Suprema Corte está analizando si permitir a la UIF acceder a los datos bancarios de Salinas Pliego sin orden judicial, lo que podría redefinir los límites de vigilancia financiera en México y el alcance de la secrecía bancaria El Imparcial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto votar este jueves un proyecto que podría cambiar el rumbo del caso entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en torno a la obtención de información bancaria sin orden judicial.
De acuerdo con información publicada por Reforma , el proyecto del ministro Giovanni Figueroa propone revocar el amparo que había sido concedido al empresario, el cual frenaba una solicitud de la UIF para acceder a datos financieros de hasta 10 años.
La resolución será clave para definir el alcance de las facultades de la UIF en investigaciones preventivas.
¿Por qué la UIF solicitó información financiera del empresario?
La solicitud de la UIF se realizó en 2021 mediante un oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de obtener información como:
- Créditos
- Préstamos
- Estados de cuenta
- Datos patrimoniales
Todo esto desde el año 2012.
El contexto de esta solicitud está relacionado con la filtración internacional conocida como los Pandora Papers, en la que aparecieron múltiples figuras públicas, incluyendo políticos y empresarios mexicanos.
Entre las personas mencionadas en esa investigación también se encontraban:
- Alejandro Gertz Manero
- Carlos Salinas de Gortari
- Tomás Zerón
- Julio Scherer
¿La solicitud de la UIF viola la secrecía bancaria?
Este es el punto central del debate.
El proyecto del ministro plantea que la solicitud de información no constituye una violación a derechos, ya que:
- Fue una comunicación entre autoridades
- Tiene fines de prevención y detección de operaciones irregulares
- No implica automáticamente una investigación penal
Incluso, se señala que si no se detectan irregularidades, la persona investigada podría ni siquiera enterarse de que su información fue solicitada.
Esto cambia el enfoque del caso: no se trata de una sanción directa, sino de un mecanismo de vigilancia preventiva.
¿Qué argumentó Ricardo Salinas Pliego en su defensa?
El empresario sostuvo que la UIF transgredió varios derechos, entre ellos:
- Secrecía bancaria, financiera y fiscal
- Seguridad jurídica
- Competencia exclusiva del Ministerio Público
También argumentó que la solicitud se originó a partir de una nota periodística, lo que, en su opinión, no debería ser suficiente para iniciar un proceso de revisión financiera.
En 2022, un juez de Distrito le dio la razón parcialmente al concederle un amparo, señalando que no existía un límite claro sobre el periodo de información solicitado.
¿Qué propone ahora el proyecto que votará la Corte?
El proyecto plantea tres puntos clave:
- Revocar el amparo concedido
- Desechar la solicitud del empresario
- Determinar que no existe afectación directa a sus derechos, por lo que no hay interés jurídico para impugnar
Además, el documento aclara que solo habría una posible afectación legal si la UIF detecta irregularidades y decide:
- Presentar una denuncia ante el Ministerio Público
- Incluir a la persona en la lista de bloqueados
Es decir, el impacto jurídico se evaluaría en una etapa posterior, no en la solicitud inicial.
¿Qué otros movimientos ha hecho la Corte en este caso?
Días antes de la discusión, la Corte también rechazó dos recursos promovidos por Salinas Pliego para impedir la participación de las ministras:
- Loretta Ortiz
- Estela Ríos
El argumento del empresario era una supuesta parcialidad, pero el máximo tribunal consideró que esos recursos buscaban retrasar la resolución del caso.
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¿Por qué este caso es relevante para los ciudadanos?
La decisión que tome la SCJN no solo impacta a un empresario, sino que podría sentar un precedente sobre:
- El alcance de la UIF en investigaciones financieras
- El uso de información bancaria sin orden judicial
- Los límites entre prevención e investigación penal
Para cualquier ciudadano, esto abre una pregunta: ¿Hasta dónde pueden las autoridades revisar información financiera sin notificación previa?
