La Cámara de Transportistas Urbanos de Guatemala inicia marcha para exigir ajuste tarifario Infobae
La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) inicia una marcha pacífica en protesta por el alza de los combustibles y para reclamar una respuesta frente al riesgo de colapso operativo que enfrenta el transporte colectivo.
El recorrido tendrá como destino la Municipalidad de Guatemala, el Congreso y el Ejecutivo, con el objetivo de exigir el ajuste de la tarifa del pasaje y respaldo institucional debido al encarecimiento sostenido de insumos esenciales, informó Saúl Umaña, presidente de la cámara, durante una entrevista en A Primera Hora.
En este momento, los transportistas urbanos e interurbanos que forman parte de la CATUG —que reúne a nueve empresas y 400 autobuses en la capital— operan con una tarifa de cinco quetzales por pasaje. Umaña indicó que este monto se mantiene congelado pese a que la tarifa técnica, calculada según los actuales costos, debería ubicarse en once quetzales con ochenta y un centavos.
El dirigente detalló que la tarifa vigente solo cubre una parte de los gastos, lo que compromete la continuidad y seguridad del servicio, dijo Umaña en A Primera Hora.
La CATUG afirma que la gravedad del problema se ha incrementado por la ausencia de apoyo gubernamental durante más de quince años, periodo en el que no han recibido subsidios ni compensaciones directas. Umaña señaló que este esquema obliga a los operadores a prescindir de mantenimientos preventivos y correctivos, de tal manera que la operación diaria depende de la inversión personal de cada empresario y de la reducción de plantillas, al extremo de operar con un solo piloto por vehículo durante toda la jornada. Este recorte, advirtió el presidente de CATUG en A Primera Hora, genera que la capacidad operativa baje y la frecuencia de los recorridos se amplíe: la flota disponible solo alcanza entre el 25% y el 40% del parque original —según la ruta—, mientras los intervalos entre buses han pasado de ocho o diez minutos a quince o incluso veinte minutos por viaje.
El impacto financiero de los aumentos en insumos y combustible
La situación financiera de los transportistas ha sufrido el impacto del alza en el precio del diésel, que, conforme a las declaraciones de Umaña, ha llegado a cuarenta y tres o cuarenta y cuatro quetzales por galón. Este incremento supone un déficit diario de aproximadamente trescientos cincuenta quetzales por unidad solo en combustible. A esto debe sumarse el aumento de precios en todos los insumos fundamentales —lubricantes, llantas, filtros, baterías— lo que ha multiplicado el costo operativo y aumentado la vulnerabilidad de las empresas, según relató Umaña en A Primera Hora.
Diferencias con sistemas públicos y demanda de igualdad de trato
La CATUG centra parte de su reclamo en la desigualdad de trato frente a sistemas como Transmetro y TuBus, los cuales sí cuentan con subsidios millonarios del sector público. Umaña sostuvo que, si estos servicios estuvieran quince años sin subsidio, enfrentarían la misma situación de los urbanos privados: flotas envejecidas y personal agotado. Propuso que el sistema prepago, ya implementado en el transporte privado, asegura la fiabilidad de los datos y la trazabilidad de los subsidios, permitiendo conocer qué unidades operaron y cuántos recorridos cubrieron. Desde la perspectiva de la CATUG, esto habilita criterios de auditoría y control eficaces para posibles ayudas estatales.
Otras cargas y consecuencias sociales del deterioro
Umaña agregó que, más allá de los aumentos en combustible y repuestos, existe un factor adicional que impacta la economía del sector: el transporte gratuito de adultos mayores ofrecido por los operadores sin compensación alguna. La acumulación de estos factores ha afectado no solo la calidad, sino también la capacidad de respuesta que pueden otorgar los buses a una población de ingresos bajos y medios, que depende principalmente del servicio, según lo señaló Umaña.
La reducción de unidades, los mayores intervalos entre recorridos y el mantenimiento deficiente conducen, advierte la CATUG, a un colapso inminente si las autoridades no responden a sus demandas de revisión tarifaria y asistencia material.
