Reconoce el Estado responsabilidad parcial en el asesinato de un indígena cometido por soldados El Sur de Acapulco

Chilpancingo, Guerrero, a 14 de marzo de 2026.- El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabilidad parcial por el asesinato de Bonfilio Rubio Villegas, cometido el 20 de junio de 2009 por militares en la Montaña de Guerrero.

En la audiencia realizada en la ciudad de Guatemala, el embajador en la OEA, a la que pertenece la CIDH, Alejandro Encinas, ofreció en nombre del gobierno de México una solución amistosa para cerrar el juicio en el tribunal internacional.

Sin embargo, la representación de la víctima y sus familiares respondieron que si se sientan a discutir la solución será con reconocimiento total de la responsabilidad del Estado, por los errores cometidos por los soldados en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza que llevó a la ejecución extrajudicial.

El representante de las víctimas y familiares, Saulo Loya, pidió discutir el enjuiciamiento de los responsables de la ejecución extrajudicial del joven indígena y las medidas de no repetición.

Aclaró que “el caso de Bonfilio es extremo y no es aislado, se enmarca es esta lógica y estrategia de seguridad pública que involucra cada vez más a las fuerzas armadas”.

El también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideró que no hay condiciones para un acuerdo de solución amistosa en el corto plazo.

Encinas propuso que “a partir del reconocimiento parcial de responsabilidad” se revisen en un término de 30 días los procesos judiciales del caso, cerrados y sobreseídos, para que haya certeza de las actuaciones en México, y ver cuáles pudieran todavía ser sujetos de investigación. Además de brindar garantías de no repetición y la disculpa pública que se ha requerido en la solución amistosa.

El presidente de la Junta Directiva del 152 periodo de sesiones de la CIDH, Edgardo Stardo Ralón, otorgó 30 días para que las partes expresen o amplíen por escrito las respuestas presentadas en la audiencia.

En caso de que se iniciara el diálogo entre el Estado y la representación de peticionarios, dijo que deberán informar por escrito a la Junta “de un eventual acuerdo de solución amistosa”.

Exige la familia encontrar al responsable del asesinato de Bonfilio

La audiencia que se transmitió en línea comenzó a las 9 de la mañana, con la demanda de justicia de la maestra Verónica González González, familiar de la víctima.

“Solo quiero Justicia, como indígenas estamos pobres, pero tenemos nuestra dignidad, exigimos encontrar al responsable de la muerte de Bonfilio”.

Recordó que Bonfilio era el hijo menor de Secundino y Margarita, y sostén de sus padres. El 20 de junio de 2009 el joven revisó con su papá en Tlatzala los detalles que le hacían falta a su casa, porque en la noche tomaría el autobús de la línea Sur que iba de Tlapa a la Ciudad de México para emprender su viaje a Estados Unidos, por empleo.

Tras una hora de camino, en el crucero de Santa Cruz, antes de llegar a Huamuxtitlán, el camión se encontró con un retén, donde los militares ordenaron que todos los pasajeros bajaran para hacer su revisión de rutina, y uno fue detenido porque usaba botas tipo militar.

Señaló que el chofer pidió que lo dejaran libre para no tener problemas con la empresa y sus familiares, y ante la negativa del Ejército regresó al autobús y de inmediato arrancó.

Con el camión en movimiento los militares dispararon indiscriminadamente al vehículo, donde mataron a Bonfilio Rubio, pero ni el Ejército ni los agentes del Ministerio Público del estado avisaron a la familia del deceso. Se enteraron hasta el 22 por periódicos locales.

Denunció que sus padres no pudieron vestir el cuerpo de su hijo, despedirlo ni darle la sepultura según el ritual de su pueblo, porque se los entrgaron en una bolsa para enterrarlo de inmediato.

“No se explicaban qué había hecho su hijo para que lo dejaran así los militares que debían protegerlo”.

Sin su hijo, el padre volvió a labrar la tierra, pese a su edad, y su madre a hacer comales de barro para que su nuera los llevará a vender a Tlapa, “fue un cambio muy drástico, porque volvieron a empezar como era antes, cuando criaron a sus hijos. Nunca lo pudieron superar. Se fueron (murieron) con esa sed de justicia”.

También denunció que los militares ofrecieron 160 mil pesos de indemnización, que los padres rechazaron. Luego intentaron obligarlos a recibir el cheque a través del comisario.

“Somos pobres, pero jamás vamos a aceptar esa cantidad, no vamos a comer a Bonfilio, pero sería comerlo, eso dijo mi suegro”, recordó.

El abogado Saulo Loya añadió que ninguna persona fue condenada por la ejecución después que el Ministerio Público del fuero común declinó competencia al fuero militar sin avisar a la familia, que se enteró en 2011, casi dos años después.

Señaló otras negligencias y omisiones que mermaron la credibilidad de las instituciones, como el hecho de que cuatro militares en el retén resultaron positivos en la prueba de rodizonato por uso de sus armas de fuego. Sólo a uno se le fincó responsabilidad y fue absuelto.

Tampoco se recuperó la bala del toldo del autobús que mató a Bonfilio, necesaria para determinar quién hizo el disparo mortal.

Los militares justificaron el ataque por la desobediencia del conductor “al mandato de la autoridad para detener el vehículo”. Tampoco explicaron por qué era necesaria una segunda revisión, no obstante que no existía justificación para disparar contra un vehículo lleno de personas civiles, donde ya sabían que no había personas armadas, por la primera revisión; tampoco representaba para ellos un peligro ni amenaza porque el autobús se alejaba del retén.

Solución amistosa, con justicia 

La comisionada y relatora para México, Andrea Pochak, explicó que la CIDH busca que las soluciones amistosas procuren una reparación integral.

Preguntó si la oferta del Estado contemplaba la discusión de medidas de justicia, de seguimiento de la investigación y sanción a los responsables materiales y autoridades que permitieron la impunidad a tantos años de los hechos ocurridos, y que intentaron corromper a los padres de la víctima, incluido el comisario.

Quiso saber si se puede revisar el alcance de reconocimiento de responsabilidad en el marco de las medidas de no repetición y el alcance de la fuerzas armadas en materia de seguridad pública y particularmente en retenes militares.

Coincidieron con ella las comisionadas Gloria de Mees, Marion Bethel, Rosa Maria Payá A, y el presidente, que agregó para los peticionarios cuál era su propuesta de solución amistosa referida por el Estado.

El abogado de los peticionarios aclaró que no se niegan a una solución amistosa, pero a 17 años de la ejecución extrajudicial de Bonfilio no ven con la militarización del país condiciones para un acuerdo en el corto plazo que atienda todos los requerimientos de la familia.

Agregó que “si en algún momento se sentarán a discutir la solución amistosa será con reconocimiento total de la responsabilidad en cuanto a los errores cometidos por los soldados, a este uso indiscriminado de la fuerza, y enjuiciamiento de los responsables de la ejecución extrajudicial”.

Como medidas de remediación específicas adelantó que les interesan reparaciones individuales y comunitarias por afectaciones económicas, de salud y sicológicas para la maestra Verónica y familiares directos de Bonfilio.

Así como la medida estructural sobre la militarización, particularmente en Guerrero: “ésta sería una buena oportunidad de abordar, de la mano con al CIDH, para que pudiéramos establecer criterios claros sobre el uso de la fuerza, en cuanto a la participación que puedan tener autoridades militares en lo relativo al derecho a circulación, cuáles son los  alcances de retenes militares desplegados en ciertas zonas del país, pero generalizados”.

Lourdes Chávez

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