Principales medidas del plan integral frente a la guerra de Oriente Medio convalidado hoy Infobae

Madrid, 26 mar (EFE).- El pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley con el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, que tiene un coste estimado de 5.046 millones de euros, de los que más de la mitad se corresponden con rebajas fiscales.

 Al recorte de impuestos, que se desactivará en junio si la inflación de la energía sube menos de un 15 % en abril, se suman descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

Estas son las principales medidas, en vigor desde su publicación el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

- Rebaja del IVA de la electricidad del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

- Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías.

- Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, una figura fiscal que pagan los consumidores y que pasará del 5,11 % actual al tipo mínimo del 0,5 %.

- Reducción del 21 % al 10 % del IVA el gas natural, los "pellets" y leña.

- Congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

- Rebaja del 21 % al 10 % del IVA de gasóleo, gasolina e hidrocarburos.

- Rebaja del impuesto de hidrocarburos de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo.

-El ahorro calculado por el Gobierno será de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.

- Bono social eléctrico: Mejora del descuento para colectivos vulnerables (del 42,5 %) y para vulnerables severos (del 57,5 %), hasta fin de año.

- Bono social térmico: Incremento de la ayuda mínima a 50 euros.

- Garantía de suministro de agua y energía para familias vulnerables.

- Ayuda directa abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

- Se bonifica en un 80 % los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva, lo que las permitirá ahorrar 200 millones de euros.

- Se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos, para facilitar el acceso a la financiación al sector agroalimentario y pesquero.

- Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.

- Prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y su mejora energética en los años 2025 y 2026. Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia de la vivienda habitual, alquilada o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, y que se acredita a través de certificado de eficiencia energética.

- Refuerzo del autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.

- Se aumenta la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías, se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.

- Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, para empresas y autónomos.

- Deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

- Libertad de amortización en el impuesto de sociedades para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles.

- Se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50 % el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95 % para las obras e instalaciones de estos sistemas.

- Se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para que se investigue y se castigue a quienes utilicen las ayudas para enriquecerse.

- Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas contempladas en el decreto.

- Moratoria contable durante 2026 de las pérdidas registradas por el covid en los ejercicios 2020 y 2021, para evitar que las empresas afectadas entren en causa de disolución.

- Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas a tener todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo. EFE