Un juez afectado por el caso ataúdes: "Las tumbas de los egipcios se ponían a cubierto para evitar depredadores" Infobae
Un perjudicado más de los que siguen compareciendo en la Audiencia de Valladolid por el denominado "caso ataúdes", que investiga, entre otras cuestiones, los supuestos cambiazos de caja que los fallecidos sufrían momentos antes del proceso de incineración, ha mostrado su "estupor e indignación" tras enterarse por los medios de comunicación y ha apuntado que lo ocurrido no supone "nada nuevo bajo el sol".
Es el testimonio que en este caso ha prestado el hoy magistrado de la Audiencia Provincial de León, José Luis Ch, respecto del fallecimiento de su padre en 2008 y de su madre en 2012. En ambos casos, el velatorio se desarrolló en el tanatorio de El Salvador, en el Camino Viejo del Cementerio, y acto seguido la cremación en el cementerio de Santovenia de Pisuerga.
El magistrado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que la actuación de los encausados no supone ninguna novedad. "Siento primero estupor y luego indignación, aunque no hay nada nuevo bajo el sol porque las tumbas de los egipcios se ponían ya a cubierto para evitar que los depredadores pudieran robar, y aquí es lo que ha ocurrido", ha denunciado públicamente, al tiempo que también se ha quejado de que "la sociedad debe de estar enferma" porque en su momento pensó que tras destaparse lo sucedido decenas de personas se concentrarían ante las puertas del grupo para reclamar justicia, si bien tan sólo se han registrado denuncias.
El declarante también ha trasladado al tribunal que en su etapa como titular del Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid llegó a enjuiciar un caso en el que el magnate del grupo funerario investigado, el ya fallecido Ignacio Morchón Alonso, figuraba como denunciante de un caso de injurias y calumnias cometido por una persona que se dedicó a repartir pegatinas en las que aseguraba que las flores, tras los sepelios, eran luego revendidas. El juicio concluyó en sentencia condenatoria para el acusado.
Así mismo, el magistrado ha relatado que en el momento de la incineración de su padre no llegó a presenciarla ya que minutos antes uno de los empleados llegó a indicarle que era mejor que no lo hiciera porque podría oír algún "ruido desagradable".
En este sentido, José Luis Ch. ha añadido que siguió tal consejo, sin pensar que ello pudiera esconder un propósito perverso. "Me dijo la imaginación es libre y yo pensé que no era agradable oír algún ruido y creer que se trataba de la quiebra de un hueso de tu padre", ha indicado el testigo gráficamente. Con su madre, el perjudicado ha manifestado que ocurrió algo similar.
"SOY MÉDICO Y RESPETO UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO"
También ha comparecido como perjudicado Armando B. para relatar un episodio similar, en este caso centrado en la muerte de la que fue su pareja el día 6 de enero de 2009. El descubrimiento del cambiazo del féretro, conocido como el resto a través de los medios de comunicación, lo acogió con estupor. "Yo soy médico y respeto un código deontológico en mi trabajo, por eso encontrarte con esta situación te dice mucho de la catadura moral de esta gente", ha recriminado.
No menos indignación ha trasladado al tribunal Margarita L.A, afectada por los servicios contratados para dar el último adiós a su padre y a su madre, fallecidos el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, respectivamente, y que durante su comparecencia ha reclamado justicia para los que ha tildado de "traficantes de cadáveres".
"A pesar de los años pasados, pensar cómo los han manipulado es horrible. Siento dolor, rabia e impotencia", ha añadido Margarita, quien ha mostrado sus dudas ante las preguntas si está dispuesta a reclamar en el supuesto de que se verificaran los hechos denunciados. Sostiene que recibir ahora un dinero parece que es como "moneda de cambio", pero tampoco desea que lo ocurrido quede "impune".
Relatos similares los han ido desgranando a lo largo de la presente sesión Celestino A.G, quien utilizó al grupo funerario El Salvador tras la muerte de su padre Isaías, el 1 de enero de 2007; María Teresa P.V, Miguel Ángel M., María Estrella L.R, María Julia y José María G.G, este último con motivo del supuesto cambiazo de féretro sufrido tras la muerte de su madre Ana María el 31 de diciembre de 2007.
Al igual que el resto, José María no llegó a presenciar el acto de la cremación debido a que los empleados echaron las cortinillas que impedían la visión. El afectado ha declarado que al enterarse de que su madre no había sido quemada con la caja pagada religiosamente con la póliza de seguros le causó un fuerte impacto, sobre todo porque, como así ha matizado, se le encoge el corazón sólo de pensar que el ataúd lo haya podido compartir con otras personas.
El juicio prosigue este martes con el testimonio de otros afectados, del total de casi 140 que tienen que comparecer para relatar cada uno su caso particular. El Ministerio Público dirige su acusación contra un total de 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador, para quienes solicita las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.
