Las pruebas que tiene la Justicia sobre Hezbollah y el plan iraní para volar la AMIA en 1994 con una Trafic cargada de explosivos Infobae
Con nuevas pruebas incorporadas al expediente, la Fiscalía que investiga el atentado a la AMIA pudo constatar la hipótesis que años atrás comenzó a construir el fiscal Alberto Nisman, a partir de informes de inteligencia: la voladura de la mutual judía se planificó y financió desde Irán, y fue ejecutada por la organización libanesa Hezbollah.
El equipo de investigadores que hoy encabeza el fiscal federal Sebastián Basso buscó probar por vías independientes la mayor cantidad posible de datos que entregó en su momento la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
En el expediente hay más de 50 declaraciones y entrevistas a testigos, 30 informes oficiales elaborados por dependencias estatales y fuerzas de seguridad, una veintena de registros y soportes de telecomunicaciones, fichas y constancias de movimientos migratorios, decenas de documentos y pasaportes falsos, cables diplomáticos y exhortos internacionales, registros bancarios, informes periciales y un amplísimo archivo de imágenes y documentación histórica.
El último caudal de información lo aportaron cuatro iraníes disidentes que declararon como testigos en Francia, durante el pasado diciembre. Son exiliados y opositores al régimen que conocerían desde adentro cómo se gestó el atentado terrorista.
Además de responder las preguntas que llevó el fiscal Basso, también entregaron documentación que confirmó la participación del acusado número 11: Alí Asghar Hejazi, mano derecha del recientemente asesinado líder supremo Alí Khamenei.
Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, una porción de las pruebas que la acusación quiere llevar al juicio en ausencia quedarán limitadas a lo obtenido a partir del trabajo de la SIDE. Esto ocurre, por ejemplo, con el entrecruzamiento de llamadas y la identificación de abonados telefónicos en El Líbano, datos cruciales para entender la coordinación del atentado desde Buenos Aires. La cooperación de ese país con la Justicia argentina fue “históricamente limitada, escasa y tardía”, dictaminó la UFI AMIA.
El fiscal Basso le pidió el miércoles al juez Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Federal N° 6, que ordene la captura internacional de Alí Asghar Hejazi y procese a los diez acusados que ya figuraban en el expediente.
Para consolidar la acusación contra esa decena de iraníes y libaneses, el fiscal expuso las pruebas que tiene en su contra en un documento de 201 páginas, al que accedió este medio. Allí ratificó la mecánica del ataque a la mutual judía: un conductor suicida inmoló su vida tras detonar al menos 300 kilogramos de explosivos escondidos en una camioneta Renault Trafic frente al edificio ubicado en calle Pasteur, el 18 de julio de 1994.
El vehículo funcionó como coche bomba, metodología que es considerada por los investigadores como un rasgo inconfundible de Hezbollah. “La materialidad del atentado terrorista se encuentra fuera de discusión”, sostuvo el fiscal, apoyado en las pruebas producidas y analizadas durante los dos juicios orales que se desarrollaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3.
La ejecución del plan
Un personaje ya conocido en la historia, Salman Raouf Salman -alias Samuel El Reda-, es señalado como el coordinador operativo de Hezbollah. Vivió junto a su esposa e hijos en el lado brasilero de la Triple Frontera, e ingresó clandestinamente a la Argentina pocos días antes de concretarse tal masacre terrorista. Justo entonces mandó a su familia de regreso a El Líbano.
Para moverse sin despertar sospechas, Salman usaba documentos falsos que lo presentaban como ciudadano colombiano o paraguayo. Desde la Triple Frontera diagramó toda la logística necesaria para el atentado.
El coordinador del atentado dejó sus huellas en los locutorios de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó una y otra vez por cabinas de las avenidas Corrientes y Santa Fe, y las calles Pasteur, Lavalle, Tucumán y Nazca, según se desprende de las pruebas de la UFI AMIA.
Desde esos teléfonos se comunicó de manera reiterada con un celular prepago radicado en Foz de Iguazú, Brasil, utilizado por una persona que los servicios de inteligencia denominaron bajo el nombre de “André Marques”. Además, Salman El Reda hizo múltiples llamadas hacia centrales de comunicación de Hezbolá instaladas en El Líbano, así como a otros abonados en Colombia y Panamá.
Este patrón de contactos significó para la acusación una sincronización estricta que le permitió impartir directivas y coordinar la fase final del atentado terrorista, mientras intentaba mantenerse en la clandestinidad.
Mediante el análisis de las llamadas, por ejemplo, se comprobó que el 1 de julio de 1994 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un terrorista utilizando un pasaporte paraguayo falso a nombre de Hassan Bailoun. Las pericias demostraron que, instantes previos y posteriores a la llegada de aquel vuelo de Air France proveniente de San Pablo, Salman Raouf Salman hizo llamadas a Brasil desde un teléfono público de la terminal aérea.
Tras la destrucción de la mutual judía, el supuesto “Bailoun” logró abandonar la Argentina sin dejar rastros migratorios oficiales y el 20 de ese mismo mes abordó un avión en territorio brasileño con destino final hacia París.
El financiamiento
El financiamiento de la estructura operativa contó con la participación de Abdallah Salman, hermano del coordinador del ataque. En noviembre de 1992, este acusado fue detenido en la ciudad de Rosario cuando intentaba cambiar dólares falsificados en una sucursal del Banco Nación.
Los peritajes confirmaron que esos billetes eran “superdólares”, una falsificación de alta calidad distribuida internacionalmente por Hezbollah para solventar actividades terroristas. Tras recuperar su libertad mediante una fianza de 20.000 dólares abonada por su propio hermano, Abdallah continuó operando en la región de la Triple Frontera. Allí administró cientos de miles de dólares y realizó múltiples transferencias internacionales sin tener ninguna actividad laboral lícita comprobable que justificara el origen de los fondos, dictaminó el fiscal Basso.
Otro de los actores de Hezbollah que operó en la Triple Frontera es Hussein Mounir Mouzannar, empresario radicado en Ciudad del Este. Ayudó a Salman El Reda a conseguir sus documentos apócrifos en Paraguay.
Al tomar conocimiento de las imputaciones dictadas en su contra, Mouzannar abandonó intempestivamente sus empresas y huyó hacia territorio libanés.
Los investigadores encontraron más conexiones al dar con Farouk Abdul Hay Omairi, un referente de Hezbollah y dueño de la agencia Piloto Turismo en Foz de Iguazú, que habría funcionado como fachada para proveer documentación falsa a personas de origen árabe recién llegadas a la Triple Frontera.
Los cruces de comunicaciones demostraron que, en los meses previos al ataque, desde los teléfonos fijos de esa agencia se realizaron llamadas a la residencia de Salman y al celular a nombre de “André Marques”, línea utilizada para dirigir la fase final del atentado. La investigación contra este libanés se tramita en la Justicia de Brasil.
La planificación
La fiscalía sostuvo que los ejecutores actuaron bajo las órdenes de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán. La cúpula del régimen aprobó el ataque durante una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de agosto de 1993, a partir de una propuesta elaborada previamente por el Comité Vijeh, según se desprende del dictamen de Basso.
La reconstrucción de esas decisiones se logró, entre otras pruebas, a partir de declaraciones testimoniales -entre ellas una del expresidente iraní Abolhassan Bani Sadr- y del caso “Mykonos”, en el que el Tribunal Superior de Berlín, que juzgó el asesinato de disidentes kurdos en Alemania, probó que el comité clandestino funcionaba dentro de las oficinas del líder supremo para tratar asuntos de terrorismo que no podían ser institucionalizados.
En este entramado, la delegación diplomática iraní en Buenos Aires habría funcionado como una red de espionaje donde el consejero cultural Mohsen Rabbani y el tercer secretario Ahmad Reza Asghari recolectaron información sobre el blanco elegido y brindaron asistencia operativa.
Para resguardar a sus funcionarios ante la inminente explosión, el embajador Hadi Soleimanpour abandonó la Argentina el 30 de junio de 1994 tras adelantar inusualmente sus vacaciones, mientras que Asghari partió de manera definitiva el 8 de julio. Todos integran la lista de acusados.
Dado que los imputados se encuentran prófugos en el exterior, el fiscal de la causa AMIA requirió avanzar hacia la etapa de debate oral aplicando la nueva modalidad de juicio en ausencia, algo que deberá decidir el Juzgado Federal N° 6.
