Isabel Zuleta acusó al gobernador de Antioquia de “violar la soberanía” tras sugerir que EE.UU. conozca sobre la suspensión de capturas de cabecillas Infobae
La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, denunció que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habría “violado la soberanía de Colombia” al sugerir que Estados Unidos conozca sobre el levantamiento de capturas de 23 cabecillas de organizaciones criminales en Medellín.
La polémica surge en medio de la campaña electoral y tras la medida del Gobierno nacional que suspendió temporalmente las órdenes de captura de miembros de bandas del Valle de Aburrá.
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“Esto es una abierta violación a nuestra soberanía, si no quiere que Colombia sea lo que somos un país soberano, dígalo de frente Andrés Julián Rendón. Usted es el aliado de los arrodillados que en el mundo son incapaces de velar por su propio país, usted representa la cobardía que detestamos los antioqueños de bien”, escribió la senadora en su cuenta de X, en respuesta a las declaraciones del gobernador.
La medida del 27 de marzo de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, ordenó la suspensión de órdenes de captura con el fin de permitir su participación en mesas de negociación del proceso denominado “Paz Urbana”. La resolución argumenta que los beneficiados “demuestran una voluntad genuina de tránsito hacia el Estado de Derecho” y aclara que la suspensión podría aplicarse también en Bogotá para reuniones específicas.
Entre los beneficiados se encuentran miembros de la Oficina de Envigado, considerada una de las organizaciones criminales más activas del país. Destacan Juan Carlos Mesa, alias Tom, cabecilla que habría ordenado homicidios y extorsiones desde prisión; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; y Freiner Alonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, vinculado al asesinato de la defensora de derechos humanos Judit Vergara Correa.
Rechazo del gobernador de Antioquia
El gobernador Rendón calificó la decisión como “peligrosa” y advirtió que la suspensión de capturas “pone en riesgo el proceso electoral en Antioquia”, durante una entrevista con NTN24. Según el mandatario, los beneficiados representan “los principales perpetradores de toda suerte de violencia, de homicidios, de torturas, de desplazamientos, de extorsiones, de secuestros que aquejaron durante lustros al Valle de Aburrá”.
Rendón anunció que presentará una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y que pondrá en conocimiento del Gobierno de Estados Unidos el historial delictivo de los beneficiados. “La situación es muy grave y merece que el Gobierno de Estados Unidos, que ha estado tan atento al cumplimiento de los compromisos de Petro en el marco de la lucha contra el narcotráfico, conozca en detalle qué es lo que está pasando”.
“¿Quién nos devuelve a Miguel por cuenta de esta contemporización que ha hecho permanente Petro con el crimen?”, cuestionó en declaraciones al mismo medio, haciendo referencia al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 presuntamente por un jefe narco disidente de las Farc beneficiado previamente por el gobierno.
El gobernador también señaló que la acción busca cuestionar la motivación de la resolución de la Fiscalía: “Lo vamos a ampliar en los días que están por venir. Y el próximo lunes de Pascua vamos conjuntamente con los diez alcaldes del Área Metropolitana, desde Río Negro, a presentar ante el Consejo de Estado una acción de nulidad por la falsa motivación que le asiste a esta resolución, que excarcela temporalmente con una jurisdicción limitada, sí, pero que representa el 70% del conglomerado urbano del departamento a 23 criminales de alta peligrosidad”.
La acción de nulidad presentada ante el Consejo de Estado busca que el alto tribunal determine si la resolución de la Fiscalía puede mantenerse o debe ser anulada. En caso de admisión, los demandantes podrían solicitar una medida cautelar que suspenda temporalmente la resolución mientras se evalúa el fondo del asunto. Este mecanismo ha sido usado en situaciones anteriores, como ocurrió con la resolución que fijó el salario mínimo para 2026, suspendida mientras se revisaba su legalidad.
