Crece postura para regular uso de redes entre los menores Periódico Contacto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El debate por regular el uso de redes sociales entre menores en México cobra fuerza: mientras autoridades educativas impulsan restricciones en las aulas, especialistas advierten que, sin una estrategia sólida de educación digital, las medidas pueden resultar insuficientes frente a un fenómeno ya extendido.

Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dimensionan el alcance del problema: en México, nueve de cada 10 menores tienen acceso a internet y, de ellos, 74% utilizan alguna red social. Entre las plataformas más populares destacan TikTok, con 71% de uso; YouTube, con 59%, y WhatsApp, 41%.

El pasado 4 de marzo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, inauguró el Foro Nacional Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental, donde convocó a especialistas, académicos y autoridades educativas a discutir posibles regulaciones en el uso de tecnología digital dentro de las escuelas.

Durante su intervención, sostuvo que iniciativas estatales han documentado lo que docentes observan a diario: el uso constante y no regulado de dispositivos impacta negativamente en la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar.

A estos efectos se suman problemáticas como el ciberacoso, el grooming, el sexting y la exposición a contenidos inapropiados, formas de violencia digital que forman parte del entorno al que están expuestas las infancias.

“Protegerlas es una obligación compartida entre el Estado, la escuela y la familia”, enfatizó el secretario de Educación.

Cimenna Chao, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, considera positivo que se haya abierto la discusión, aunque advierte que no debe centrarse únicamente en la regulación.

Subraya que, si bien las tecnologías son herramientas útiles para la comunicación y el aprendizaje, existe más de una década de evidencia científica que documenta riesgos cognitivos asociados a la distracción, la fragmentación de la atención y la disminución de la concentración.

A ello se suman afectaciones a funciones ejecutivas del cerebro, así como riesgos sicológicos y conductuales que van desde la invasión de la intimidad hasta situaciones de acoso digital.

La especialista indica que los efectos pueden ser más profundos en el desarrollo emocional. Señala que en estos entornos se amplifican estereotipos de género, se generan trastornos de autoimagen que pueden derivar en problemas alimenticios e incluso aparece ideación suicida.

El nivel de exposición agrava el panorama: con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los jóvenes pasan en promedio 5.7 horas al día conectados, lo que equivale a cerca de un tercio de su tiempo despiertos.

La tecnología, apunta Chao, ha dejado de ser un accesorio para convertirse en un espacio donde se construyen identidad, vínculos y formas de entender el mundo.

En ese entorno, el ciberacoso se ha vuelto un problema extendido. Al menos 23% de la población en edad escolar reporta haber experimentado algún tipo de agresión en línea, lo que genera emociones como miedo, enojo e inseguridad y puede derivar en ansiedad, depresión o estrés crónico.

Aunque la especialista aclara que la tecnología no siempre es la causa directa, sí funciona como un amplificador de vulnerabilidades preexistentes.

Frente a este panorama, plantea que la regulación debe enfocarse en establecer límites claros de edad y condiciones de uso.

Menciona que, a nivel internacional, el promedio sugerido ronda los 16 años, etapa en la que existe mayor madurez cognitiva para procesar contenidos y tomar decisiones informadas.

Alejandra Luna, especialista en temas educativos, advierte que regular el uso de redes sociales, por sí solo, no resolverá los problemas asociados a su consumo.

Considera indispensable una estrategia integral de educación digital que involucre a familias, docentes y autoridades.

Señala que el acceso a dispositivos ocurre desde edades muy tempranas, incluso fuera del ámbito escolar, por lo que cualquier medida limitada a las escuelas tendrá un alcance reducido.

Subraya que los procesos de concientización deben dirigirse prioritariamente a padres de familia. Sin su participación, sostiene, será difícil modificar hábitos de consumo digital en menores. También cuestiona la viabilidad de medidas como prohibiciones generalizadas, al considerar que el Estado tiene una capacidad de supervisión limitada para hacerlas cumplir.

Uno de los principales impactos del uso intensivo de redes sociales, explica, se refleja en el aprendizaje. La dificultad para mantener la atención está vinculada tanto a la ansiedad como a una dinámica cercana a la adicción, asociada al miedo a perderse algo en línea.

Diversos estudios académicos, añade, han encontrado correlaciones entre el uso excesivo de estas plataformas y síntomas de depresión, ansiedad y estrés, lo que repercute directamente en el rendimiento escolar.

A diferencia de una prohibición total, Luna considera viable establecer reglas claras dentro de las escuelas, donde sí existe margen de control. Propone, por ejemplo, regular el uso de dispositivos durante el horario escolar sin necesariamente impedir su ingreso, lo que permitiría reducir distracciones en el aula.

Expone que los docentes enfrentan cada vez más dificultades ante estudiantes que no pueden dejar de atender notificaciones, lo que interfiere en el proceso educativo.

También alerta sobre el uso indebido de la tecnología en evaluaciones, donde herramientas digitales permiten a los alumnos resolver exámenes en tiempo real, afectando el desarrollo de habilidades y el desempeño futuro.

De no atenderse el problema, las consecuencias podrían escalar, incluyendo un aumento en problemas de salud mental y dificultades en la interacción social y el manejo de la frustración.

En esta misma línea, Erik Avilés, director de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, reconoce que el debate impulsado por la autoridad educativa abre una conversación necesaria, pero cuestiona la falta de medidas concretas.

Considera que el uso indiscriminado de plataformas ha contribuido a debilitar la arquitectura cognitiva y emocional de una generación.

Critica que los procesos de consulta sin plazos definidos pueden postergar decisiones urgentes. Advierte que esperar meses para establecer una regulación implica dejar sin protección inmediata a la infancia frente a contenidos violentos o inapropiados.

En su opinión, los derechos de niñas y niños no deberían depender de tiempos administrativos.

Señala, además, que México enfrenta esta discusión sin haber resuelto el rezago educativo derivado de la pandemia de Covid-19.

Con base en estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, los estudiantes mexicanos perdieron entre uno y dos años de aprendizaje entre 2020 y 2022.

A esto se suma lo que se denomina “deuda cognitiva”, vinculada al uso intensivo de tecnologías e inteligencia artificial, donde las redes sociales no sólo funcionan como distractores, sino también como sustitutos del razonamiento.

Avilés cita investigaciones de instituciones como la Universidad de California en San Francisco y el Instituto Max Planck, que asocian el uso excesivo de redes sociales en menores con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, disminución de la atención y bajo rendimiento escolar. Dice que el país no puede permitirse acumular nuevos rezagos sobre brechas de aprendizaje ya existentes.

Resalta que posponer decisiones implica profundizar los riesgos para una generación ya afectada por rezagos educativos y una creciente exposición digital. “México no puede seguir administrando el problema ni aplazando su solución. Cada mes sin una regulación efectiva es un mes en el que se vulnera el desarrollo de niñas y niños; no actuar hoy es asumir el costo de una generación con menos capacidades para aprender, pensar y decidir por sí misma”.

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