Los desaparecidos El Imparcial
La crisis de los desaparecidos en México regresó al centro del debate luego de que el Gobierno Federal revelara cifras que no sólo reavivaron la preocupación social, sino que también desataron cuestionamientos sobre la forma en cómo se mide y enfrenta lo que ya muchos califican como una tragedia de enormes proporciones. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se informó ayer que el País registra 130 mil 178 personas desaparecidas y un dato que inquietó es que 36% de esos casos carece de información suficiente para realizar una búsqueda, lo que fue criticado por expertos como una señal de las debilidades institucionales que persiste en los gobiernos.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas integra datos desde 1952 y presentó un desglose por periodos y categorías, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, recordó que una reforma reciente condiciona el registro de los casos a que las fiscalías estatales abran una carpeta de investigación con los datos correspondientes y cuando se incumple hay sanciones.
Sin embargo, la explicación oficial no convenció a organizaciones civiles ni a especialistas y acusan al Gobierno de reducir la crisis a un problema de registro, lo que, según sus críticas, termina diluyendo la gravedad del fenómeno. El Centro Prodh cuestionó, por ejemplo, que se minimice la existencia de desapariciones forzadas y lamentó la ausencia de una política nacional integral de prevención y erradicación.
La preocupación es compartida por agrupaciones como Data Cívica y Fundar, que advierten que exigir una carpeta de investigación para iniciar la búsqueda puede limitar el derecho de las personas a ser buscadas. Lo que más lamentan los colectivos es que no hayan sido considerados en este análisis de interés para todos los mexicanos.
HISTORIAS DE BC
A propósito de personas desaparecidas en Baja California se desarrolla desde enero pasado una historia tan triste como preocupante.
Gracias a la iniciativa de grupos de madres buscadoras se realiza en la colonia Miguel Alemán de Mexicali una extensa búsqueda en la que ya se ubicaron 19 fosas clandestinas en las que se realizaron 30 hallazgos de restos humanos, de los que hasta ayer se habían identificado a 17 personas desaparecidas en distintos momentos y lugares. La fiscal de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, negó esta semana que haya tardanza en los trabajos de identificación, ya que en pocas semanas han logrado entregar a familiares 17.
ENCONTRONAZO EN SLRC
Lo ocurrido en el Cabildo de San Luis Río Colorado es el reflejo de un patrón que se repite una y otra vez en distintos niveles de gobierno: observaciones de auditoría que se minimizan desde el poder y las advertencias que escalan desde la oposición.
De un lado, el alcalde Iván Sandoval sostiene que todo está “en tiempo y forma”, que no hay desvío y que las inconsistencias son administrativas.
Del otro, la regidora Rebeca Ching advierte que algunas observaciones ya fueron calificadas como no atendidas y que el escenario podría derivar en sanciones. Ambas posturas pueden coexistir, pero no pueden quedarse en el terreno del discurso. Cuando se habla de pagos sin evidencia, de documentación faltante o de posibles irregularidades en licitaciones, el ciudadano no está pensando en “plazos legales” ni en “procesos administrativos”. Está pensando en algo mucho más simple: si el dinero público se está usando correctamente. Porque decir que “las obras sí existen” no basta si no hay documentos que lo respalden. Porque afirmar que “todo está en proceso” no tranquiliza cuando ya hay observaciones que no se han solventado. Y porque hablar de normalidad en las auditorías no elimina la percepción de opacidad cuando los señalamientos se acumulan.
