Cálculo político El Imparcial
SEPTENTRIÓN
Hay que distinguir entre voluntad y operación política, lo primero responde a emociones y lo segundo a cálculo, en una administración responsable hay que separar estos dos conceptos, no confundir lo apremiante con lo importante llegando a lo innecesario.
Francisco I. Madero promulgó una nueva ley electoral quedando vigente partir de 1912, esta legislación dio inicio a una nueva forma de relacionarse políticamente con los ciudadanos, diferenciándose del antiguo régimen respondiendo a una lógica revolucionaria que materializaba el lema de aquel levantamiento: “Sufragio efectivo, no reelección”.
Carranza promulgó otra legislación electoral en 1918 implantando el voto directo como parte central de la contienda electoral, las tensiones nunca menguaron y con las décadas llegaron otras legislaciones que ofrecían un ritual junto a un calendario, pero no un ejercicio auténtico.
La ley electoral de 1977 sí provocó una modificación que nos llevaría a la legislación de 1996 con la creación del IFE, transformando exitosamente toda la estructura electiva.
En 2014 la ley vigente desencadenaría un desdoblamiento en favor de nuevas corrientes políticas, desafortunadamente no se participó lo suficiente para impregnar a la ciudadanía la importancia de lo ganado.
Hoy van en contra de la tradición democrática mexicana, un Ejecutivo desdeñoso que pretende imponer insistentemente una nueva legislación electoral para eternizar sus ventajas obedeciendo a intereses autocráticos.
Esta obstinación de la Presidenta la llevó a ser desconocida por sus aliados, haciéndola ver sin operadores y dando palos de ciego en un momento político delicado con un entorno económico nacional e internacional adverso.
Este empecinamiento define las prioridades de un Gobierno que enfrenta problemas sanitarios graves, demandas fiscales urgentes, con una seguridad perturbadora siendo sede de un Mundial de Futbol.
Algo no funciona bien cuando una administración rehúye su compromiso primordial por lo secundario; hay materia para buscar una reforma, es incontrastable que la clase política goza de privilegios ofensivos y es innegable que los intereses particulares están por encima de los ciudadanos.
Sin necesidad de modificar la ley electoral debe empezar por los suyos, quienes alardean de sus riquezas ofensivamente, debe de regresar a vivir al hogar patrimonial como cualquier ciudadano y devolver el Palacio Nacional a lo que era, un museo y muestra histórica de lo que fue el poder en México; debe de desaparecer los privilegios y canonjías de la familia intocable del ex Presidente y todas las prebendas injustificables aunadas al despilfarro monumental de dinero en sostener sus caprichos.
La Presidenta insiste que el “pueblo” le pidió esta reforma, algo discutible atendiendo los reclamos de lo que sí pide a diario el pueblo: Un sistema de salud eficaz, abastecido y competente, sin embargo, su interés es regresarnos al antepasado, con leyes a modo y donde la oposición política es decoración:
“Es importante señalar que esas reformas, en sus orígenes no tenían como objetivo construir un sistema de representación democrática, sino que fueron un instrumento para mantener el régimen de partido hegemónico y un particular equilibrio en el cual se permitía la existencia de la oposición, pero no se permitía que esta se convirtiera en un verdadero desafío al sistema (Crespo 2003, Lujambio 1997, 2002 y 2003)”.
Las reformas de 1912, 1918, 1977, 1996 y 2014 fueron apremiantes, se entendió que eran impostergables, hoy las condiciones son otras.
Para lograr cambios hay que escuchar a todos y entenderlos, es quizá aquí donde el régimen falla, el sectarismo y la voluntad por sobre la razón.
La reforma no es apremiante, la voluntad es hija de las emociones, no hay que confundirla con el cálculo político.
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JOAQUÍN ROBLES LINARES *Ex presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, colaborador en temas históricos, políticos y culturales distintos medios de comunicación. Ex funcionario cultural, actualmente dedicado a su práctica privada como odontólogo.
