieron cómo de la noche a la mañana dejaron de existir para el RAN.
Con el camino despejado, la asamblea aprobó el cambio de destino de las 7,503 hectáreas. El mecanismo se basó en la vulnerabilidad económica de los campesinos. A cada ejidatario le correspondían originalmente ocho hectáreas por cada solar urbano. Pero a cada uno de ellos los abogados les arrebataron una hectárea: argumentaron que los trámites administrativos para obtener los títulos de propiedad individual costaban alrededor de 80 mil pesos.
“Como el ejidatario no lo pudo pagar, pues le quitaron una hectárea”, explica Cetina, con una mezcla de indignación y precisión factual. Así, en lugar de títulos por ocho hectáreas, se emitieron títulos por siete. La hectárea faltante, multiplicada por cientos de ejidatarios, fue a parar a un fondo controlado por los nuevos “dueños” de las tierras.
Las 7,503 hectáreas despojadas no quedaron dispersas aleatoriamente en el monte. Fueron concentradas en un área de alto valor estratégico y comercial, particularmente en las inmediaciones de la carretera Mérida-Valladolid, una de las arterias económicas más importantes de la Península, en tanto corredor logístico, turístico y comercial.
La tierra que quedó en manos de los empresarios, afirman en Seyé, tendrá como destino futuros desarrollos industriales, parques logísticos vinculados a la actividad portuaria de Progreso, gasolineras y fraccionamientos para residentes de alto poder adquisitivo. El perfil de los empresarios involucrados, con intereses en la API Progreso, la logística de contenedores y el desarrollo inmobiliario, permite anticipar esas posibilidades de manera contundente.
La respuesta de los ejidatarios despojados no se hizo esperar. A partir de 2015 iniciaron una defensa legal que se ha prolongado por más de una década. Sin embargo, el camino judicial se convirtió en un segundo calvario. De las tres demandas principales promovidas por los campesinos, dos se resolvieron de manera adversa. Se determinó que los ejidatarios dados de baja carecían de personalidad jurídica para solicitar la nulidad de una asamblea de cambio de destino de tierras. Es decir, el despojo se blinda a sí mismo.
Los empresarios, amparados en este criterio, han logrado mantener vigentes los títulos de propiedad emitidos ilegalmente, así como su estatus de ejidatarios, a pesar de que existe una sentencia que ordena la cancelación en el catastro y el RAN. Ahora las tierras siguen en un limbo legal que favorece a los ocupantes de facto.
Te podría interesar:
The post Buscan recuperar 7,500 hectáreas de tierras arrebatadas appeared first on Sol Yucatán.
