En México, la mayor de las derrotas ya ocurrió SDP Noticias

“El Estado no se derrumba de golpe; primero deja de proteger.”

Francis Fukuyama

“Un Estado entra en zona de riesgo cuando pierde el control efectivo de partes de su territorio.”

Robert I. Rotberg

La mayor derrota de este sexenio no será perder una elección ni enfrentar una crisis económica ni siquiera sufrir un revés legislativo. ¡Qué va! Esas derrotas son las que la política sabe administrar: se maquillan con un buen discurso, un año, dos, tres de mañaneras; se procesan con una gira nacional y se amortiguan con un par de conferencias donde alguien —probablemente aleccionado por Jesús Ramírez Cuevas— repite que todo va requetebién.

No. La derrota verdaderamente seria es otra: la creciente evidencia de que México no se va a pacificar, por más que el régimen repita la palabra “paz” con el entusiasmo casi litúrgico de quien cree que nombrar algo basta para producirlo. Durante siete años el país ha escuchado la misma promesa. Primero de boca de Andrés Manuel López Obrador y ahora de su heredera política, Claudia Sheinbaum. La violencia —se nos explicó con tono pedagógico— disminuiría si se atendían “las causas”. Una teoría elegante, profundamente hipócrita, pero —eso sí— extraordinariamente útil en campaña, particularmente a sabiendas de que la sociedad mexicana es profundamente ignorante o crédula o las dos cosas. El problema es que mientras el discurso florecía en el escenario político, la violencia tuvo la mala educación de no obedecer el guion. Siguió creciendo. Y, para la complacencia de los optimistas oficiales y el dolor de todos los demás, también se volvió más brutal.

Quien tenga aún el estómago para revisar las escenas que circulan diariamente en redes sociales, encontrará un catálogo de horrores que parece sacado de conflictos armados más que de un país que presume estabilidad democrática. ¡Ha! Desmembramientos, cuerpos abandonados como advertencias públicas, comunidades desplazadas, feminicidios horripilantes y ejecuciones colectivas forman parte de una violencia que ya no sólo mata: también aterroriza y comunica poder. Es el tipo de brutalidad que los especialistas en conflictos criminales describen como violencia demostrativa: actos diseñados para demostrar quién manda. Terrorismo, en términos llanos.

Pero el problema de México no es únicamente la cantidad de violencia. Si fuera sólo eso, bastaría con… ajustar indicadores, redefinir categorías o presentar estadísticas con mejor iluminación mediática, un arte en el que cualquier gobierno latinoamericano suele adquirir notable destreza. ¿Suena conocido? El problema real es más profundo: lo que está en juego es el control territorial del Estado.

El especialista en Estados frágiles Robert I. Rotberg explica que un país comienza a entrar en zona de riesgo cuando el gobierno pierde la capacidad de ejercer autoridad efectiva sobre partes de su territorio —se vuelve dispensable—. No hace falta que desaparezcan las instituciones ni que la presidenta deje su silla o su despacho. Basta con que otros actores armados empiecen a decidir quién trabaja, quién paga y quién se queda en determinadas regiones. Que la presidenta esté o no despachando en Palacio Nacional se vuelve IRRELEVANTE.

Ese fenómeno, conocido en la literatura académica como gobernanza criminal, ya no es una hipótesis teórica para México. Es una realidad documentada en múltiples investigaciones. En muchas zonas del país los cárteles no sólo trafican drogas o extorsionan comerciantes; también regulan mercados locales, fijan precios, controlan rutas de transporte y determinan quién puede operar un negocio. En términos simples: gobiernan. ¿Para qué destinar dinero —mucho— del erario a financiar a los partidos políticos si estos, todos, incluyendo Morena son irrelevantes? ¿Para que aprobar o no una reforma electoral que hace del terreno electoral, espacio para un solo partido?

El economista Mancur Olson describió hace décadas una figura que resulta inquietantemente familiar para entender este proceso: el “bandido estacionario”. Según Olson, cuando un actor armado logra dominar un territorio deja de saquear de forma caótica y comienza a administrarlo para extraer rentas de manera estable. El depredador itinerante se transforma entonces en administrador territorial. Dicho de otra forma: el criminal se convierte en gobernante de cuello blanco.

Las organizaciones criminales mexicanas han evolucionado precisamente hacia ese modelo. Estudios recientes estiman que estas estructuras podrían contar con entre 160 mil y 185 mil integrantes, lo que las convierte en uno de los mayores — si no es que el mayor— empleadores informales del país. Mientras el gobierno presume programas sociales y estadísticas laborales, el crimen organizado ha perfeccionado en los últimos años su sistema de reclutamiento; ello con una eficacia que haría sonrojar a más de un funcionario encargado de política pública.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que la estrategia funciona. ¡Claro! Es que desde la oficina de comunicación presidencial, durante el obradorismo, mantenido en este sexenio se perfeccionó el arte de construir una narrativa donde la realidad siempre parece mejorar, aunque los hechos tengan la descortesía de sugerir lo contrario. Las cifras se reinterpretan, los diagnósticos se matizan y la palabra “transformación” se invoca como si fuera una explicación suficiente para cualquier fenómeno.

La administración actual de Claudia Sheinbaum ha heredado esta forma discursiva, pero también ha heredado un problema, ahí sí, mucho más difícil de manejar: un mapa de violencia donde amplias zonas del país parecen responder más a la lógica de los cárteles que a la del Estado.

La responsabilidad de enfrentar ese desafío recae formalmente en el gabinete de seguridad. Figuras como Omar García Harfuch han construido reputación como operadores eficaces en materia policiaca, mientras la Secretaría de Gobernación —hoy encabezada por Rosa Icela Rodríguez— intenta mantener el delicado equilibrio político que implica gobernar un país donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Pero incluso los operadores más competentes enfrentan un problema estructural: el tamaño y la capacidad territorial que han adquirido las organizaciones criminales.

Paradójicamente, el Estado, por su parte, ha respondido con una expansión notable del papel de las fuerzas armadas en la vida pública. Los militares administran aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, participan en proyectos de infraestructura como el Tren Maya y gestionan cada vez más áreas estratégicas del gobierno. SIN EMBARGO… así en mayúsculas, esa expansión administrativa no necesariamente se traduce en recuperación territorial frente al crimen. Todo lo contrario; ahora el crimen organizado ha penetrado de manera significativa a la Guardia Nacional, a la Sedena y a la Marina.

Y así emerge una de las ironías más incómodas del México contemporáneo: los militares administran más Estado, mientras el crimen administra más territorio.

Desde la oposición, voces como la de Lilly Téllez han denunciado con fuerza lo que consideran una claudicación del gobierno frente al crimen organizado. Desde el sector empresarial, figuras como Ricardo Salinas Pliego han advertido repetidamente sobre el impacto económico de la inseguridad y la extorsión en amplias regiones del país. Pero más allá del ruido político o empresarial, el problema central sigue siendo el mismo: el Estado mexicano enfrenta una disputa territorial que no se resuelve con discursos.

Como si el escenario no fuera suficientemente complejo, la discusión ya cruzó la frontera. El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido el tema en munición política, afirmando que partes de México están controladas por cárteles. Trump lo dice con su estilo habitual —provocador, simplificador y escandalosamente oportunista—, pero la eficacia de su argumento radica en que se apoya en una preocupación real dentro de los círculos de seguridad internacionales: la creciente capacidad territorial del crimen organizado mexicano.

Cuando esa percepción comienza a instalarse en la política internacional, las consecuencias dejan de ser meramente retóricas. Un país que parece incapaz de ejercer autoridad plena sobre su territorio se vuelve vulnerable no sólo a la violencia interna, sino también a presiones externas y diagnósticos diplomáticos cada vez más incómodos.

Por eso la pregunta que realmente definirá este sexenio no es cuántos operativos exitosos se anuncien ni cuántos capos aparezcan esposados en conferencias cuidadosamente iluminadas. La pregunta verdaderamente decisiva es otra: ¿puede el Estado mexicano recuperar la autoridad real sobre su propio territorio?

Si la respuesta termina siendo negativa para la presidencia, el problema no será únicamente de un gobierno ni de un sexenio. Será el resultado acumulado de años en los que la violencia se normalizó, la brutalidad se volvió paisaje cotidiano y el poder político decidió convencerse de que todo marchaba bien simplemente porque así lo decía el discurso oficial.

Y entonces la conclusión será tan amarga como inevitable: mientras el poder celebraba sus victorias electorales, inauguraba obras y repetía que la estrategia funcionaba, el país se le fue de las manos.