Comisión de Derechos Humanos de CDMX ve oportunidad en decisión del Comité de la ONU sobre desapariciones Editorial Aristegui Noticias
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideró que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de solicitar que se lleve la situación de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado frente a la crisis de desapariciones.
En un pronunciamiento difundido el sábado, el organismo señaló que este proceso “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado”, con la participación de las familias, una mejor articulación entre los niveles de gobierno y resultados efectivos en búsqueda, investigación y atención a víctimas.
La CDHCM subrayó la gravedad de las desapariciones forzadas como violaciones a derechos humanos y la necesidad de reforzar las acciones estatales para garantizar “verdad, justicia y medidas de no repetición”, en un contexto que calificó como un desafío urgente.
Para la CDHCM, este escenario exige una respuesta pública “integral, articulada y sostenida”, con una visión sistémica que atienda la complejidad del fenómeno y fortalezca la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
El organismo capitalino reafirmó su compromiso de contribuir al fortalecimiento institucional y a la atención de las causas estructurales, con el objetivo de garantizar “el regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas a sus hogares”.
El posicionamiento se da luego de que el Comité de la ONU informó el pasado 2 de abril su decisión de someter el caso mexicano a la Asamblea General mediante la intervención del Secretario General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
En su resolución, el Comité concluyó que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”, al identificar patrones persistentes de violencia, impunidad estructural y posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales.
No obstante, el propio órgano internacional aclaró que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer estos delitos, aunque sí documentó casos con participación directa o indirecta de servidores públicos.
Ante este escenario, la CDHCM consideró que el llamado del Comité abre una coyuntura para un “diálogo constructivo y participativo”, orientado a generar nuevas rutas de colaboración frente a problemas como la impunidad y la desprotección de las víctimas.
“El contexto de desapariciones que atraviesa el país requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica”, señaló el organismo, al destacar el papel de los mecanismos internacionales de derechos humanos en esta agenda.
La #CDHCM reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de capacidades institucionales con el horizonte del regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas.https://t.co/ZqfU168C1z pic.twitter.com/oagoZqhzx3
— Comisión de DH de la Ciudad de México (@CDHCMX) April 4, 2026
Asimismo, enfatizó el papel central de las familias de personas desaparecidas, al señalar que su persistencia ha sido clave para visibilizar la crisis y exigir respuestas institucionales acordes a su dimensión.
La Comisión reconoció avances en la Ciudad de México, como los esfuerzos de coordinación entre la Comisión de Búsqueda y la fiscalía capitalina, aunque advirtió que estos deben traducirse en resultados concretos.
El organismo también indicó que mantiene expedientes activos relacionados con búsqueda inmediata, debida diligencia, capacidades forenses y atención a víctimas, además de haber emitido recomendaciones en la materia.
La decisión del Comité ha generado diversas reacciones. El Gobierno de México, a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe al considerarlo “tendencioso” y acusó que omite avances institucionales recientes.
El gobierno federal señaló que el procedimiento internacional no corresponde a la realidad actual del país y defendió las reformas implementadas desde 2019, incluyendo mecanismos como la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la creación de plataformas de identificación.
En la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también rechazó las conclusiones del Comité, al considerar que se basan en una interpretación parcial y que no se agotaron los mecanismos nacionales antes de recurrir a instancias internacionales.
Cuestionó además la coherencia del Comité al señalar, por un lado, la ausencia de una política federal sistemática, y por otro, la existencia de patrones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En contraste, organizaciones como Amnistía Internacional respaldaron la decisión del Comité y llamaron al Estado mexicano a aceptar la cooperación internacional, al advertir que la crisis de desapariciones afecta a más de 132 mil familias en el país.
El Comité reconoció los esfuerzos normativos del Estado mexicano, pero concluyó que han sido insuficientes frente a una problemática que se mantiene en crecimiento, incluyendo el aumento de víctimas y la crisis forense.
En este contexto, propuso que la Asamblea General valore mecanismos de cooperación técnica, asistencia especializada y apoyo financiero para fortalecer la búsqueda, identificación e investigación de casos, así como la protección de familias y organizaciones acompañantes.
